Las principales organizaciones del sector pesquero europeo, así como los representantes de la transformación, comercialización y acuicultura, han elevado su voz ante la Comisión Europea para reclamar ajustes urgentes en el Reglamento de Control de la Pesca. En una carta dirigida al comisario Costas Kadis, han advertido de que la aplicación progresiva de esta nueva normativa está derivando en consecuencias que califican de desproporcionadas para la flota, la cadena comercial y las administraciones nacionales.
El sector ha denunciado que la implantación de la normativa ha supuesto una multiplicación exponencial de tareas administrativas y operativas para los profesionales, sin que exista un beneficio claro en términos de control efectivo. Esta carga, según han señalado, vulnera los principios de proporcionalidad, eficacia y eficiencia esenciales en la normativa comunitaria.
Entre los aspectos que más inquietud generan figura la obligación de declarar las capturas desde cero kilogramos y la exigencia de cumplir rigurosamente el margen de tolerancia, requisitos que consideran inviable satisfacer en el día a día, muy especialmente en las pesquerías mixtas y en los buques de menor tamaño.
Esta rigidez incrementa el riesgo de incurrir en infracciones no intencionadas y, además, puede repercutir negativamente en la seguridad de la navegación. Asimismo, según han expuesto, la norma distorsiona los sistemas de evaluación de riesgos y podría poner en entredicho el acceso a ayudas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).
Retrasos, sobrecostes y alteraciones en la cadena de suministro
Por otra parte, las organizaciones han puesto el foco en las deficiencias técnicas del sistema CATCH IT, que ya están provocando retrasos, sobrecostes y alteraciones en la cadena de suministro. En su configuración actual, sostienen, dicho sistema obliga a los operadores europeos a asumir una carga administrativa excesiva, incluso en aquellos casos en que autoridades y exportadores de terceros países no pueden adaptarse a la herramienta con el mismo grado de homogeneidad.
Las dificultades no se limitan a las cuestiones técnicas. El sector también ha alertado de la inseguridad jurídica que genera la falta de claridad en las responsabilidades y en la cumplimentación de los certificados de captura. Esta ambigüedad contribuye, según su análisis, a que surjan diferencias sustanciales en la aplicación de la norma entre países y a la proliferación de conflictos en los controles.
En la carta, los firmantes solicitan a la Comisión Europea la adopción urgente de medidas técnicas y cambios regulatorios. Sus propuestas incluyen, entre otras, la introducción de tolerancias razonables en las estimaciones que no superen los 100 kilogramos o que pequeños errores técnicos no se consideren infracciones graves.
También abogan por el aplazamiento de la entrada en vigor total del sistema CATCH IT hasta enero de 2027 -permitiendo que convivan los sistemas actuales y digitales-, y el retraso de las obligaciones de trazabilidad digital del artículo 58 al menos hasta 2029 en el caso de los productos del capítulo 03. Además, demandan que las exigencias de información por cada operación de pesca sean realistas y no comprometan la seguridad.
La lucha contra la pesca ilegal, un objetivo común
En el escrito dirigido a Kadis, el sector ha recordado que una política de control sólo puede ser efectiva si las normas son viables, los sistemas están plenamente operativos y las administraciones cuentan con recursos técnicos suficientes. En este sentido, han recalcado que los profesionales del mar no pueden cargar con las consecuencias de deficiencias ajenas, ya sean técnicas o administrativas.
“Compartimos plenamente el objetivo de luchar contra la pesca ilegal y reforzar la trazabilidad, pero no a costa de la seguridad en la mar, la competitividad del sector ni la viabilidad económica de miles de empresas y empleos”, subrayan las organizaciones en la carta enviada al comisario Costas Kadis.
Por último, los representantes del sector han reiterado en su escrito la disposición a colaborar con la Comisión Europea y con los Estados miembros para que la aplicación del Reglamento de Control se lleve a cabo de manera equilibrada, realista y eficaz e insistieron en que este proceso debe garantizar tanto el cumplimiento de los objetivos normativos como la protección del futuro de la pesca y la acuicultura comunitarias.
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