Interior no mejora las indemnizaciones a los guardias civiles que luchan contra los narcos en mar: 150.000 euros si les matan y 100.000 si son heridos

Todo ocurrió el pasado domingo 25 de enero a las 16:00 horas, en un paraje denominado Caño Brazo de la Torre, un antiguo cauce del río Guadalquivir, situado en la zona de las marismas, en concreto en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla). La Guardia Civil sorprende y detiene a cuatro individuos de entre 19 y 36 años que pilotan dos embarcaciones de alta velocidad. Pertenecen a una red de narcos que trabajan metiendo hachís. “En el momento del asalto, los efectivos del Cuerpo son sorprendidos por disparos procedentes por una de las embarcaciones posteriormente aprehendidas, que realizaba maniobras para huir. Los agentes responden con disparos intimidatorios al aire, agua y motores. No se producen heridos por armas de fuego”, señala el resumen interno que la Benemérita hace del suceso.

Un día después, este lunes 26, el alcalde de Pulpí (Almería), Juan Pedro García (PP), subía un video a sus redes sociales reclamado al Gobierno central más medios para la Guardia Civil como medida para frenar la presencia de narcolanchas en las costas del municipio. “Nos encontramos en Honduras”, arrancaba irónicamente García su alocución, mientras mostraba en la grabación las lanchas de los traficantes fondeando tranquilamente a su espalda. Este martes, Europol (el organismo policial europeo) ha publicado un informe alertando de que las redes criminales siguen llenando el mercado de cocaína “con embarcaciones neumáticas semirrígidas (RHIB), equipadas y preparadas para permanecer en alta mar durante largos periodos de tiempo. Al llegar a la costa de Andalucía, utilizan el río Guadalquivir para transportar la cocaína hacia el interior, donde se distribuye. El uso de esta ruta atrae a nuevos actores delictivos a la zona y, con ellos, la capacidad y la disposición a utilizar la violencia para proteger los envíos de cocaína, que a menudo son muy grandes. Por ejemplo, se ha observado a delincuentes armados”.

Más narcos, cada vez más atrevidos y cada vez más violentos, coinciden en señalar fuentes de la Guardia Civil consultadas por Infobae. En este contexto, la Dirección de la Guardia Civil acaba de publicar este domingo una nueva licitación para contratar una póliza de seguro de accidentes para los tripulantes de las embarcaciones del Servicio Marítimo del Cuerpo, la punta de lanza de la lucha contra los narcos en alta mar. El seguro también protegerá el trabajo de los agentes destinados en comisión de servicio en Mauritania y Senegal, en este caso en labores de control de inmigración irregular. La Guardia Civil está dispuesta a pagar 1.434.000 euros al año por este aseguramiento. El problema es que las cantidades que recibirán los guardias que resulten malheridos o fallecidos en acto de servicio no han mejorado en relación con el anterior contrato, adjudicado en febrero de 2024 a la compañía Generali.

Las indemnizaciones no han mejorado, a pesar de que los agentes creen que el riesgo que conlleva su trabajo sí ha aumentado porque los narcos son cada vez más peligrosos. Si un guardia civil muere en acto de servicio, su familia seguirá recibiendo 150.000 euros. En el Cuerpo todavía tienen muy presentes a los dos compañeros que fueron asesinados en Barbate en febrero de 2024, cuando una lancha pilotada por narcos pasó por encima de la embarcación en la que iban los operativos del Servicio Marítimo. Quedar malherido conlleva una indemnización de 150.000 euros por gran invalidez, de 150.000 euros por incapacidad permanente absoluta y de 100.000 euros por incapacidad permanente total. Los daños que puedan causar las embarcaciones del Cuerpo por su trabajo tendrán indemnizaciones máximas de 200.000 euros si causan víctimas y de 10 millones de euros en caso de daños materiales.

397 embarcaciones protegidas

El seguro protegerá a las 397 embarcaciones que actualmente están operativas en el Servicio Marítimo y a todas sus dotaciones. “Constituirán área de navegación, a los efectos del presente contrato de seguro, las aguas jurisdiccionales de España, restantes países europeos, así como del norte y centro de África, aguas internacionales y cualquier vía autorizada a la navegación (ríos, lagos, estanques, pantanos) o vías inusuales, en casos excepcionales, como desbordamientos de ríos, avenidas u otras zonas que por razón de su actividad en auxilios o rescates sea necesario su utilización. También se incluirán las aguas jurisdiccionales de terceros países, cuando se presten servicios análogos, y/o de cooperación, en misiones internacionales”, señala el pliego de condiciones. La Guardia Civil recuerda que desde 2022 el seguro contratado ha tenido que pagar 450.000 euros a tres agentes fallecidos o malheridos; 31.800 heridos por daños a 7 embarcaciones ajenas al Cuerpo y 211.000 euros por 12 accidentes sufridos por barcos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

En caso de fallecimiento, los beneficiarios serán, por orden preferente, el cónyuge no separado legalmente y cada hijo del asegurado, por partes iguales. Luego siguen los padres y otros herederos legales. Como algunos de los agentes asegurados trabajan en embarcaciones destinadas en países africanos, el pliego deja claro que la póliza no cubrirá “cualquier daño, responsabilidad, reclamación, gasto causado, derivado, resultante, que pueda formar parte o que tenga algún tipo de vinculación, ya sea directa o indirecta, con algún tipo de enfermedad contagiosa o bien el temor o amenaza (real o percibida) de una enfermedad contagiosa”. Tampoco cubre daños causados por contaminación radioactiva, química, biológica, bioquímica y armas electromagnéticas”.