Desde lo alto de Canford Cliffs, una de las zonas más exclusivas de Poole (al sur del Reino Unido), se expande un paisaje protegido, frágil, catalogado como Sitio de Especial Interés Científico (SSSI, por sus siglas en inglés) que esconde capas de arena, rocas y fósiles que llevan miles de años ahí. Pero ahora, también es el escenario de una disputa que enfrenta el lujo y la ambición con la conservación.
En febrero de 2021, Bill Buckler, promotor inmobiliario millonario, fue autorizado a talar 28 árboles al final del jardín de su vivienda. El motivo declarado era técnico: prevenir la erosión del acantilado y mejorar el hábitat de la lagartija de arena, una especie rara y protegida en el Reino Unido.
Pero casi de inmediato, el paisaje empezó a transformarse. Donde antes había vegetación, apareció un jardín de diseño, y poco después, las excavadoras. En el borde mismo del acantilado comenzó a tomar forma una piscina infinita acompañada de una sala de jardín de grandes dimensiones. Los vecinos que observaban las obras desde abajo y desde los senderos costeros, empezaron a preguntarse si aquello tenía algo que ver con la conservación.
Y no. Buckler había comprado en 2019 un bungalow de los años sesenta por más de 3,5 millones de euros y desde 2020 desarrolla un proyecto inmobiliario valorado en 11,5 millones, destinado a levantar cuatro viviendas de lujo en el lugar.
Las sospechas del vecindario
La incredulidad se transformó en indignación. Los residentes alertaron de que se estaba construyendo dentro de su SSSI, una zona donde cualquier intervención requiere controles estrictos. Buckler, sin embargo, se mantuvo firme y aseguró que “había estado en contacto con el consejo local y Natural England y que ambos apoyaban sus planes”, según ha informado el medio inglés The Independent.
A principios de 2022, las dudas llegaron oficialmente a Natural England. El organismo recibió informes sobre “trabajos de excavación no autorizados” y envió a sus técnicos al lugar. Las visitas, realizadas en mayo y septiembre, confirmaron lo que muchos temían. Las obras no contaban con autorización y, de haberse solicitado, habrían sido rechazadas. Pese a las advertencias formales, los trabajos continuaron durante meses.
Un daño que ya no tiene marcha atrás
El alcance real de la intervención quedó claro durante el proceso judicial. Bucker había excavado el acantilado para instalar pilares de hormigón subterráneos que sostienen una sala de jardín de unos 18 metros de ancho, con plataforma de observación y balcón en la azotea.
Ante el tribunal, Nick Squirrel, responsable de Natural England, no dejó margen de interpretación: “Las características geológicas en el terreno protegido han sido dañadas permanentemente y no se puede restaurar”. Intentar retirar el hormigón solo empeoraría las cosas. “Quitar todos los pilares crearía inestabilidad en el acantilado y pondría en riesgo a los usuarios de la playa que se encuentra debajo”, añadió.
El pulso judicial
En marzo de 2025 llegó la sanción: 10.147 euros por infringir la Ley de Vida Silvestre y Campo de 1981 y 12.882 euros por costes de cumplimiento. Buckler intentó recurrir, calificando la multa de “desproporcionada y manifiestamente excesiva” y defendiendo que había sido “abierto y cooperativo” con las autoridades. No obstante, el Tribunal Superior fue contundente: “No encontramos nada sustancial en ninguno de los puntos individuales de apelación que hemos examinado… esta es una apelación que notablemente carece de mérito”.
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