El Gobierno ha aprobado hoy un real decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida que contempla indemnizaciones por un total de 20 millones de euros. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado que la mitad de esta cuantía se destinará a ayudas directas, mientras que el resto se corresponde con anticipos de las indemnizaciones de responsabilidad civil.
“No vamos a consentir que pase lo mismo que pasó en Angrois”, ha asegurado Puente. Con este mecanismo, el Gobierno busca evitar “que haya víctimas que estén 10 años esperando a recibir una indemnización” entre los familiares de los 46 fallecidos y las 164 personas que resultaron heridas en el siniestro del pasado domingo 18 en Córdoba y el martes 20 en Barcelona.
En los casos de fallecimiento, las familias recibirán 72.000 euros de ayuda directa y otros 72.000 euros como anticipo del seguro, ambos exentos de impuestos. Además, cuando el seguro obligatorio determine oficialmente cada caso, se sumará una cantidad igual, lo que eleva el total a 210.000 euros por fallecido en un periodo máximo de tres meses.
Para quienes han sufrido lesiones, las ayudas se determinarán en función de la gravedad: los importes parten de 2.400 euros para los daños leves y superan los 84.000 euros para las lesiones más graves. Estas cantidades también estarán exentas de tributación y se duplican con los anticipos, garantizando así que la indemnización sea proporcional al daño sufrido.
Las ayudas se abonarán en un único pago y serán compatibles con las indemnizaciones de los seguros obligatorios. “No se trata de poner precio al dolor, se trata de garantizar que ninguna víctima y ningún familiar tenga que afrontar, además de una tragedia personal, una situación angustiosa económica o de desamparo institucional”, ha señalado Puente.
Nuevo mecanismo inmediato
El Gobierno también ha dado un paso hacia la creación de un sistema permanente que permita responder de manera rápida ante futuros accidentes en el transporte colectivo. El ministro ha adelantado que se pondrán en marcha cambios normativos para establecer un mecanismo estructural de intervención pública que permitirá que el Estado pueda anticipar el pago de una parte de las indemnizaciones por daños personales.
El objetivo, según Puente, es garantizar que la atención a los afectados por siniestros en medios de transporte colectivo sea inmediata y no dependa de la resolución judicial sobre quién debe responder. Una vez aclarada la responsabilidad civil, se ajustarán las obligaciones entre el Estado y quienes resulten responsables del accidente.
Puente no anticipa más ceses
El titular de Transportes también ha descartado por ahora más ceses tras haber destituido a Josep Enric García Alemany y Raúl Míguez, responsables de la gestión ferroviaria en Cataluña, aunque deja abierta la posibilidad de futuras decisiones si las investigaciones detectan errores.
“Me estoy pronunciando en el aire; cuando llegue el momento, veremos a ver si ha habido errores, si no se han sabido detectar…”, ha explicado. La prioridad del Gobierno es ahora esclarecer responsabilidades y restaurar la confianza de los usuarios en el sistema ferroviario, tras una serie de incidentes que han generado preocupación social.
*Con información de agencias
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