La ONU cuestiona que España permita “la participación de los niños menores de 18 años como toreros y como público” en los espectáculos taurinos

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha lanzado una advertencia al país

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El diestro José María Manzanares
El diestro José María Manzanares en el festejo taurino de la Feria de San Isidro, en Madrid. (EFE/ Zipi)

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha lanzado una advertencia a España por permitir la participación y exposición de menores en espectáculos taurinos y actividades de caza con armas de fuego. El escrutinio internacional se endureció tras el reciente examen realizado en Ginebra, donde una delegación española, encabezada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tuvo que responder a las inquietudes planteadas por los expertos del órgano de la ONU.

La preocupación no es nueva. Ya en 2018, el Comité había recomendado a España “la prohibición de la participación de los niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia”, con el objetivo de “prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros”. Siete años después, el organismo internacional insiste en que el país debe avanzar en la protección de la infancia frente a estas prácticas.

Durante el diálogo, la integrante del Comité Suzanne Aho subrayó la contradicción en la legislación española: “Tienen ustedes varios programas de lucha contra la violencia, pero la paradoja es que la legislación [española] no prevé ningún límite para prohibir a los niños que accedan a las plazas de toros o a los centros de formación de tauromaquia”. Para Aho, la violencia inherente a estos espectáculos “tiene mucha influencia en las mentes de los niños”. “Ver tanta sangre, la muerte de tantos animales; temo que esto pueda afectar a su salud mental”, dijo en declaraciones recogidas por Servimedia.

El impacto de la violencia no se limita a la tauromaquia. El Comité abordó también la participación de menores en actividades de caza con armas de fuego, prácticas que definió como “un peligro para la infancia”. Rinchen Chophel, miembro del Comité, fue tajante: “Existe evidencia científica indiscutible que asocia la normalización de la violencia y la exposición de niños a la violencia contra los animales (...)”. Chophel interrogó a la delegación española sobre si el Gobierno prevé prohibir el acceso y la participación de menores en todas las actividades cinegéticas con armas.

Por su parte, Timothy P.T. Ekesa demandó claridad sobre las medidas para “armonizar las normas en las diferentes comunidades autónomas de forma que haya uniformidad frente a la tauromaquia”. Ekesa preguntó: “¿Qué justificación hay para que los niños puedan participar en las corridas o actividades que supongan violencia o un alto riesgo físico?”

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Sólo Baleares prohíbe la asistencia

El contexto legal en España es heterogéneo. Solo la comunidad de Baleares prohíbe a menores de 18 años asistir a plazas de toros, mientras que en otras autonomías existen distintas restricciones. En cuanto a la caza, la normativa vigente permite a los mayores de 14 años el uso de armas de fuego para actividades cinegéticas.

El informe de la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA), presentado ante el Comité, denunció el “persistente incumplimiento” de las recomendaciones internacionales. El documento detalla que “la exposición de niñas y niños —tanto en calidad de asistentes como incluso partícipes— a la violencia de espectáculos taurinos sigue siendo legal e incluso fomentada en España, a pesar de los peligros para la integridad física de los menores y la evidencia científica sobre las negativas repercusiones que la exposición a la violencia tiene en el desarrollo emocional, psicológico de la infancia”.

Por primera vez, la delegación española manifestó la intención de restringir el acceso de menores a espectáculos violentos con animales a través de una reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). La promesa fue recibida con cautela por organizaciones de protección infantil.