“Un fracaso del sistema”: dos niñas huérfanas que vivían con su abuela porque su padre asesinó a su madre son desahuciadas en Madrid por un fondo buitre

A veces el sistema no falla una, sino dos veces. El pasado 14 de enero, dos niñas huérfanas, de 5 y 10 años, y su abuela han sido desahuciadas de su vivienda en el distrito madrileño de Villaverde. Fueron expulsadas de su hogar a pesar de los informes oficiales que confirmaban su situación de extrema vulnerabilidad y pese al contexto personal: la madre de las niñas fue asesinada en 2023 a manos de su pareja, el padre. Desde entonces, la abuela, de 65 años, asumía la tutela con apenas 600 euros mensuales como único sustento que conseguía limpiando casas, una cifra irrisoria para sobrevivir.

El desahucio se realizó con la intervención de la policía, un cerrajero y un procurador, cumpliendo la orden del Juzgado de Primera Instancia número 100 de Madrid, según ha informado Efe. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha explicado que el procedimiento era de tipo hipotecario, iniciado tras una deuda vinculada al piso. El fondo inmobiliario Circleville SL adquirió la deuda a Caixabank y recurrió a la vía judicial para tomar posesión del inmueble.

“Esto es lo más cruel que vas a escuchar en Madrid y te aviso, te va a hervir la sangre”, asegura Jorge Nacarino en un vídeo difundido en redes sociales. “En la calle Dolores, ahí, en Villaverde, el sistema ha fracasado estrepitosamente (...) el contexto es de terror”, asegura. “Estas niñas son huérfanas porque su padre, en 2023, asesinó a su madre en un asesinato machista. Y ahora, un fondo buitre, que compró la deuda al banco, los deja en la calle”, sentencia. Asegura que el juzgado número 100 de Instrucción de Madrid lo sabía. “Y aun así, lo ha permitido. La violencia machista les dejó sin madre y ahora la justicia permite que les dejen sin techo”, relata.

Sin tener en cuenta el informe de vulnerabilidad

Los servicios sociales habían expedido un informe de vulnerabilidad para la familia. Este documento, según las entidades vecinales, debió servir para suspender o al menos retrasar el lanzamiento. Sin embargo, el juzgado prosiguió con el desahucio sin contemplar la situación social. La federación de vecinos también ha denunciado la falta de asistencia jurídica durante el proceso.

Fuentes cercanas a la familia afirmaron a EFE que, en los meses previos, representantes del fondo inmobiliario se presentaron en la vivienda para presionar y acelerar la salida de las menores y su abuela, llegando incluso a ofrecer dinero a cambio de la entrega del inmueble.

Tras el desahucio, la familia ha conseguido alojamiento temporal gracias a su red de amistades. Los vecinos han asegurado que continuarán el acompañamiento y reforzará la denuncia pública de lo ocurrido. Además, la dirección de la FRAVM solicitará un encuentro con el Ministerio de Justicia para discutir lo que considera un fallo grave de las instituciones responsables.

Más de 5.000 en el tercer trimestre de 2025

En España se producen desahucios de forma masiva, y las soluciones siguen llegando tarde o no llegan. Las cifras más recientes del Consejo General del Poder Judicial revelan que la problemática persiste, afectando a miles de familias cada año. Durante el tercer trimestre de 2025, los juzgados ejecutaron 5.053 lanzamientos en todo el país. Un dato que representa apenas un descenso del 4,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Detrás de estos números se encuentran familias que conviven con la incertidumbre constante de perder su hogar. El 74 % de los desahucios, es decir, 3.743 casos, se debieron a impagos de alquiler. Para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) estos datos evidencian que la actual Ley de Arrendamientos Urbanos y la ausencia de una regulación eficaz dejan a los arrendatarios sin protección frente a la presión inmobiliaria.

En paralelo, las ejecuciones hipotecarias experimentaron un aumento significativo, con un 28,5 % más de procedimientos que el año pasado, alcanzando 7.444 casos en el trimestre. El incremento recuerda los peores momentos de la crisis financiera, Cataluña encabeza la lista de ejecuciones hipotecarias, con 2.320 procedimientos, lo que supone el 31 % del total nacional. Le siguen las comunidades de Murcia y Andalucía. Para las entidades sociales, la estadística confirma que el problema de los desahucios sigue sin una solución estructural y que las respuestas institucionales llegan tarde o, directamente, no llegan.