La brecha invisible de la transición energética: el 84% de la energía renovable se produce en la España vaciada, pero sin dejar dinero a esas regiones

La transición energética está transformando por completo el paisaje de la España vaciada. Hoy, alrededor del 84% de la energía renovable del país se produce en zonas rurales, que concentran también gran parte del potencial para seguir creciendo. Aunque estas instalaciones son clave para reducir emisiones contaminantes y prescindir de los combustibles fósiles, los municipios que las acogen no reciben ningún tipo de compensación económica por el impacto que provocan. Mientras, las localidades con centrales nucleares sí cuentan con un sistema reglado de incentivos.

Esta desigualdad, que marca de manera directa la realidad de muchas zonas rurales, es uno de los temas principales del último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). El análisis detalla que las localidades situadas en el entorno de las instalaciones nucleares reciben transferencias económicas anuales a través de un fondo específico, nutrido por tasas estatales pagadas por las propias centrales.

Ese sistema, regulado por normativa estatal, distribuye los fondos en función de la proximidad de cada municipio a la planta y de la población afectada. Existen importes mínimos garantizados y el reparto se ajusta a criterios objetivos, lo que permite a los ayuntamientos planificar inversiones y proyectos para la comunidad.

El impacto invisible de las renovables en el mundo rural

En el caso de las energías renovables, el panorama es completamente distinto. El despliegue de parques eólicos, plantas solares y centrales de biomasa se concentra principalmente en áreas rurales, donde la disponibilidad del suelo y la baja densidad de población han favorecido la instalación de miles de nuevas infraestructuras. Los datos del registro administrativo destacan que, a finales de 2025, existían en España más de 60.000 instalaciones renovables de gran tamaño, distribuidas en cerca de la mitad de los municipios del país.

La llegada masiva de estas plantas supone un impacto directo en el territorio, como la alteración del paisaje, cambios de usos del suelo y, en muchos casos, conflictos sociales o rechazo por parte de la población local. Y el informe de Fedea subraya que la legislación estatal no contempla un sistema homogéneo de compensación para estos municipios, a pesar de que el despliegue renovable afecta a muchas más localidades y ocupa más espacio que las instalaciones nucleares tradicionales.

Algunas regiones protegen y otras dejan atrás a los municipios

Por su parte, algunas comunidades autónomas han desarrollado sus propios fondos o impuestos ambientales para paliar ese vacío. Galicia, por ejemplo, destina al menos la mitad del Fondo de Compensación Ambiental a los municipios donde se ubican los parques eólicos y sus infraestructuras de evacuación. Los ingresos provienen de una tasa específica, calculada en función de la altura total de los aerogeneradores instalados, y se aplican a proyectos de restauración ambiental, eficiencia energética o protección del paisaje.

En la Comunidad Valenciana, el Plan Eólico prevé un fondo de compensación para los municipios afectados, aunque el reparto y la cuantía dependen de acuerdos y regulaciones específicas. En otras regiones, como Castilla-La Mancha o Aragón, los ingresos generados por impuestos ambientales se destinan a fondos generales o a políticas de lucha contra la despoblación, pero no garantizan una transferencia directa a las localidades.

Esta brecha en el acceso a las compensaciones agrava las tensiones sociales en los entornos rurales. El informe de Fedea recoge que la oposición vecinal y el rechazo a nuevos proyectos renovables se ha intensificado, sobre todo en zonas donde no existen mecanismos claros de pagos compensatorios. Aunque la expansión de las renovables puede generar empleo y renta local a través de concesiones o impuestos, la mayor parte de los beneficios económicos van a parar a las empresas promotoras, mientras que los costes sociales y ambientales recaen sobre los municipios.

Copiar el modelo de compensación nuclear para equilibrar

Y la comparación con el modelo nuclear es inevitable. Las zonas que albergan centrales nucleares reciben cada año más de 25 millones de euros, según los informes públicos de Enresa de 2025. Estos fondos se asignan siguiendo criterios establecidos por ley, y las localidades también pueden acceder a recursos extra cuando llega el momento de desmantelar las plantas. Este sistema reconoce de forma explícita el impacto que tienen estas instalaciones en el territorio y en la vida de la comunidad, algo que todavía no se aplica de manera general a los proyectos de energía renovable en la mayor parte del país.

Así, el análisis de Fedea concluye que la transición energética, en su configuración actual, corre el riesgo de hacer más grande la brecha territorial en España si no se llevan a cabo mecanismos de compensación que equilibren los costes y beneficios para los municipios rurales.

Como propuesta, el informe plantea la creación de un fondo estatal, financiado con una parte de los ingresos derivados de las subastas de derechos de emisión de CO₂, para transferir ayudas directas a las localidades más afectadas por el despliegue de energías renovables. La idea sería replicar, con criterios objetivos y transparentes, el modelo de compensación ya vigente para las centrales nucleares, y reforzar la aceptación social de la transición energética en el mundo rural.