De acusados de espionaje contra el régimen de Maduro a marineros y turistas: las historias de los españoles liberados en Venezuela

La liberación confirmada de cinco ciudadanos españoles encarcelados en Venezuela ha permitido poner fin a meses —y en algunos casos más de un año— de incertidumbre para sus familias y para la diplomacia española. Se trata de Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y Rocío San Miguel, cuyos nombres han sido ratificados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España tras el anuncio de un proceso de excarcelaciones por parte de las autoridades chavistas.

Los españoles han podido hablar ya con sus familias desde la residencia del embajador en Caracas y se espera que lleguen a España hacia el mediodía de este viernes.

Las excarcelaciones se enmarcan en el anuncio realizado por el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, quien habló de la puesta en libertad de un “número importante” de presos nacionales y extranjeros como “gesto de paz”. En ese contexto, los cinco españoles confirmados representan los casos más avanzados y verificados hasta el momento.

Dos detenidos como turistas

Los vascos Andrés Martínez Adasme (32 años) y José María Basoa (35) fueron detenidos en septiembre de 2024 en el estado venezolano de Amazonas, donde se encontraban realizando un viaje turístico. Su arresto se produjo pocos días después del controvertido proceso electoral del 28 de julio y estuvo acompañado de acusaciones de extrema gravedad por parte del régimen chavista, que los señaló como supuestos agentes españoles con la misión de atentar contra el entonces presidente Nicolás Maduro.

Las autoridades venezolanas nunca presentaron pruebas públicas que sostuvieran esas imputaciones, rechazadas desde el primer momento por el Gobierno español, que defendió la inocencia de ambos y calificó su detención de arbitraria. Durante su encarcelamiento, Martínez Adasme y Basoa permanecieron recluidos con acceso limitado a comunicaciones y bajo una narrativa oficial que los vinculaba a una supuesta conspiración internacional, mientras sus familias reclamaban su liberación desde España y se multiplicaban las gestiones diplomáticas discretas.

Un marinero atrapado en un conflicto territorial

El tercer español confirmado es Miguel Moreno Dapena (34), marinero y periodista canario. Fue detenido en junio del año pasado tras la captura del buque cazatesoros N35, del que era tripulante, en aguas en litigio entre Venezuela y Guyana. Su arresto se produjo en el marco de la escalada de tensión por el conflicto territorial del Esequibo, que ha servido de contexto para varias actuaciones de las fuerzas venezolanas contra embarcaciones extranjeras.

Moreno fue trasladado a un centro penitenciario cercano a Caracas y su situación judicial quedó durante meses en un limbo, sin avances procesales claros ni fechas, lo que motivó reiteradas protestas de su entorno y un seguimiento constante por parte de la red consular española. Su caso se convirtió en uno de los expedientes prioritarios para el Ministerio de Asuntos Exteriores, ante la ausencia de información precisa sobre los cargos y el estado del procedimiento.

Un caso seguido de forma discreta

El cuarto nombre confirmado es Ernesto Gorbe Cardona (52), valenciano. A diferencia de los anteriores, su detención apenas trascendió públicamente, aunque era conocida por los servicios consulares españoles y por organizaciones de derechos humanos que monitorizan la situación de los presos extranjeros en Venezuela. Su nombre figuraba en los listados de ciudadanos españoles encarcelados por causas políticas o sin garantías procesales plenas.

Las autoridades venezolanas no llegaron a detallar de forma pública los cargos concretos que pesaban sobre él, y su caso se desarrolló con un perfil bajo hasta que su excarcelación ha sido incluida entre las confirmadas por Exteriores.

Un caso emblemático de la sociedad civil

Entre los españoles liberados figura también Rocío San Miguel, abogada, analista en materia de seguridad y una de las voces más reconocidas de la sociedad civil venezolana. Detenida desde febrero de 2024 y recluida en el Helicoide, sede de la policía política del chavismo, su caso había generado una amplia movilización internacional por tratarse de una defensora de derechos humanos con doble nacionalidad española.

Su nombre había sido citado de forma reiterada por organizaciones internacionales y por la diplomacia española como uno de los casos más sensibles, tanto por su perfil público como por la falta de información judicial detallada sobre las acusaciones que pesaban sobre ella.

Otros casos aún pendientes

A la espera de confirmación oficial dentro del proceso anunciado, varios hispanovenezolanos con vínculos familiares o personales con España todavía permanecen encarcelados. Sus nombres han aparecido en informaciones previas pero no han sido ratificados como liberados: Alejandro González (59), exmilitar y gerente aeronáutico vinculado a la petrolera estadounidense Chevron; el estudiante Fernando Noya (33); y el empresario Uaiparu Guerere (70), residente durante años en Barcelona y detenido en 2023 cuando regresó a Venezuela para cerrar asuntos empresariales.

Según ha reconocido el propio Gobierno español en respuestas parlamentarias y de acuerdo con estimaciones de organizaciones como Foro Penal, en Venezuela había antes de este proceso entre 14 y 20 personas con nacionalidad española o doble nacionalidad detenidas de manera arbitraria, la mayoría de ellas sin causas judiciales transparentes y en muchos casos sin que sus identidades hayan trascendido públicamente por razones de seguridad o estrategia diplomática.