La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón denunció este viernes que la activista venezolana Rocío San Miguel, detenida por el régimen de Nicolás Maduro desde febrero de 2024, no ha recibido atención médica especializada por una fractura en el hombro que sufrió hace más de siete meses, lo que constituye una “grave violación a sus derechos humanos”, según expresó la ONG en una publicación en la red social X.
“A pesar de la gravedad de esta lesión, no ha recibido atención médica especializada, lo cual pone en riesgo su salud física y emocional, y puede ocasionarle secuelas irreversibles”, advirtió la organización.
La ONG agregó que esta situación vulnera los derechos fundamentales de San Miguel, en especial el “derecho a la salud, a la integridad personal y a condiciones dignas de detención”, de acuerdo con los estándares internacionales.
Además de la denuncia sobre la falta de atención médica, Justicia, Encuentro y Perdón destacó que el proceso judicial contra San Miguel presenta “un retardo procesal inadmisible”, al señalar que su audiencia de juicio ha sido diferida en cuatro ocasiones, con intervalos de casi dos meses entre cada aplazamiento.
La audiencia más reciente, prevista para el 31 de marzo, fue postergada hasta el 26 de mayo por “falta de traslado” al tribunal, según declaró a la agencia EFE Martha Tineo, coordinadora general de la organización. Ante esta situación, la ONG exigió la liberación “inmediata y sin condiciones” de San Miguel, quien preside la organización Control Ciudadano.
En diciembre de 2023, el abogado Juan González Taguaruco explicó a EFE que su defendida sufrió la fractura tras una caída provocada por un mareo relacionado con un cuadro de laberintitis que “no fue debidamente atendida”. Desde entonces, aseguró, la activista manifestaba dolores constantes y solo recibía tratamiento con analgésicos.
San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar junto a su hija. La Fiscalía del régimen la acusa de estar presuntamente vinculada con una “trama conspirativa” destinada a “atentar” contra el dictador Nicolás Maduro y altos funcionarios del Estado.
El fiscal general Tarek William Saab afirmó que San Miguel “entregó información” sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a representantes de otras tres legaciones extranjeras que no identificó.
Una ONG advirtió que en Venezuela hay 121 mujeres presas por motivos políticos
La organización no gubernamental Provea advirtió este sábado, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que el régimen de Nicolás Maduro mantiene a 121 mujeres detenidas por motivos políticos, dentro del total de 1.060 presos políticos registrados por la organización Foro Penal.
“En Venezuela, la crisis y la emergencia humanitaria golpean a las mujeres: salarios de hambre, precarización y miedo. Mientras tanto, 121 mujeres siguen injustamente presas por motivos políticos”, denunció Provea a través de una publicación en sus redes sociales.
(Con información de EFE)
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