47 menores han muerto por ahogamiento en las playas y zonas de baño de España en 2025

El año 2025 ha cerrado en España con 472 personas fallecidas por ahogamiento no intencional en espacios acuáticos, un registro que, según el Informe Nacional de Ahogamientos (INA) elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), supera la cifra de 2024 y sitúa el ejercicio como el segundo peor de la serie histórica, solo precedido por 2017. Además, diciembre de 2025 ha sido especialmente preocupante, al convertirse en el mes con mayor número de víctimas mortales de toda la década, con 31 muertes. Este dato indica que el riesgo de ahogamiento permanece activo durante todo el año y no se reduce a la temporada estival.

El balance acumulado a lo largo de los once años de seguimiento supera las 4.600 muertes por ahogamiento en el ámbito nacional, consolidando esta causa como un problema de salud pública persistente, tal y como ha señalado la RFESS en su ‘Informe Nacional de Ahogamientos’ (INA) publicado este lunes.

Andalucía y Canarias encabezan el número de fallecimientos

Por tercer año consecutivo, Andalucía ha sido la comunidad autónoma con mayor número de personas fallecidas por ahogamiento, con 81 muertes registradas durante 2025. Este aumento, que supone nueve muertes más que en 2024 y trece más que en 2023, confirma una tendencia ascendente en la región. Canarias, que en 2024 ocupaba el tercer lugar, ha ascendido en 2025 al segundo puesto nacional con 75 fallecidos, incrementando en 12 las cifras del año anterior. En cuanto a la Comunidad Valenciana, los ahogamientos han sumado 65, dos más que en el ejercicio previo.

Entre las comunidades con menor incidencia se encuentran Aragón (seis), Comunidad de Madrid (cinco), Navarra y La Rioja (cuatro en cada caso), Extremadura (tres) y Melilla (una). En Ceuta, la RFESS no tiene constancia de ningún fallecimiento por esta causa durante 2025.

4 de cada 5 víctimas son hombres

El análisis de los perfiles revela un desequilibrio marcado entre géneros: los hombres siguen constituyendo la mayoría de los fallecidos, con 384 casos (81,5 %), frente a 88 mujeres (18,5 %). Por nacionalidad, 392 de las personas muertas eran españolas, seguidas de 56 europeas, 15 americanas, cuatro asiáticas y cuatro africanas, según detalla el informe.

Las playas son el escenario más frecuente de los ahogamientos mortales, acumulando 241 víctimas, más de la mitad del total anual. El resto de muertes se ha producido en ríos (88), piscinas (49) y otros espacios acuáticos como embalses, canales o puertos, donde se han contabilizado 94 fallecimientos.

La mitad de las muertes se produjeron en espacios sin vigilancia

La ausencia de vigilancia ha tenido un peso significativo. Según los datos de la RFESS, 220 muertes ocurrieron en lugares sin socorristas, 200 en espacios que carecían de vigilancia activa en el momento del incidente, y únicamente 52 en zonas donde existía presencia de profesionales en activo. Estas cifras refuerzan el argumento a favor de ampliar los horarios, temporadas y recursos humanos dedicados a la prevención.

Casi 50 menores fallecidos

El grueso de los ahogamientos mortales se ha concentrado en personas mayores de 45 años, un patrón vinculado, según la Federación, a “factores de salud, exceso de confianza y exposición prolongada al medio acuático”. La mayor incidencia corresponde a personas entre 65 y 74 años, seguidas por los mayores de 75 y el grupo de 45 a 64 años.

A pesar de la menor proporción, el informe destaca que 47 menores de edad han fallecido ahogados en 2025, lo que representa cerca del 10 % del total. La vulnerabilidad de adolescentes y niños pequeños ante este tipo de tragedias subraya, a jucio del organismo, la imperiosa necesidad de vigilancia continua y una educación preventiva desde edades tempranas.

La RFESS ha insistido en la importancia de la prevención como herramienta fundamental para revertir la tendencia. Considera que muchas de las muertes podrían evitarse mediante una mayor concienciación social sobre el riesgo, una presencia profesional adecuada y el refuerzo de políticas públicas de seguridad acuática durante todo el año, no solo los meses veraniegos.