Un hombre alquila un bar, descubre que la canalización de aguas fecales no funciona y la casera se niega a devolverle la fianza de 14.000 euros: gana el juicio

El tribunal ha señalado que, al no haberse acreditado daños imputables al arrendatario ni impagos de renta, no existe motivo para retener ese dinero

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Pamplona ha sido elegida la
Pamplona ha sido elegida la ciudad más saludable de España. (AdobeStock)

El olor a humedad y la amenaza constante de las aguas fecales marcaron el día a día de este hombre que en 2020 alquiló un bar restaurante en Pamplona. Pero lo que comenzó como la ilusión de un negocio propio se transformó pronto en una lucha por mantener abierto el local ante los problemas estructurales que nunca parecían resolverse. Desde el primer momento, el local sufrió averías graves en la fontanería y filtraciones de aguas residuales, lo que hizo imposible cumplir con los requisitos sanitarios exigidos por el Ayuntamiento y provocó el cierre continuado del establecimiento.

Ahora, la Audiencia Provincial de Navarra ha fallado a favor del hombre, obligando a la propietaria a devolverle los 14.000 euros de fianza que había entregado al firmar el contrato en enero de 2020, y que esta se negaba a dar. La sentencia reconoce que la arrendadora no cumplió con su obligación de garantizar un local en condiciones, y que las graves deficiencias —en especial las relacionadas con la canalización de aguas fecales y humedades persistentes— impidieron la explotación normal del negocio.

Los orígenes del conflicto se remontan a la firma del contrato el 1 de enero de 2020. El hombre y la casera pactaron el arrendamiento del bar restaurante, con una renta mensual de 1.300 euros y una fianza de 14.000 euros. Pero desde el inicio, detectó problemas de fontanería y filtraciones que, lejos de ser incidentes puntuales, se transformaron en una constante. Diciembre de 2020 fue un punto de inflexión: ambas partes reconocieron las averías en las conducciones del local, pero las reparaciones fueron parciales o insuficientes. Los informes del Ayuntamiento de Pamplona y varios peritajes acreditaron la persistencia de humedades y de graves deficiencias que afectaban a la canalización de aguas fecales. La situación se agravó hasta llevar al el cierre del establecimiento, ante la imposibilidad de cumplir con los requisitos sanitarios municipales.

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El bar nunca pudo reabrir

La tensión entre arrendador y arrendatario derivó en un cruce de demandas. La casera alegó impagos y daños, mientras que el inquilino reclamó la rescisión del contrato y la devolución de la fianza, respaldado por una sentencia previa que le eximía del pago de rentas debido a los incumplimientos de la arrendadora. Las reparaciones llevadas a cabo por la propiedad resultaron insuficientes: nunca se aportó el certificado técnico que acreditara la subsanación definitiva de las deficiencias, lo que impidió reabrir el bar y reactivar la actividad. La comunidad de propietarios intervino en varias ocasiones para tratar de resolver las bajantes, pero el problema de las aguas residuales nunca quedó completamente solucionado.

Tras la sentencia de primera instancia, dictada en octubre de 2023, que reconoció la rescisión del contrato pero denegó la devolución de la fianza, el hombre presentó recurso. Y ahora, la Audiencia Provincial de Navarra ha estimado su apelación y ordenado la devolución íntegra de los 14.000 euros entregados como garantía. El tribunal ha subrayado que, al no haberse acreditado daños imputables al arrendatario ni impagos de renta no existe motivo para retener la fianza después de la rescisión contractual.