El ministerio de Igualdad, que tiene 13 asesores, paga a la universidad Carlos III para que le diga cómo está la legislación europea en materia de prostitución

El ministerio de Igualdad que dirige Ana Redondo ha encargado a la Universidad Carlos III un informe para que le diga cómo está la legislación europea en materia de explotación sexual. Y eso que según el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (de julio de 2025) este departamento del Gobierno tiene 13 asesores y 166 funcionarios. En un contrato menor adjudicado el pasado 19 de diciembre, Igualdad pagará 14.700 euros a este centro universitario madrileño por este trabajo. Pedro Sánchez ha prometido en varias ocasiones abolir la prostitución en España tras denunciar que esta práctica “esclaviza” a las mujeres, compromiso que todavía no se ha alcanzado.

Llama la atención que con un equipo de asesores tan nutrido como el que tiene Igualdad se encargue a un departamento exterior la realización de este trabajo. Al tratarse de un contrato menor, la documentación subida al perfil del contratante del ministerio es escasa. No hay memoria justificativa. Igualdad solo señala que “el objeto del presente contrato es realizar una revisión e informe de la legislación de la Unión Europea sobre explotación sexual, así como de los itinerarios asistenciales y laborales existentes para personas que han sido explotadas sexualmente. Ha de incluir también todo aquello que tenga que ver con las cuestiones vinculadas al ámbito digital, revisando si existe algún tipo de acercamiento o desarrollo normativo al respecto. Como resultado de esta revisión, se elaborará un informe técnico sobre el estado de la legislación actual en España en materia de explotación sexual, estableciendo las líneas clave sobre qué reformas son necesarias para alcanzar un marco jurídico similar al sueco y el francés".

Desde 1999 Suecia trata la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres. Penaliza a los hombres que las explotan comprando servicios sexuales con penas de un año de cárcel que se evita con el pago de una multa, y deja a las prostitutas, la parte débil, en libertad. Las trata como víctimas que, sometidas a violencia de género. Varios organismos las ayudan a integrarse y, en muchos casos, a superar la drogodependencia. Francia, por su parte, ilegalizó en 1946 los prostíbulos y en 2016 aprobó una ley que penaliza al cliente (el comprador de sexo) y descriminaliza a la persona prostituida. Una normativa, la gala, que fue validada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en 2024.

En España, los sucesivos Gobiernos de Pedro Sánchez cimentados en varias coaliciones, han intentado, sin éxito, aprobar una ley que prohíba la prostitución. Tras varios anuncios (el PSOE lo incluyó por primera vez en su programa electoral de 2015) el Ejecutivo ha intentado en dos ocasiones aprobar una legislación contra el proxenetismo. La primera en 2022, cuando el PSOE intentó incluir en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (Ley del ‘solo sí es sí’) una enmienda para abolir la prostitución y la tercería locativa (facilitar y lucrarse de la prostitución permitiendo que se ejerza en pisos o locales) que tuvo que ser retirada para que la aprobación de la ley principal no peligrase. El segundo fracaso fue en mayo de 2024. Aquel texto solo alcanzó el apoyo de los representantes del PSOE, de BNG, de Coalición Canaria y de UPN. La Cámara rechazó la toma en consideración del texto, que recibió el voto en contra del PP, de Sumar, de ERC, de Junts, de PNV y de Bildu. Es decir, se alinearon con el PP casi todos los socios del Gobierno. Por su parte, Vox y Podemos optaron por abstenerse.

Los audios de Ábalos y Koldo

Sumar votó en contra por considerar que condenaba “a mayor precariedad” a las mujeres que dejarían la prostitución. El grupo de Yolanda Díaz describió la propuesta del PSOE como “punitivista, que castiga y persigue a las prostitutas”, sin “abordar soluciones estructurales” para las mujeres. Porque la prostitución, hasta ahora, divide a los partidos entre quienes abogan por la abolición sin ambages y quienes la entienden como trabajo sexual. En julio de 2025, Sánchez volvió a anunciar otra vez que intentaría consensuar otro texto legislativo, entre las críticas de toda la oposición después de que se conocieran los audios que desvelaron las conversaciones entre José Luis Ábalos, exsecretario de organización del PSOE, y su asesor, Koldo García, hablando de prostitutas como si estuviesen hablando de cromos.

El informe encargado ahora a la universidad Carlos III incide en el “ámbito digital” porque Igualdad es consciente de que la prostitución ha ido migrando a entornos digitales. Muchas mujeres ejercen la prostitución (la mayoría obligadas) en pisos o locales difíciles de identificar, y el canal por el que muchas veces se llega hasta ellos está en Internet, un canal que es muy complicado identificar y perseguir jurídicamente. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género elaboró y publicó en 2024 un estudio que analizó más de 654.000 anuncios de prostitución en internet, estimando que al menos 114.576 mujeres mayores de edad están en situación de prostitución en España.