
Este verano, España se enfrentó a uno de los efectos más devastadores del cambio climático. En una oleada de incendios que recorrió el país de norte a sur y de este a oeste, miles de hectáreas quedaron arrasadas por las llamas, llevándose por delante viviendas, cultivos y vidas.
Según los datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que contemplan las cifras hasta el 30 de noviembre, la superficie forestal afectada es aproximadamente de 351.000 hectáreas. De esta manera, el 2025 se convertiría en el año con la cifra más alta desde 1994, cuando ardieron 437.602 hectáreas.
También las inundaciones han sido, lamentablemente, protagonistas durante los últimos meses. Con el recuerdo de la DANA de Valencia todavía muy presente, en diversas zonas del país las cuantiosas precipitaciones han puesto a prueba el modelo urbanístico español en cuanto a planificación, ubicación y diseño de las edificaciones en zonas expuestas al riesgo hidrológico; también la capacidad de los sistemas de detección temprana, la coordinación de los servicios de emergencia y la eficacia de los protocolos de aviso a la población.

Ante esta situación, se plantea la necesidad de comenzar a implementar medidas que permitan prepararnos para los eventos extremos del cambio climático que seguirá sufriendo España en las siguientes décadas, debido principalmente a su ubicación geográfica. Así, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a mediados de agosto, en plena oleada de incendios forestales, la propuesta de un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.
Cuatro meses después, el pasado miércoles se presentó el texto enriquecido de aquel documento, tras haber recibido casi 3.900 aportaciones de administraciones, organizaciones y particulares a través del proceso de participación ciudadana abierto en septiembre. Ahora queda, quizá, una de las tareas más complicadas, dada la situación actual de fragmentación política y ausencia de consensos: que el resto de los grupos parlamentarios lo apoyen.
Algunos de los ejes más importantes del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática se centran, de hecho, en estos episodios cada vez más frecuentes y virulentos en nuestro país. “Aún estamos a tiempo de reducir su escala y mitigar sus peores consecuencias sociales, económicos y ambientales”, señala el documento del Gobierno de España.

El fuego: cómo prevenirlo y recuperar los terrenos afectados
El segundo eje del pacto climático se centra en la “extensión de un modelo de gestión forestal del siglo XXI, adaptado a la realidad climática, territorial y económica”. Para ello, se plantean seis propuestas, entre las que destaca fundamentalmente la idea de la anticipación y prevención de estos eventos.
A través de quemas prescritas, el uso planificado del fuego de baja intensidad, la ganadería extensiva, el pastoreo y la innovación en tecnologías y maquinaria para trabajos forestales se llevaría a cabo una gestión activa.
También la extensión del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales o el establecimiento de incentivos por servicios ecosistémicos para el sector. Uno de los puntos clave del documento es la organización de la biodiversidad en el territorio: se plantea un paisaje forestal multifuncional mediante, por ejemplo, la ordenación en mosaico y los corredores ecológicos.

Las reforestaciones son muy importantes para recuperar los terrenos arrasados por las llamas, pero esto también debe hacerse desde la innovación y la funcionalidad, utilizando especies resilientes al fuego y protegiendo los suelos.
Además, uno de los motivos que provocan que los incendios ganen fuerza y acaben quemando muchas hectáreas es la falta de vigilancia del terreno. La escasez de personal y la despoblación de los pueblos desemboca en una gestión forestal menos eficaz. Así, se plantea un modelo de gobernanza participativa y colaborativa.
Inundaciones: un ejemplo de la importancia de limitar el uso del suelo
“El agua es el vector más visible de la emergencia climática en España, con sequías prolongadas, precipitaciones e inundaciones más extremas, agotamiento de acuíferos y conflictos territoriales”, señala el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.
Con respecto a las inundaciones, el documento propone desarrollar una planificación hidrológica para una gestión eficiente, segura y sostenible de los recursos hídricos y del riesgo de estos eventos extremos. También deben reducirse esta amenaza en las zonas inundables limitando el uso del suelo y edificaciones. Para ello, se propone incluir los criterios de resiliencia hídrica y climática en todas las licitaciones públicas de infraestructura a través de mapas de riesgo.
El Pacto incluye, además, medidas frente al calor extremo, la desinformación climática o la pérdida de la biodiversidad. “Proteger el clima no es un capricho ideológico, aunque haya una contienda política detrás”, señaló Sánchez el pasado miércoles. “Significa reducir daños futuros, evitar pérdidas millonarias; salvar vidas; proteger nuestra rica biodiversidad, que es única en el mundo, y reforzar nuestra seguridad colectiva”.
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