El cierre de la Vuelta Ciclista a España 2025 será recordado como uno de los episodios más convulsos en la época reciente del deporte español. Fueron semanas de tensión, protestas desde Bilbao a Madrid. Semanas de tensión, protestas desde Bilbao a Madrid y una jornada de 22 policías heridos han hecho que el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid haya abierto diligencias contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín.
El motivo: la gestión del dispositivo policial desplegado en la última etapa de la pasada edición el 14 de septiembre. Según informan fuentes jurídicas a EFE, la jueza Luisa María Prieto Ramírez investiga un posible delito de lesiones por imprudencia, tras la denuncia presentada por el autodenominado sindicato Manos Limpias. El procedimiento se encuentra, por ahora, en una fase “muy embrionaria”.
22 policías heridos y casi cien personas identificadas
La tarde del 14 de septiembre, Madrid fue el escenario de una multitudinaria movilización en apoyo a la población palestina. Las protestas derivaron en 22 agentes heridos de carácter leve y la identificación de 97 manifestantes, de los cuales cuatro tenían antecedentes previos por desórdenes públicos y otros siete por otros delitos.
La tensión iba creciendo según avanzaba la carrera. Los puntos clave como Atocha, Gran Vía o Cibeles fueron bloqueados por grupos propalestinos, que no dejaron pasar al pelotón. Las imágenes de ciclistas prácticamente inmovilizados a la altura de San Sebastián de los Reyes dieron la vuelta al mundo.
Pese a las cargas y contra-cargas producidas, la entonces portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, defendió que la movilización fue “mayoritariamente pacífica”, elogiando además la “magnífica profesionalidad” del dispositivo policial.
21 días de tensión: desde Bilbao hasta Madrid
El caos final en Madrid fue el punto culminante de 21 días marcados por bloqueos y reivindicaciones propalestinas. Desde el inicio de la carrera, la presencia del equipo Israel Premier Tech aglutinó protestas crecientes en distintos países del recorrido, especialmente tras la denuncia de más de 65.000 palestinos muertos en Gaza.
La chispa saltó en Figueres (Cataluña), donde apenas cinco manifestantes lograron detener durante unos minutos la etapa 5. Seis días después, una nueva protesta en Bilbao provocó la caída de las vallas de seguridad en la recta final, obligando a la organización a anular los tiempos de los últimos kilómetros y declarar la etapa sin vencedor oficial.
En Galicia, un árbol talado sobre la carretera obligó a modificar la línea de meta ocho kilómetros antes de lo previsto. La organización, visiblemente tensa, empezó a admitir su incapacidad para garantizar el normal desarrollo de la competición.
La gota que colmó el vaso llegó en Madrid. A 50 kilómetros de la meta prevista, la etapa final fue cancelada por motivos de seguridad, una decisión sin precedentes en una gran vuelta de ciclismo por causas políticas. Los manifestantes, movilizados bajo el lema “Por genocida, Israel fuera de la Vuelta”, colapsaron el centro de la capital.
La suspensión de la etapa desató una ola de reacciones institucionales. Desde Israel, el ministro de Exteriores, Gideon Saar, acusó directamente a al presidente del Gobierno español: “Sánchez y su Gobierno ¡Vergüenza para España!”. En respuesta, varios ministros y el propio Pedro Sánchez apoyaron el carácter “humanitario” de las protestas.
Por su parte, la oposición denunció que el Gobierno había “alentado” dichas manifestaciones. Feijóo de “ridículo internacional”, mientras el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, apuntaron a Sánchez como “responsable directo” del caos.
Entre tanto, ciclistas como Jonas Vingegaard, ganador de la general, lamentaron perder “un momento eterno”. “Todos tienen derecho a protestar, pero no poniendo en peligro nuestra carrera”, declaró.
*Con información de EFE
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