Combatir la okupación, bajar impuestos y priorizar a los españoles: las propuestas de Vox en vivienda para las elecciones de Extremadura

Este domingo Extremadura acudirá a las urnas para decidir quién será el nuevo presidente o presidenta de la comunidad autónoma. Según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la actual gobernante, María Guardiola (PP), parte con una clara ventaja, pero necesitaría, otra vez, el apoyo de Vox para formar gobierno, como ocurrió en las elecciones de 2023.

Aunque en aquellas elecciones el PSOE fue el partido más votado, el empate de escaños con el PP dejó la formación del gobierno en manos de Vox. Pese a que Guardiola aseguró que no pactaría con un partido que niega la violencia machista tuvo que recurrir a los de extrema derecha para formar gobierno, otorgándoles la consejería de la Gestión Forestal y Mundo Rural.

El pacto entre los azules y los de Abascal se rompió en julio de 2024, en todas las comunidades, lo que derivó que Guardiola anunciara en octubre de 2025 la disolución de la Junta y la convocatoria de elecciones. Para estos comicios, Vox centra sus medidas para combatir la crisis de vivienda en habilitar más suelo, reducir impuestos, combatir la okupación y priorizar el acceso de españoles frente a los inmigrantes irregulares.

“Una emergencia habitacional sin precedente”

Las propuestas del partido para combatir lo que llaman una “emergencia habitacional sin precedente” en la región se basan en una radiografía de la vivienda extremeña, con “una oferta en caída libre y precios de alquiler disparados, especialmente en la provincia de Cáceres. Extremadura está entre las regiones con un stock ‘nulo’ de vivienda nueva disponible a cierre de 2024”, lo que dificulta enormemente el acceso a una vivienda digna, especialmente para los jóvenes.

La formación, que acudirá a las elecciones con Óscar Fernández Calle, presidente de la formación en Cáceres desde 2019, como cabeza de lista, atribuye la crisis de la vivienda a una combinación de factores: “ausencia de casas, inmigración masiva, precios desorbitados, sueldos irrisorios, trabajos inestables, especulación inmobiliaria, escasez de vivienda pública, impuestos y burocracia excesivos y corrupción política”.

Según Vox, el resultado de “décadas de legislaciones fallidas” es que las personas jóvenes y asalariadas que alquilan en solitario en la región tengan que destinar el 61,4% de su salario neto mensual para acceder a una vivienda, llegando a alcanzar, entre los jóvenes de 16 a 24 años el 83,7%. Esto -señalan- afecta a la tasa de emancipación juvenil, que en Extremadura es del 13,5%, con una caída de 1,29 puntos respecto al año anterior.

Combatir la okupación y la compra extranjera

Entre las distintas propuestas de los de Abascal, cabe destacar la “tolerancia cero” con la okupación: “Impulsaremos políticas activas de lucha contra la okupación ilegal, procediendo a la expulsión inmediata en 24 horas, con especial atención a las unidades okupadas del parque de vivienda social”. Además, el partido detalla que excluirán a quienes previamente hayan okupado ilegalmente una propiedad de la posibilidad de recibir una vivienda social y crearán un registro de datos históricos de las zonas afectadas por la okupación ilegal.

Sobre la adjudicación de vivienda protegida, Vox establecerá la “prioridad nacional” en el acceso, situando “el arraigo y el acumulado histórico de años de la familia en España” como principales criterios de asignación de viviendas, y se compromete a “prohibir el arrendamiento a inmigrantes ilegales y perseguir el empadronamiento fraudulento de los inmigrantes ilegales y de los okupas”.

En la misma línea, el partido alerta de que, desde 2018, el crecimiento de la compra de viviendas libres por parte de los extranjeros es del 12,8%, el doble que los españoles. Por ello, proponen “atajar la adquisición masiva de vivienda por capital extranjero, estableciendo una fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios. La recaudación resultante se destinará a bonificaciones y exenciones fiscales para la compra de vivienda por parte de españoles, y a la construcción de vivienda protegida”.

Respecto a los pisos turísticos, Vox quiere “preservar los derechos de los vecinos residentes y poner fin a un modelo turístico poco respetuoso que está contribuyendo a la degradación de nuestros barrios y a la expulsión de los vecinos de sus hogares”, para ello, el partido propone reforzar el servicio de inspección de los pisos turísticos ilegales.

Reducir impuestos y ayudar a jóvenes y familias

En materia impositiva, el partido señala en su programa electoral que “el 30% del precio de la vivienda son impuestos”, por lo que propone revisar y rebajar todos los tributos y cargas involucradas en el proceso edificatorio. De manera concreta, destaca la reducción del tipo general del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados del 1,5% al 0,5% y la aplicación de bonificaciones del 100% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de vivienda habitual, o en su defecto, el diferimiento del pago del impuesto.

Así mismo, para facilitar la financiación para la compra de vivienda, la formación impulsará avales públicos y créditos blandos para parejas jóvenes -vinculados al número de hijos-. Además, propone “inundar Extremadura de bloques de vivienda protegida para las familias españolas”, mediante diversas fórmulas de colaboración público-privada, como cesiones de suelo, subvenciones, descuentos, avales públicos y créditos blandos. Estas medidas se centran especialmente en los jóvenes y las familias con hijos.

Ampliar el suelo y el parque de vivienda social

Sobre el terreno disponible para la construcción, Vox propone “poner fin al secuestro de suelo por parte de las Administraciones Públicas para el beneficio de los partidos y de políticos corruptos, asegurando un correcto, ágil y armónico desarrollo urbanístico en toda España, comenzando por Extremadura” y se compromete a liberar todo el suelo “que no esté o no deba estar protegido, especialmente por motivos de interés ambiental, paisajístico, productivo o de Defensa Nacional.

Actualmente, según Vox, las viviendas de promoción pública que están siendo gestionadas por la comunidad autónoma en régimen de alquiler ascienden a 13.079, siendo la población total 1.053.410 habitantes. Es decir, una vivienda por cada 80 habitantes. Por ello, proponen impulsar planes de inspección y rehabilitación del parque de vivienda social y habilitar “una plataforma auditada de peticiones” para que, manteniendo la SAREB la titularidad, los ayuntamientos puedan solicitarle la cesión temporal, en función de la demanda y las necesidades habitacionales.

Por último, respecto al mundo rural, proponen “reindustrializar y revitalizar la vida en cabezas de comarca, pequeñas y medianas ciudades y mundo rural” con servicios, infraestructuras, comunicaciones, trabajo y ocio para “devolver oportunidades a Extremadura, terminando con la pena de destierro que sufren los jóvenes”.

De cara al domingo 21 de diciembre, se espera que el partido de Abascal, con Fernández Calle a la cabeza, duplique los resultados de la última elección, moviéndose entre diez y 12 escaños, lo que dejaría nuevamente a Guardiola (PP) en la tesitura de volver a pactar con ellos para conservar la gobernanza de Extremadura.