Las relaciones diplomáticas entre España y Estados Unidos han estado marcadas en este 2025 por el distanciamiento y la cautela mutua. La postura del Gobierno español en asuntos como el reconocimiento a Palestina y su rechazo a incrementar el presupuesto de Defensa hasta el 5% del PIB, junto con la vinculación con empresas tecnológicas chinas y la ausencia de gestos hacia la Casa Blanca han provocado el deterioro en los contactos bilaterales desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
Por su parte, desde Washington se han intensificado las acciones contra la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Según los principales medios de ese país, en Estados Unidos no se descarta una intervención de alcance limitado -calificada en ambientes políticos como “quirúrgica” -, cuyo desarrollo dependería de la reacción del Gobierno de Caracas. Recientemente, durante una comparecencia en la Casa Blanca, Trump respondió a una pregunta sobre el posible uso de la fuerza en Venezuela con la frase: “Simplemente, vamos a matar a las personas que están trayendo drogas a nuestro país”.
En la última reunión de su Gabinete, reiteró que evitaría la guerra convencional, aunque no así el empezar “con los ataques por tierra. Será mucho más fácil así” cumplir con su objetivo expreso de “cargarnos a esos hijos de puta”, siendo estos quienes, de acuerdo con su administración, participan o protegen el tráfico de drogas.
Zapatero como vínculo internacional de Maduro
Ya en 2021, Hugo ‘el Pollo’ Carvajal - exjefe de la inteligencia venezolana y considerado por la justicia estadounidense una pieza central en lo que llaman “régimen narcoterrorista” de Nicolás Maduro - comparecía ante la Audiencia Nacional española tras ser detenido en Madrid, colaborando con la Justicia en un esfuerzo por evitar su extradición a los Estados Unidos (lo que finalmente sucedió en 2023), y habló sobre presuntos vínculos entre la política española y Maduro.
Años más tarde, en plena escalada de la tensión entre los EEUU y Venezuela, varios medios españoles han hecho eco de supuestos informes internos estadounidenses que identifican a José Luis Rodríguez Zapatero - expresidente del Gobierno español - como uno de los principales apoyos internacionales del Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, junto a Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.
En septiembre, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, sugirió públicamente retirarle a Zapatero el visado de entrada a Estados Unidos, en un mensaje en redes sociales. En su publicación, colocó a Zapatero al nivel de cargos chavistas y familiares del entorno de Maduro sancionados por Washington.
El foco sobre Venezuela se intensificó tras el anuncio de futuras revelaciones del exjefe de inteligencia Hugo ‘El Pollo’ Carvajal. El exmilitar, actualmente en prisión en EEUU, ha manifestado su intención de entregar información detallada a la Fiscalía estadounidense sobre presuntas redes de corrupción donde, supuestamente, aparecerían mencionados altos exfuncionarios españoles.
Esta revelación se acompaña de un documento que Carvajal habría remitido al presidente Trump, describiendo la estructura del llamado “Cártel de los Soles”, una organización que, según su testimonio, habría gestionado tráfico masivo de cocaína, influencia política internacional y vínculos directos con servicios de inteligencia extranjeros.
El contrato con Huawei
Otra fuente de desencuentros entre el Ejecutivo de Trump y el Gobierno de Pedro Sánchez fue la adjudicación de un contrato por parte del Ministerio del Interior español a la empresa china Huawei, valorado en 12,3 millones de euros, para gestionar las escuchas telefónicas con autorización judicial de las fuerzas policiales.
Ante el riesgo de que información sensible pudiera llegar a China, los presidentes de los comités de inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes, Tom Cotton y Rick Crawford, remitieron una carta a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, solicitando una revisión de los acuerdos bilaterales de intercambio de información con España.
El Gobierno español ha defendido la seguridad del sistema, explicando que constituye una infraestructura cerrada y sin acceso externo, y que las grabaciones no se relacionan con investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sino con actuaciones policiales enfocadas al delito común. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, enfatizó ante los medios que “el riesgo de una mala utilización o de una mala praxis es cero”.
En agosto, otra adjudicación a Huawei, esta vez del Ministerio de Transformación Digital, para la renovación de una red de fibra de alta velocidad que da cobertura a universidades y centros de investigación, fue cancelada por razones de “estrategia digital y autonomía tecnológica”.
Política de defensa, gasto militar y bases estratégicas
A todo esto se ha sumado la política de Defensa, que representa otro de los capítulos sensibles en la agenda común. La Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump establece que los países aliados de la OTAN deben destinar al menos el 5% de su PIB al gasto militar para acceder a acuerdos bilaterales preferenciales en los ámbitos comercial y tecnológico.
España, que no alcanza ese umbral, y que ha dicho que no lo alcanzará, quedaría fuera de esas ventajas. Trump ya ha increpado al ejecutivo español en varias ocasiones, proponiendo incluso que la OTAN debería plantearse “echar” a España —algo que no es posible— o invitando a Mark Rutte (secretario general de la Alianza) a “tomar medidas”, porque “siempre hay un problema con España”.
La estrategia marca un giro respecto a décadas anteriores: Washington afirma que “los días de que Estados Unidos sostenga el orden mundial como Atlas han terminado” y ha fijado un nuevo marco de cooperación en el que la Unión Europea aparece como bloque en crisis e incluso como adversario.
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