El Congreso da luz verde a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad al tumbar la enmienda de Junts: “Envejecer no es un lastre, es un logro democrático”

El Congreso de los Diputados da luz verde para la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Este paso ha llegado junto con el rechazo a la enmienda de Junts para la devolución a la reforma con 171 votos en contra, 169 abstenciones y solo 7 a favor. Recordemos que horas antes de la celebración de la votación, el grupo parlamentario vasco (EAJ-PNV) habría decidido retirar esta misma mañana una segunda enmienda que se iba a presentar ante el Congreso al haber llegado a un acuerdo con el Ministerio de Derechos Sociales. El impulsor de la iniciativa habría accedido a realizar una decena de cambios en el proyecto.

Ambas formaciones consideran que la iniciativa del Gobierno vulnera las competencias autonómicas. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha centrado su intervención durante el debate parlamentario en defender la posición del Ejecutivo que ha dado su compromiso para dotar a la reforma con la “financiación necesaria para ser viables y salir adelante”, además de “la mejora de la situación de las personas cuidadoras”. Con ello, asegura que “queremos poner la dependencia en el centro de nuestro estado del bienestar, dando a los cuidados el peso social y el reconocimiento que siempre debieron tener”, aseguraba.

El ministro ha señalado que la reforma representa un avance clave para aplicar el mandato del actualizado artículo 49 de la Constitución: “Envejecer no es un lastre, es un logro democrático”, subraya al considerarlo como el paso definitivo. Aun así, el representante de Junts per Cataluña, Josep María Cruset Domènech ha determinado que “este proyecto de ley es una contundente invasión competencial” que intercede igualmente “al marco estatutario catalán”. Y es que, la normativa “propone cambios sustanciales en materia de atención a las personas con discapacidad y en situación de dependencia, pero lo hace desde una visión absolutamente centralista y sin ningún tipo de garantía sobre los recursos económicos necesarios”, afirma.

10.000 fallecidos en el último año

Según los datos que maneja el parlamentario catalán, con este modelo, “a día de hoy, 70.000 personas dependientes están esperando ser atendidas en Cataluña”. Sumado a los 10.000 catalanes que han fallecido el último año “en lista de espera sin ser atendidos por falta de recursos”, informa. Por su parte, Maribel Vaquero, representante de PNV, ha destacado que desde su partido han detectado 11 aspectos “lesivos”. Concretamente, la parlamentaria ha destacado que “no hay ninguna estimación sobre el compromiso estatal de incrementar su participación y la financiación del nivel convenido, que recordemos, según el artículo 32 dela Ley de Dependencia, es del 50 %, que ni de lejos se cumple”, asegura.

Por su parte, Bustinduy ha reconocido “nuestra deuda para con la discapacidad va a mejorar la vida de la sociedad en su conjunto”. No obstante, “solicitar la devolución de este texto no resuelve ninguno de los problemas que se puedan plantear hoy aquí”, insiste. Según su opinión, esa acción “no solo nos impide alcanzar soluciones, sino que parece poner los cálculos estratégicos por delante de los compromisos sociales”, advertía. En la misma línea, la diputada de Bildu, Isabel Pozueta, ha avisado de que los derechos que amplía la norma pueden quedar en “papel mojado” sin financiación y espera que el compromiso de Bustinduy “esta vez sí se cumpla”, según ha recogido Europa Press.

Las reclamaciones de sendos partidos

Dentro del contenido de esta reforma se incorporan medidas orientadas a agilizar los procesos, garantizar la accesibilidad universal como derecho y obligación de los poderes públicos y blindar el derecho a la vivienda de las personas con discapacidad. Aunque los dos partidos tienen sus objeciones, planteadas en sendas enmiendas de totalidad al Proyecto de Ley que buscaba la devolución al Gobierno para una reformulación que respeto el marco competencial autonómico.

Desde Junts per Catalunya denunciaban la orientación centralista que menoscaba el autogobierno catalán y critican que el Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal no se transfiera íntegramente a la Generalitat. Además, afirman que el modelo catalán ya se ajusta a los principios de vida independiente e inclusión. De este modo, dentro de su propuesta se pedía una desinstitucionalización progresiva y financiada; prohibición de institucionalización forzosa; extensión de la asistencia personal universal; teleasistencia como derecho, sin desplazar servicios presenciales; accesibilidad comunicativa y social, y eliminar el empleo segregado, promoviendo la inserción laboral en entornos ordinarios y el uso de presupuestos personales.

El PNV, por su parte, y aunque ha obtenido un acuerdo con el ministerio, criticaban el alcance regulatorio estatal en áreas como productos de apoyo personal, órganos de valoración, y criterios de acreditación o calidad de centros y servicios. Asimismo consideraban que la intervención del Consejo Territorial excede la cooperación voluntaria y puede derivar en imposición, por lo que proponían que los acuerdos de este órgano sean solo vinculantes para las comunidades autónomas que acepten sumarse, exigiendo respeto competencial y evaluaciones económicas previas a la legislación estatal en la materia.