El Gobierno de Ayuso ha pagado en los primeros nueve meses de año 228 millones extras a los cinco hospitales ‘públicos’ de Quirón y Ribera Salud

La última publicación en su cuenta de Linkedin del CEO del grupo Ribera Salud, Pedro Gallart Gaspar, es compartir un discurso de Isabel Díaz Ayuso sobre los datos de creación de empleo. Ribera Salud es la concesionaria del hospital de Torrejón de Ardoz, un centro integrado en la red pública del Servicio Madrileño de Salud, pero que gestiona este grupo privado propiedad de la firma francesa Vivalto Santé. Desde que Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid, este hospital ha recibido de las arcas públicas por atender a pacientes madrileños un total de 662 millones de euros (periodo 2019-2024), cuando lo inicialmente previsto era de 516 millones, un extra de 146 millones de euros.

Madrid tiene cinco hospitales en la red pública que pertenecen en realidad a empresas privadas. Cuatro de ellos, la Fundación Jiménez Díaz, el Infanta Elena de Valdemoro, el hospital de Villalba y el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles pertenecen al Grupo Quirón, adquirido en febrero de 2017 por la empresa alemana Fresenius tras desembolsar 5.760 millones de euros. El quinto hospital es el de Torrejón de Ardoz, del Grupo Ribera Salud. El primero de ellos, la Jiménez Díaz, tiene un convenio singular con la Comunidad por el que solo factura las intervenciones sanitarias (consultas, pruebas, operaciones...) que realiza, lo que se llama “actividad sustitutoria”. En Madrid rige la libre elección de médico desde 2012. Por ejemplo, un paciente del hospital Clínico, 100% público, puede optar por que lo vea un médico de la Jiménez Díaz, que está justo enfrente. Pero tienen un coste, una factura que luego la Jiménez Díaz pasa a Sanidad.

Los otros tres centros de Quirón (Infanta Elena, Villalba y Rey Juan Carlos) y el de Torrejón de Ardoz se rigen por otro sistema. Cobran un canon fijo en función de la población que atienden, además de que también pueden captar pacientes de otras áreas por esa libre elección. Este modelo se lo inventó Esperanza Aguirre. Se trata de una gestión por concesión. La empresa construye el hospital y lo gestiona durante un plazo de tiempo a cambio de prestar el servicio público (por el que recibe un canon), además de poder gestionar otros servicios no sanitarios, como el parking o la cafetería. El problema es que la cuenta final que reciben estos centros por parte de la Comunidad de Madrid nunca coincide con la inicialmente presupuestada. Siempre es superior. En los nueve primeros meses de 2025, estos cinco centros ya han recibido 228 millones de euros extras a los previstos a principios de año.

“De momento, la información que ofrece la Consejería de Sanidad de estos primeros nueve meses de 2025 no distingue, de esos 228 millones de euros, cuanto dinero se han llevado los cuatro hospitales de Quirón y cuanto dinero el de Torrejón”, explica Carlos Moreno, diputado socialista y portavoz en la Comisión de Sanidad en la Asamblea de Madrid. “Presupuestaron 700 millones al inicio del año para estos cinco conciertos, y ya en los primeros nueve meses se han pasado 228 millones. Pero por lo que sabemos de otros ejercicios, el grueso de estas modificaciones de crédito se producen en el último trimestre del año, por lo que esa cantidad de 228 millones será mayor cuando acabe 2025″.

Son empresas privadas

Este modelo sanitario no está exento de polémicas. La última la ha destapado el diario ‘El País’, publicando unos audios de Pablo Gallart en una reunión celebrada con cargos del grupo y de este hospital, en la que exige subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar así el beneficio del centro, que logró la concesión en 2011 durante 30 años. Unos audios que han provocado todo un terremoto político y que muestra lo perverso que es este sistema: las empresas privadas siempre buscan la rentabilidad económica. Y cuando hablamos de salud, los beneficios no deberían estar en la ecuación.

Las cuentas que sí son públicas demuestran que estos centros buscan la rentabilidad, captando cada día más pacientes e intentando que estos acudan con problemas asistenciales que sean baratos para ellos. Los cuatro hospitales que Quirón tiene en Madrid captaron, gracias al sistema de libre elección, 202.000 pacientes en 2023 para ser atendidos por un especialista, cuando en 2015 solo fueron 56.300. No hay datos de 2024 porque la Consejería de Sanidad ha evitado, por primera vez, ofrecer cifras de estas derivaciones. Más derivaciones suponen más dinero.

El hospital buque insignia del Grupo Quirón, la Fundación Jiménez Díaz, ha recibido en el periodo 2019-2024 un total de 3.398 millones de euros, 1.088 millones más que lo que la Consejería de Sanidad presupuestó inicialmente. El de Villalba ha recibido 663 millones, 252 millones más que lo previsto; el Infanta Elena de Valdemoro ingresó 651 millones, 310 millones más; y el Rey Juan Carlos de Móstoles ha percibido 1.259 millones, 569 millones de euros más. No hay que olvidar que la consejera de Sanidad del Gobierno de Ayuso, Fátima Matute, procede del Grupo Quirón. El hospital de Torrejón, como ya hemos dicho, recibió 662 millones de euros, un extra de 146 millones de euros. Es decir, estos cinco centros han recibido una modificación del crédito de 2.365 millones de euros.

Tanto el PSOE como Más Madrid denuncian la opacidad en este tema. En 2024 se tramitaron 16 expedientes de modificación de crédito por unos 900 millones para aumentar los pagos de estos cinco hospitales. Expedientes que no son públicos. Un ciudadano, Óscar Hernández, muy activo en redes sociales y especialista en revisar contratos públicos, los ha solicitado por transparencia. No ha obtenido respuesta. También ha solicitado qué algoritmos usa la Comunidad de Madrid para determinar qué tipo de pacientes son derivados a estos centros privados de gestión pública. Analizando el presupuesto de 2025, esta partida de 228 millones es la modificación más alta de todas las partidas que hay en las cuentas de 2025.

Más Madrid acusa a la Comunidad de Madrid de poner “el dinero por encima de las vidas” y ha adelantado que está preparando “acciones legales” contra el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. “Los hospitales de gestión privada solo tienen una prioridad: que la empresa gane dinero. Y el pato lo pagan los pacientes, que ven cómo se deteriora su atención, y los profesionales que por mucho que se esfuercen no pueden compensar las decisiones de los CEO”, explica la diputada Marta Carmona, de Más Madrid. El portavoz del PSOE regional y ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha asegurado que su partido también está barajando opciones legales contra el Ejecutivo autonómico y ha adelantado que pedirá la comparecencia en la Asamblea de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, para que rinda cuentas. Sanidad, por su parte, se ha limitado a señalar que ha convocado a los responsables de Ribera Salud para “constatar in situ cómo presta el servicio”. Mientras, el CEO de Ribera Salud ha anunciado que se aparta temporalmente de la gestión de este centro mientras el grupo realiza una auditoría interna.