Ábalos, el primer diputado en activo en entrar en prisión: el Congreso inicia los trámites para suspenderle de sus funciones como parlamentario

La Presidencia del Congreso ha solicitado al Tribunal Supremo la certificación del auto de procesamiento y de la orden de prisión provisional dictada contra el diputado José Luis Ábalos, un trámite imprescindible para activar su suspensión de funciones. La decisión del magistrado Leopoldo Puente de enviar al exministro de Transportes a prisión provisional, comunicada y sin fianza, por la denominada ‘trama de las mascarillas’, ha abierto un escenario nunca visto en democracia: un parlamentario en activo ingresado en un centro penitenciario mientras conserva su acta.

El oficio remitido al Supremo se cursó pocos minutos después de conocerse la resolución judicial. Una vez que el Alto Tribunal certifique oficialmente la medida, la Mesa del Congreso deberá decidir sobre la suspensión de derechos y prerrogativas de Ábalos, conforme al artículo 21.2 del Reglamento, que establece la suspensión automática en casos de prisión preventiva o de condena firme que impida el ejercicio de las funciones parlamentarias. El acta, sin embargo, no se pierde: únicamente una sentencia firme o causas expresamente previstas en la ley permiten la retirada del escaño, por lo que Ábalos seguirá siendo formalmente diputado.

Un escaño que permanece, un voto que desaparece

El ingreso en prisión del parlamentario ha obligado a la Cámara Baja a revisar con urgencia el alcance de sus propias normas. Aunque desde julio es posible votar telemáticamente en “situaciones excepcionales de especial gravedad”, fuentes parlamentarias sostienen a Infobae España que esa vía no está disponible para Ábalos. La prisión provisional no se considera una circunstancia extraordinaria sobrevenida, sino una consecuencia directa de una resolución judicial, motivo por el que queda automáticamente inhabilitado para votar, tanto de forma presencial como remota. Tampoco podrá recibir dietas ni ejercer ninguna de las prerrogativas asociadas al cargo.

Esto deja al Gobierno sin un voto que, pese al distanciamiento político del exministro respecto a la cúpula socialista, había sido determinante en varias votaciones ajustadas. La Cámara mantendrá el cómputo total de 350 escaños y la mayoría absoluta seguirá fijada en 176 votos, pero uno de esos escaños quedará sin capacidad de apoyo efectivo. En una legislatura marcada por una inusual fragmentación, la ausencia de un único voto puede alterar la aritmética en iniciativas clave. Hace unas semanas, el Ejecutivo salvó una enmienda del PP a la Ley de Movilidad por un margen mínimo: 172 votos a favor entre los que figuraba el del propio Ábalos. Todo apuntaba a que su apoyo sería igualmente relevante en la futura ley de abolición de la prostitución impulsada por el Ministerio de Igualdad, una iniciativa que requiere una mayoría sólida ante las divisiones internas que genera en Sumar.

Actividad parlamentaria hasta el último momento

La entrada en prisión provisional contrasta con la normalidad con la que Ábalos había seguido ejerciendo como diputado hasta apenas unas horas antes. Esta misma semana registró una pregunta escrita dirigida al Gobierno sobre posibles irregularidades en la Autoridad Portuaria de Valencia, dependiente del Ministerio que él mismo dirigió hasta 2021. En el escrito, difundido en la red social X, denunciaba que la presidenta del organismo habría percibido cerca de 15.000 euros en dietas que, según su argumentación, no serían compatibles con el régimen retributivo de altos cargos fijado en la Ley 3/2015 y el Real Decreto 462/2002.

La iniciativa provocó reacciones inmediatas en el arco parlamentario. Desde Sumar, la portavoz Verónica Martínez defendió que “todo lo que tenga que ver con la corrupción debe investigarse”, restando importancia al hecho de que la denuncia partiera de Ábalos. El Partido Popular interpretó su actuación como un gesto que evidencia el “nerviosismo” del Gobierno ante el avance de la investigación judicial. Más dura fue la respuesta de Vox: su portavoz, Pepa Millán, afirmó que la iniciativa demuestra que “todo el mundo sabe más de lo que dice sobre los tejemanejes del Gobierno” y vaticinó que “todos acabarán sentados en el banquillo”.

José Luis Ábalos, que fue secretario de Organización del PSOE, entró por primera vez en el Congreso en la IX Legislatura y asumió en 2018 el Ministerio de Transportes tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. Abandonó el Gobierno en 2021 tras una remodelación del Ejecutivo, pero mantuvo su escaño y concurrió de nuevo como candidato socialista por Valencia en las elecciones generales de 2023. Su ingreso en prisión provisional —una situación inédita para un diputado en activo— obliga ahora a la Cámara a explorar un terreno normativo sin precedentes, mientras los servicios jurídicos analizan el alcance de la suspensión y sus efectos inmediatos en la actividad parlamentaria y en el delicado equilibrio de fuerzas de la legislatura.