La economía española encara los próximos años con una evolución más favorable de lo que se anticipaba hace unos meses. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha vuelto a revisar al alza sus previsiones para España, mejorando en tres décimas el crecimiento estimado para 2025, hasta el 2,9%, y en dos décimas el previsto para 2026, hasta el 2,2%. Estos porcentajes son los mismos que los pronosticados la semana pasada por el Gobierno español.
Las nuevas estimaciones al alza de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico coronan a la economía española, por tercer año consecutivo, como la que más crece de la eurozona. En cuanto a 2027 dibuja un escenario más matizado al prever un crecimiento del 1,8%, lo que refleja una desaceleración debido al agotamiento progresivo del impulso pospandemia y un contexto internacional más incierto.
El organismo con sede en París considera que la demanda interna seguirá siendo el principal motor del crecimiento español, incluso en un entorno global donde la demanda externa pierde fuerza. El consumo privado se mantendrá firme gracias a un mercado laboral resistente, a la mejora de la renta real de las familias y a la moderación de la inflación.
Más inversión y menos exportación
El informe elaborado por la organización anticipa que la inversión aumentará entre 2025 y 2026 en España, impulsada por la caída de los costes de financiación y por el avance del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. No obstante, alerta de una desaceleración de las exportaciones, lastradas por la débil demanda de los socios comerciales y por los aranceles de Estados Unidos.
Aunque España exporta menos del 5% de sus bienes al mercado estadounidense, sectores como el agroalimentario, el químico o el de maquinaria podrían verse afectados, advierte la OCDE. Incide en que la creciente incertidumbre comercial puede dañar la confianza empresarial.
A pesar de que desde 2021 el PIB per cápita español ha crecido más del 9%, dos veces y media más que el de la eurozona, el país aún no ha logrado converger con sus socios. La OCDE señala que el talón de Aquiles sigue siendo la baja productividad laboral, una de las principales rémoras para el crecimiento potencial a largo plazo.
Empleo, al alza
El informe prevé que la tasa de paro siga disminuyendo hasta situarse en el 10,6% este año, bajar al 10,1% en 2026 y al 9,8% en 2027. En cuanto a la inflación, se espera un descenso desde el 2,6% de este año hasta el 1,8% en 2027. En cuanto a materia fiscal, estima que el déficit público caerá al 2,5% del PIB en 2025 y se estabilizará en el 2,3% los dos años siguientes. La deuda pública también seguirá a la baja, situándose en el 97% del PIB en 2027.
Estas previsiones incorporan los costes derivados de la DANA (0,2% del PIB), la ampliación de los subsidios al transporte público y el aumento del gasto en defensa hasta el 2% del PIB, lo que supone 10.500 millones adicionales. El organismo considera que, pese a estos gastos, el déficit seguirá reduciéndose gracias a la creación de empleo, el avance salarial y la mejora de los ingresos. Aun así, recomienda acelerar la consolidación fiscal para reforzar la sostenibilidad de la deuda y recuperar margen de maniobra ante futuras crisis.
Riesgos: tensiones comerciales y política interna
La OCDE enfatiza que las proyecciones están sometidas a importantes riesgos a la baja, tanto externos como internos. A nivel internacional, el incremento de las tensiones comerciales, la posible volatilidad financiera y el encarecimiento de las materias primas por conflictos regionales podrían frenar el crecimiento español.
En el ámbito doméstico, la fragmentación política podría dificultar la aplicación de reformas estructurales clave, así como retrasar la ejecución de los fondos europeos. Además, la debilidad de la inversión en algunos sectores sigue siendo un riesgo latente.
El informe dedica un apartado a los efectos del cambio climático, recordando episodios como las inundaciones en Valencia en 2024. Fenómenos como sequías, olas de calor o tormentas extremas pueden reducir la productividad, dañar infraestructuras estratégicas, elevar la inflación y perjudicar sectores esenciales como el turismo o la agricultura.
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