El día a día de los veterinarios con la Ley del Medicamento que afecta a los animales: “Prevalece lo que dice el papel de un fármaco que no está ni actualizado”

Desde que entró en vigor el Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, los profesionales del sector luchan por su derogación: “Está asfixiando nuestro trabajo, dificultando la práctica clínica y comprometiendo tanto la salud animal como la salud pública”, señalan desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (COLVEMA).

En esto concuerda Vanessa Bentanachs, veterinaria y secretaria de la asociación VetWarriors, que ha afirmado a Infobae que la normativa no les permite “trabajar bien”. “Yo personalmente no estoy en contra de que se haga un control de antibióticos, pero de esta manera no se está haciendo bien y está provocando que haya más carga”, explica.

El pasado martes 18 de noviembre, veterinarios de toda España se concentraron frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para exigir un cambio en esta normativa, que supone “un agravio comparativo con el resto de Europa”. Además, destacan que dificulta su labor como profesionales, puesto que se enfrentan a cuantiosas sanciones si incumplen el Real Decreto y han visto seriamente comprometido su criterio médico.

Así, Bentanachs señala que los veterinarios cada día se enfrentan a un importante dilema: “Tenemos que decidir si incumplir nuestro código deontológico o incumplir la ley, exponiéndonos a sanciones que son imposibles de pagar”, señala. “Trabajar así es complicado”.

El prospecto por encima del criterio médico

Para la secretaria de VetWarriors, lo “más grave” de esta ley es que “prevalece lo que dice el papel de un fármaco que no está ni actualizado, que a lo mejor tiene diez años y en ese tiempo la ciencia avanza mucho, antes que el criterio médico". Con el Real Decreto 666/2023, los profesionales únicamente pueden ajustarse a lo que se indica en el prospecto del medicamento; es decir, “si tienes un paciente con una patología y quieres mandarle un fármaco porque sabes que hay evidencia científica que lo respalda, si no tiene puesto que lo puedes usar para dicha patología, tienes que evitarlo”.

Bentanachs se ha encontrado ya con este problema. “Yo tengo como paciente a una gata que estaba con un fármaco autorizado para perros, que se lo había pautado otra veterinaria antes de la entrada en vigor de la normativa”. Este medicamento le servía para que no se rascase y no le provocaba efectos secundarios, pero, con el Real Decreto, se tuvo que empezar a utiliza uno en cuyo prospecto se indicaba que estaba autorizado para “alergias en gatos”. “Sí, la gata no se rascaba, pero casi le provoca una pancreatitis. Le sentó fatal el medicamento”. Así, critican que esto no solo les hace perder autonomía clínica, sino que también puede provocar un retraso en “dar un buen tratamiento”.

En este sentido, asegura que la ley también supone un problema para el bolsillo de los clientes, por ejemplo, cuando a un animal con un problema renal ya avanzado se le realizan rehidrataciones con sueros fisiológicos: “En el prospecto pone que solo los puedes usar vía intravenosa, pero llevamos más de 30 años usándolos en casa vía subcutánea”. En este sentido, ya solo podría ser tratado en el centro, lo que abre un dilema: “¿Lo mantenemos hospitalizado con el gasto económico que le supone a la persona y el estrés que le causa al gato; mantenemos la rehidratación subcutánea, que sabemos que funciona sin riesgos para el animal y nos exponemos a sanciones por incumplimiento de la ley, o lo mandamos a casa sin esa rehidratación que sabemos que le va a ayudar a seguirse encontrando bien y que pueda vivir más tiempo con calidad de vida?“.

Una ley que “promueve las resistencias bacterianas”

El Real Decreto 666/2023 tiene como objetivo, entre otros, “garantizar un uso prudente y responsable de los medicamentos veterinarios”, con especial incidencia en los antibióticos. Sin embargo, Bentanachs destaca que más bien estas leyes “no están pensadas para la salud pública y evitar las resistencias bacterianas, sino para favorecer a la [empresa] farmacéutica”.

Y es que la ley impide a los veterinarios vender los medicamentos en sus propias clínicas o centros, algo que desde la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) reclaman, lo que evitaría “trámites innecesarios” y permitiría a los profesionales recuperar “una libertad de prescripción que en España se ha limitado de forma única respecto al resto de Europa”.

Según destaca la secretaria de VetWarriors, este nuevo sistema provoca que ya no puedan entregar a los pacientes la dosis de medicamento que realmente precisaría: “Si un perro necesita tres pastillas, ¿para qué le vas a vender una caja completa de diez?“. Esto, tal y como explica Bentanachs, supone un perjuicio para el medioambiente, pues “esas siete pastillas restantes, en vez de irse a otros animales que las necesitan, se van a ir a la basura”.

Además, la veterinaria denuncia que esto también promueve la automedicación y las resistencias bacterianas —lo que tiene “un riesgo gravísimo”—, ya que provocaría que muchas personas administrasen el medicamento restante al animal si empezase a tener síntomas parecidos, sin saber si en esta ocasión la patología fuese de origen bacteriano o vírico.

En esto influye también el hecho de que prevalezca la cascada de prescripción, que es “superrígida” —el profesional solo puede recetar un medicamento humano cuando no existe uno autorizado específicamente para esa especie o de uso veterinario— por encima de la categorización antibiótica. Así, se ven obligados a emplear antibióticos veterinarios de la categoría B (“restringir”) antes que los de C (“precaución”) y D (“prudencia”) cuando estos están registrados para uso en personas. “Esto es completamente contrario a luchar contra las resistencias bacterianas” y para la profesional carece de sentido: “Sí es verdad que hay algunos fármacos que se absorben mejor con la presentación veterinaria, pero en muchos no hay diferencia o la presentación humana se absorbe antes”.

“Pone en riesgo la salud del animal y la salud pública”

La Ley del Medicamento, según explica Bentanachs, provoca que el veterinario trabaje “con ansiedad”: “No sabes si tu acto te va a suponer una multa de 1.200.000 euros”, que es la sanción máxima a la que se puede llegar con una infracción muy grave —tras varias reincidencias en un plazo de dos años—. “Es absurdo”, denuncia la veterinaria, ya que esta presión hace “más fácil que te equivoques”.

Tal y como denuncian desde COLVEMA, CEVE o asociaciones veterinarias como VetWarriors, todo esto “pone en riesgo la salud del animal y, en consecuencia, la salud pública”, pues “no nos olvidemos de que los animales pueden transmitir patologías a los seres humanos”. Es el caso de la peste negra, el COVID, el ébola o la rabia.

Por todo ello, “es muy importante que pueda prevalecer el criterio clínico para que estas cosas no pasen”, señala Vanessa Bentanachs. “Que los animales estén sanos implica que la sociedad estará sana”.