Todas las dudas que deja el juicio contra el fiscal general del Estado tras su finalización: el acceso al correo, el borrado de datos y la actuación de la UCO

Tras dos semanas de sesiones, este jueves quedó visto para sentencia el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos al estar acusado de haber filtrado uno de los correos que el abogado de Alberto González Amador, Carlos Neria, envío al fiscal Julián Salto.

Por la sala han pasado miembros del Ministerio Público, periodistas, políticos e incluso miembros de la UCO, cada uno para dar su versión de lo que ocurrió en marzo de 2024 y en los meses posteriores, dejando verdades, dudas y algunas contradicciones en vista de la sentencia que deberán dictar los siete magistrados del Tribunal Supremo.

¿Quién tuvo el correo antes que García Ortiz?

Uno de los puntos más debatidos en esta causa ha sido si el fiscal general fue el primero que tuvo en sus manos el correo de Neira en el que buscaba un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y en el que admitía la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública de su representado.

En esta cuestión han tenido gran relevancia las declaraciones de varios periodistas, que han llegado a asegurar que tuvieron este email horas, o incluso una semana antes, de García Ortiz, que según las pruebas lo recibió el 13 de marzo a las 21:59.

El primero de ellos es José Precedo, director adjunto de elDiario.es, que en su declaración relató que recibió una captura de este correo en papel una semana antes, el 6 de marzo. Aunque no quiso revelar su fuente, sí que indicó que no se trataba del fiscal general.

El 12 de marzo al mediodía, el entonces subdirector de El País, José Manuel Romero-Salazar, recibió una llamada de “una fuente solvente” que le indicó el contenido de este correo ante los “bulos” que estaba soltando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre que era la Fiscalía la que había iniciado el acercamiento para conseguir el acuerdo.

Unas pocas horas más tarde, sobre las 14:00, el periodista de la Cadena Ser, Miguel Ángel Campos Peñarroja, recibió una llamada de una de sus fuentes, a la que tampoco quiso nombrar, y fue a visitarla a su despacho, donde le dejó ver el correo íntegro y, aunque no se lo facilitó, si le dejó copiarlo.

De esta manera, serían hasta tres los periodistas que habrían tenido este correo antes que García Ortiz. Sin embargo, en sus informes finales, la acusación particular de González Amador ha querido poner en duda estas declaraciones: “No tienen la obligación de responder a las preguntas si no quieren, por lo que hay que tener más cautelas que con otros testigos”. Solo lo digo, porque eso lleva a que el periodista está amparado por su propio derecho de defensa y de no autoinculpación. No cabe exigirles una declaración veraz, por lo que las declaraciones de periodistas no deben ser valoradas como una testifical normal”.

Desde la defensa también han argumentado que este correo se envío a una cuente genérica de la Fiscalía, al que tienen acceso “unas 600 personas” lo que “desvirtúa la condición de secretos exclusivo”.

¿La Fiscalía General del Estado o la Fiscalía de Madrid?

De los periodistas también se pueden sacar otras conclusiones y son si esta filtración vino desde la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Ninguno ha revelado sus fuentes, pero Romero-Salazar, si indicó en su interrogatorio que su “fuente de alta solvencia” era de la Fiscalía de Madrid.

A esto se añade la descripción de hechos del profesional del la Ser, que explicó que el despacho al que acudió se encontraba en “una tercera planta”. Coincide que la Fiscalía de Madrid se encuentra en la tercera planta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Sumado a esto, el propio García Ortiz declaró que la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, fue la primera en tener un interés en desmentir las palabras de Ayuso y de su jefe de comunicación, Miguel Ángel Rodríguez. Esto pondría el foco en la propia Lastra, pero también ha dejado clara las diferencias entre ambas instituciones del Ministerio Público.

El propio fiscal general explicó que existe una “situación de desafección” de Lastra contra él. Las declaraciones entre ambas han sido contrarias y uno de los principales puntos ha sido una supuesta conversación que ambos mantuvieron por teléfono el 13 de marzo.

Según Lastra, ella misma le indicó “¡Lo has filtrado!” o “¡Lo habéis filtrado!”, refiriéndose al mencionado email, a lo que García Ortiz respondió, “eso ahora no importa”. Sin embargo, el acusado contradijo esta versión y en su interrogatorio relató que nunca escuchó esas palabras. Añadió que encima no existe una relación tan cercana entre ambos para que se dirija así y “dudo que un fiscal de este país se dirija así al fiscal general del Estado”.

Las acusaciones han utilizado estas palabras y toda la intervención de Lastra como arma para fundamentar la culpabilidad de García Ortiz, aunque hayan sido contradichas por el acusado, su jefa de comunicación, Mar Hedó, y la fiscal provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández. En la misma línea que Lastra estuvo su responsable de prensa, Íñigo Corral, que tras ser preguntado si su despacho estaba en la tercera planta, dijo que sí, pero que no se trata de un despacho, “es más un habitáculo, donde no recibe a periodistas”.

¿Borró García Ortiz los datos de su móvil?

Otro de los argumentos que han utilizado las acusaciones ha sido que García Ortiz habría borrado todos los datos de su teléfono móvil el 16 de octubre de 2024, el mismo día que se conoció su imputación, lo que supondría una prueba clave que tenía algo que ocultar.

El fiscal general se defendió alegando que el borrado es un procedimiento regular y obligado, “no solo porque ejerzo mi libre derecho a manejar mi terminal como quiera, borro todo porque es una imposición legal”. Añadió que en su dispositivo tiene “datos ultrasensibles” e información que “puede afectar a la seguridad de este país”.

Además, relató que los mensajes relevantes en el caso, los que se produjeron entre el 8 y el 14 de marzo, ya “no estaban en su teléfono desde hace meses”, ya que realiza un borrado casi cada mes.

Sobre estos hechos, también hubo contradicciones entre las declaraciones de los peritos. Por un lado, los agentes de la UCO que realizaron el volcado de este dispositivo indicaron que “el hecho de que no haya información anterior más ese dato de la acción, se puede determinar que ha existido un borrado“. Por su parte, dos ingenieros llamados por la defensa destacaron que no es posible determinar con certeza ni la fecha en la que se borraron los mensajes ni cuántos mensajes se pudieron eliminar.

¿Fue correcta la actuación de la UCO y del juez instructor?

Desde la defensa y el Ministerio Público, han querido centrarse en la forma en la que actuó la UCO y del juez instructor, Ángel Hurtado, principalmente en la entrada y registro que realizaron los agentes en el despacho del fiscal general del Estado.

La Abogacía del Estado ha pedido directamente la “nulidad” de esta actuación, al considerarla “desproporcionada”. Existió una orden concreta de magistrado instructor, que no fue cumplida. Se clonó y ciclo y copió sin cobertura legal y, por tanto, eso debe suponer la nulidad de dicha diligencia, porque se ejecutó en unos términos que no estaban contemplados”, han defendido.

Esto se debe a que los agentes de la UCO que llevaron este procedimiento llevaron a cabo el registro “sin saber realmente lo que estaban buscando”, según declararon. Además, el juez instructor indicó en el auto que debían acotar la búsqueda de datos entre el 8 de marzo y el 30 de octubre de 2024, lo que no se hizo.

Según uno de los guardias civiles, se debió a que resulta “imposible” acotar temporalmente el volcado de datos y el segundo de ellos defendió que hacer eso significaría una cantidad de trabajo inalcanzable que llevaría semanas.

En el turno de palabra de los peritos que firmaron los diferentes informes de la UCO, la defensa les preguntó por qué no se investigó también al resto de personas que tuvieron acceso al correo filtrado, a lo que respondieron que ellos “no hacen investigaciones prospectivas”, produciendo carcajadas entre el público, y añadiendo que solo tenían que investigar al fiscal general, que al ser “la máxima autoridad” dentro del Ministerio Público, tenía que ser la persona que daba las órdenes.