La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comenzado su intervención de los informes finales para denunciar las “dificultades” que han marcado este procedimiento y que han ido en contra de la presunción de inocencia de su representado.
“Este procedimiento ha estado marcado por un contexto mediático excepcional que, en ocasiones, ha desbordado el debate jurídico y ha podido generar un juicio paralelo basado en conjeturas, filtraciones y lecturas parciales que ha creado un entorno adverso para la presunción de inocencia del fiscal general”, ha asegurado el abogado del Estado.
Ha añadido que esto es “una intoxicación que no afectará a la decisión de los magistrados”. “Apelamos a la Sala para que pueda garantizar los derechos del fiscal general del estado. Una persona es inocente, hasta que se demuestra lo contrario”, ha asegurado.
Nulidad de la entrada y registro
Ha continuado reiterando su petición de anular la entrada y registro en el despacho del fiscal general, como ya solicitaron al principio del juicio. “Ya indicábamos que fue desproporcionada por tener un límite temporal de siete meses, pero la nulidad ha quedado todavía más clara con las declaraciones de los agentes de la UCO”, ha relatado.
“Hubo orden concreta que no se cumplió y eso debe suponer la nulidad de dicha diligencia”, ya que supone una “vulneración”. “Existió una orden concreta de magistrado instructor, que no fue cumplida. Se clonó y ciclo y copió sin cobertura legal y, por tanto, eso debe suponer la nulidad de dicha diligencia, porque se ejecutó en unos términos que no estaban contemplados”, ha afirmado.
“Todas las personas que se encontraban dadas de alta en estas aplicaciones tuvieron acceso”
Otro de los puntos fuertes de su defensa ha sido destacar todas las personas que tuvieron acceso al correo filtrado por el que se juzga al fiscal general del Estado. “Hay una laguna en la investigación en todo lo que tiene que ver con el emisor de ese correo del 2 de febrero y un correo del 12 de febrero por parte del señor Julián Salto en el que le transmitía al señor Neira, que iba a ser el fiscal del caso”, ha defendido.
Ha agregado que “el 20 de febrero se procedió a incorporar en dos sistemas de aplicación. Todas las personas que se encontraban dadas de alta en estas aplicaciones tuvieron acceso y todo esto se encuentra documentado gracias a la labor de la Abogacía del Estado”.
A esto, el letrado ha sumado el hecho de que solo hay filtración de un correo “debidamente acreditada”, refiriéndose al email del 12 de marzo, que el fiscal Salto envío al abogado de González Amador, Carlos Neira.
“Es un acuse de recibo de una negociación de conformidad”, ha afirmado, apuntando que “la gestión de este correo es la única filtración de un correo electrónico que está acreditada en la causa, sobre la que ninguna de las acusaciones ha hecho ninguna mención”.
Y es que ha quedado acreditado que Neira le envío una captura a González Amador y este se lo mandó al jefe de gabinete de Miguel Ángel Rodríguez, que lo compartió por Whatsapp con varios periodistas.
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