
La Comisión Europea ha decidido incluir a España entre los cuatro países del bloque comunitario que podrán beneficiarse de la solidaridad de otros socios europeos y activar el mecanismo de reubicación contemplado en el nuevo Pacto de Migración y Asilo. Esta inclusión, confirmada en el primer informe anual sobre la situación migratoria de la Unión Europea, otorga a España, junto a Italia, Grecia y Chipre, la posibilidad de solicitar la redistribución de parte de los migrantes llegados de forma irregular a su territorio.
El informe subraya que estos países soportan una presión migratoria “desproporcionada” por la llegada masiva de personas, especialmente a través de operaciones de búsqueda y rescate marítimas en el último año. La inclusión no supone la activación automática del mecanismo, pero sí habilita a los estados afectados para recurrir a la “reserva de solidaridad” de la reforma migratoria. El mecanismo, previsto para entrar en vigor en junio de 2026, establece la opción de trasladar al menos a 30.000 migrantes cada año entre los países miembros. El comisario de Interior y Migración, Markus Brunner, ha remarcado: “No es perfecto”, pero “es mejor que nada”, según lo que ha recogido Europa Press.
Una docena de países en riesgo a pesar de una caída del 35% en las llegadas
El comisario ha destacado tres elementos principales detrás de la presión migratoria europea: el elevado número de cruces irregulares por el Mediterráneo, los más de 4 millones de ucranianos acogidos con protección temporal y la “instrumentalización” política de la migración implementada por países como Rusia y Bielorrusia.

Pero antes, los gobiernos deberán remitir sus “compromisos de contribución”, eligiendo entre recibir migrantes, proporcionar apoyo financiero, hacerse cargo de deportaciones o participar mediante fórmulas combinadas. Y es que, se permitirá la aplicación “de manera flexible” del sistema, concediendo a los estados reticentes la posibilidad de compensar su negativa a través de una cuota: 20.000 euros por migrante no aceptado o mediante aportaciones equivalentes.
El informe anual presentado reconoce una caída del 35% en las llegadas irregulares a la UE en el último año, comprendido entre julio de 2024 y junio de 2025, según sus datos oficiales. Con ello, la Comisión Europea ha destacado esta tendencia como un indicio de cierta estabilización dentro del contexto general de presión migratoria en la región.
Aun así, el documento oficial también alerta sobre una docena de países en “riesgo” de sufrir presión migratoria: Bélgica, Bulgaria, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia y Finlandia. Además, República Checa y Austria, junto con los ya mencionados, Bulgaria, Estonia, Croacia y Polonia, podrán solicitar una reducción de sus obligaciones el siguiente año si soportan una presión acumulada creciente.
A falta de que países como Hungría y Polonia presenten sus planes nacionales, el sistema todavía no se ha activado de manera efectiva. La propuesta inicial para el reparto debía haberse presentado en octubre, pero el comisario la aplazó por falta de consenso entre Estados miembros como Bélgica, Finlandia o Países Bajos. Pero, Brunner recuerda: la legalidad del mecanismo y el reparto final de cupos dependen de una decisión del Consejo de la UE.
“Recuperar la confianza” entre los Estados miembro
Durante la presentación ante la prensa, Markus Brunner ha subrayado también la función del pacto europeo para “recuperar la confianza” mutua después de “que algunos sientan que otros han ignorado las reglas”, y como vía para “recuperar el control”. Concretamente, ha remarcado la importancia de que Italia restaure las reglas de Dublín sin reservas, punto exigido por aliados como Países Bajos y Bélgica, preocupados por los movimientos secundarios de migrantes solicitando asilo en destinos del norte tras llegar por puertos italianos.
“Es un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad, así que debe ir de la mano, debe darse en paralelo”, puntualizó Brunner ante la cuestión. Así, el comisario reiteró que, si se detectan “deficiencias sistémicas” en cualquier país receptor que incumpla la legislación europea de responsabilidad, los demás miembros quedarán exentos de obligación de acogida.
Perspectivas futuras y agenda europea
En paralelo a la publicación de este informe, la Comisión Europea prepara una nueva propuesta para identificar medidas concretas de solidaridad anual, que incluirán reubicaciones, contribuciones financieras y acciones alternativas por parte de los Estados miembros. Esto se discutirá el miércoles 12 de noviembre, en un debate en el que participarán los eurodiputados, la CE y la presidencia danesa del Consejo.
Durante esta sesión en el Parlamento Europeo, los representantes plantearán sus prioridades sobre la gestión migratoria, la necesidad de asegurar un enfoque efectivo, justo y humano, y el papel de la cooperación con países terceros. Tres nuevas propuestas legislativas están abiertas en Bruselas: la creación de una lista europea de países de origen seguros, la revisión del concepto de “tercer país seguro” y el establecimiento de un sistema europeo común para la devolución de nacionales de terceros países residentes en situación irregular.
Como destacó la Comisión Europea, está pendiente la presentación formal de estos documentos legislativos y de un debate conjunto con el Consejo. No se prevé la adopción de una resolución inmediata, pero el intercambio servirá para delinear el rumbo de la política migratoria europea y las medidas de solidaridad, así como para actualizar el marco legal del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
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