Bajo una creciente presión política y judicial, Mazón se enfrenta a la comparecencia en Les Corts por la DANA de la que la oposición espera “poco”

El presidente en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, lleva semanas con un foco mediático sobre su cabeza. Desde los insultos recibidos en el acto del aniversario de la DANA, se produjo su dimisión del cargo y en la investigación judicial, la instructora cada vez tiene más cerrado el cerco sobre el máximo responsable de la comunidad, poniendo principal interés en lo que ocurrió en el restaurante ‘El Ventorro’ el 29 de octubre de 2024.

Este martes a las 16:00 Mazón va a declarar ante la comisión de investigación que Les Corts Valencianes ha puesto en marcha para revisar la actuación del Gobierno autonómico ante la catástrofe provocada por la DANA. Una comparecencia que pretende ser un examen al que se debe someter el presidente, que desde la oposición ya han destacado que esperan “poco”.

Así se va a desarrollar la comparecencia

Esta sesión va a ser la primera vez que un responsable político de primer nivel comparece ante el órgano, ya que hasta ahora, en las dos únicas sesiones que se han llevado a cabo, solo se había escuchado a técnicos y expertos.

Fue el propio Mazón el que solicitó participar a través de un escrito dirigido a la mesa de la comisión “para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat para la recuperación social y económica de las zonas afectadas” y de “todo aquello que consideren los grupos” que integran el órgano.

El formato de la sesión ya ha sido pactado, o al menos fijado, de antemano por la mesa de la comisión, presidida por una diputada de VOX. El plan establece que cada grupo parlamentario dispondrá de 3 minutos en una primera ronda de intervenciones; a continuación, Mazón tendrá 15 minutos para su exposición; luego los grupos volverán a intervenir con otros 6 minutos; y finalmente Mazón dispondrá de un turno final de 6 minutos, con la posibilidad de que la mesa amplíe este último tramo hasta otros 7 minutos si lo considera necesario.

Rechazo del Gobierno Central

Sin embargo, esta comisión no se está llevando a cabo como inicialmente se pretendía, ya que en la lista inicial de comparecientes aprobada por la mesa de la comisión, figuraban el Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, junto con varios ministros. Sin embargo, estos representantes del Estado han explicado que no acudirán al órgano autonómico argumentando que “rinden cuentas” ante las Cortes Generales, no ante el parlamento valenciano.

Una lógica parecida se ha aplicado dentro de la propia Generalitat valenciana, ya que desde el entorno del Carlos Mazón se ha insistido en que será él quien dé explicaciones, sin que otros miembros del ejecutivo autonómico tengan una presencia confirmada en esa sesión. Esta concentración de la carga política en la figura del presidente viene acompañada de reproches desde la oposición, que considera insuficiente el formato para arrojar luz sobre la cadena de responsabilidades y actuaciones en torno al desastre.

Críticas de la oposición

Y es que esta no es la única crítica a esta comisión, ya que desde los grupos del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE) y de Compromís han expresado escepticismo sobre la utilidad real de la sesión, al considerar que funciona más como un “escenario controlado” que como un mecanismo con verdadera fuerza investigadora. En sus propias palabras recogidas por Europa Press, han indicado que esperan “poco” de la comparecencia.

Desde Compromís, su portavoz Joan Baldoví ha señalado que el formato acordado “no es el que tendría que tener una comisión de investigación”, porque no contempla un espacio real de interrogatorio y réplica que permita a los grupos parlamentarios plantear a Mazón preguntas directas tras analizar su intervención. En su opinión, la estructura prevista, donde primero hablan los grupos y luego el compareciente responde, reduce la posibilidad de debatir en profundidad y dificulta que se aborden las responsabilidades de otros actores institucionales.

Por su parte, la negativa del Gobierno central y de sus representantes a comparecer en el foro autonómico ha sido criticada desde el PP, que ha argumentado que se trata de un “plantón” que evade la obligación moral de dar explicaciones, aunque jurídicamente la convocatoria no es vinculante para ellos.