Sanidad insiste a las comunidades del PP para que compartan sus datos del cribado del cáncer: “La ley se cumple”

El Ministerio de Sanidad ha enviado un requerimiento formal a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para que envíen sus indicadores sobre los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix. Estas 13 regiones se han negado, por el momento, a responder la petición de Mónica García, que busca evaluar el sistema de detección precoz tras la crisis de la sanidad andaluza.

“El requerimiento formal que hemos remitido exige la remisión inmediata de estos datos, de los indicadores del programa poblacional del cribado de cáncer, unos indicadores que han sido pactados con todas las comunidades autónomas, y lo hacemos por una razón muy sencilla, la ley se cumple”, ha señalado García durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sanidad ha dado un mes de plazo a estas regiones para entregar la información requerida, antes de llevar el caso ante los tribunales y presentar un recurso contencioso-administrativo. El ministerio ha recordado que el resto de comunidades han cumplido con la petición remitida por el secretario de Estado a principios de octubre y han enviado los datos o han mostrado su voluntad de hacerlo en los próximos días.

Los indicadores solicitados, según el ministerio, son esenciales para conocer el funcionamiento de los programas de cribado. Se trata de datos sobre la cobertura, participación, resultados y tiempos de respuesta, todos ellos establecidos en el “Documento de consenso del sistema de información del programa poblacional de cribado de cáncer del SNS”, que fue aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

“Algo tendrán que ocultar”

La crisis de los cribados en Andalucía ha supuesto un nuevo enfrentamiento entre Sanidad y las comunidades lideradas por el PP. El pasado 24 de octubre, los dirigentes de las consejerías de sanidad populares abandonaron el pleno del CISNS, en el que Mónica García planeaba reiterar la obligación de las comunidades de enseñar la información. Entonces, los dirigentes autonómicos argumentaron que los acuerdos sobre los cribados se habían manipulado, pues “el Ministerio aún no ha puesto a disposición de las Comunidades Autónomas la herramienta imprescindible para la gestión de los datos”.

“Si no nos los quieren dar es porque algo tendrán que ocultar”, valoraba Gacía este lunes ante los medios en Barcelona. “Nosotros, desde el Ministerio de Sanidad, vamos a hacer todas las medidas legales, todas las herramientas administrativas y todo lo que podamos para que esos datos estén al servicio de quienes tienen que estar, que es al servicio de la ciudadanía”, declaró.

Tras el Consejo de Ministros, García ha informado del inicio de las vías legales contra estas comunidades autónomas. “Y esto lo hacemos amparándonos en diferentes leyes, como la Ley General de Sanidad; la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y la Ley General de Salud Pública, que obligan a las administraciones a cooperar y a facilitar la información necesaria para poder ejercer la vigilancia y la coordinación en materia de salud pública”, ha explicado.

La ministra ha subrayado que “la salud de las mujeres en este país es sagrada. Nuestro sistema sanitario es sagrado, y no hay ningún interés político espurio ni cálculo electoral o partidista del PP que esté por encima de lo verdaderamente sagrado: la sanidad pública, las mamografías y la salud de las mujeres”.

A su vez, ha recordado el requerimiento a la Comunidad de Madrid en relación con el registro de objetores de conciencia del aborto. “Le recuerdo que en los plazos establecidos le quedan dos semanas a la señora Ayuso para remitirnos el registro de esos objetores de conciencia”, ha indicado la ministra. De no recibirse estos datos, se iniciarán las acciones legales contencioso-administrativas pertinentes.