Israel amplía hasta el miércoles la detención de la activista española que mordió a una funcionaria de prisión: los 27 españoles restantes ya han aterrizado en Atenas

Las autoridades israelíes han prorrogado hasta el miércoles la detención de la activista española Reyes Rigo, integrante de la Global Sumud Flotilla, acusada de haber mordido a una funcionaria de la prisión de Ketziot durante un examen médico. Fuentes del colectivo confirmaron que se trata de la activista mallorquina de unos 50 años, una de las participantes del grupo de 49 españoles que navegaban rumbo a Gaza con el objetivo de denunciar el bloqueo israelí sobre el enclave palestino.

La Policía de Israel comunicó en redes sociales la extensión del arresto y explicó que la activista fue trasladada desde la cárcel de Ketziot hasta una comisaría de Segev Shalom, en la región del Néguev, para ser interrogada en relación con la supuesta agresión. Según el comunicado, el episodio se produjo el domingo, cuando la funcionaria penitenciaria escoltaba a Rigo de regreso a su celda tras un reconocimiento médico rutinario.

El Ministerio de Exteriores israelí difundió ese mismo día un mensaje en el que calificó el suceso como parte de una “provocación Hamas-Sumud”, una expresión utilizada por las autoridades israelíes para referirse a la iniciativa de la flotilla. En su nota, el Gobierno israelí aseguró que la trabajadora médica sufrió “lesiones menores” y que se llamó a la policía para intervenir y “encargarse” de la detenida. Israel tenía previsto deportar a Rigo el lunes, aunque tras el incidente, su proceso de expulsión ha quedado aplazado.

Un episodio que tensa aún más el regreso de los activistas

La activista española se negó a firmar un documento en el que, según fuentes de la flotilla, se les instaba a reconocer que habían entrado en aguas israelíes, lo que habría supuesto una admisión de culpabilidad. Los integrantes de la Global Sumud Flotilla fueron detenidos la semana pasada cuando su embarcación fue interceptada por las fuerzas navales israelíes. Su objetivo declarado era romper el bloqueo marítimo a Gaza y entregar ayuda humanitaria a la población palestina.

Mientras tanto, el resto de activistas españoles han ido siendo deportados progresivamente. Un primer grupo de 21 personas aterrizó el domingo en España, tras pasar varios días retenidos en cárceles israelíes. Este lunes estaba previsto el retorno del segundo contingente de 28 ciudadanos, aunque su regreso no se ha completado debido a la retención de Rigo.

Los 27 españoles liberados en las últimas horas tomaron un vuelo desde Tel Aviv con destino a Atenas, donde aterrizaron cerca de las cuatro de la tarde. A su llegada, fueron recibidos por un grupo de simpatizantes propalestinos que coreaban “Free, free Palestine”. Desde la capital helena, los españoles se distribuirán en tres vuelos con destino a Bilbao, Barcelona y Madrid, donde se espera que lleguen entre las 23.15 y las 00.25 horas de la noche.

Fuentes de Exteriores han explicado que los 27 españoles han salido de Israel para regresar a España vía Atenas y que aquellos que lo han querido, junto a ciudadanos de otros países de la UE, “llegarán a Madrid al aeropuerto de Adolfo Suárez- Barajas en un avión militar”. Otros dos grupos viajarán a Barcelona y Bilbao en vuelos comerciales.

Denuncias de malos tratos y condiciones precarias

Los activistas deportados han denunciado vejaciones y malos tratos durante su reclusión en prisiones israelíes. A su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, varios de ellos ofrecieron su testimonio a los medios. “Nos han golpeado, nos han arrastrado por los suelos, nos han vendado los ojos, nos han atado de pies y manos, nos han metido en jaulas, nos han insultado”, relató Rafael Borrego, uno de los participantes en la flotilla.

Según sus declaraciones, los detenidos no tuvieron acceso a abogados ni pudieron comunicarse con sus familias durante varios días. Tampoco recibieron asistencia médica inmediata y se les negó el acceso a agua potable y medicamentos. Entre los afectados había al menos dos personas diabéticas que, siempre según el testimonio de los activistas, no recibieron insulina hasta tres días después de su detención.