El Sindicato de Inquilinas critica las nuevas medidas del Gobierno en vivienda: “Si das 10.000 euros, los dueños subirán esa misma cantidad el precio de venta”

El acceso a la vivienda se ha convertido en un problema que cada vez condiciona la vida de más personas en España. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la vivienda es la principal preocupación para el 30,4% de los encuestados, debido a los altos precios de compraventa, que han alcanzado cifras similares a las de la burbuja inmobiliaria, y unos alquileres al alza que obligan a destinar buena parte del salario. La dificultad para acceder a una vivienda obliga a aplazar o renunciar a proyectos personales, como independizarse o formar una familia y expulsa a estudiantes de la Universidad que no pueden afrontar el coste del alojamiento, mientras que otras personas se ven obligadas a rechazar oportunidades de empleo.

Para hacer frente a este problema, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el lunes nuevas medidas para mejorar el acceso de los jóvenes a una vivienda como una ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros, hasta 10.800 euros para la compra de una vivienda en el medio rural o un seguro de impago de rentas -ya anunciado en enero- que dará “más garantías a propietarios y a inquilinos”.

En el caso de la ayuda de 30.000 euros, el objetivo es que los jóvenes menores de 35 años puedan acceder a una vivienda protegida de forma permanente y, después de varios años de residencia, tengan la posibilidad de adquirirla. Las cantidades abonadas en concepto de alquiler se descontarán del precio final, y al tratarse de vivienda protegida, su precio estará regulado y no podrá establecerse libremente por parte del vendedor. Por otro lado, las ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en municipios de hasta 10.000 habitantes cubrirán hasta el 20% del precio de adquisición.

Las medidas anunciadas por el Gobierno, sin embargo, no convencen a los colectivos que luchan por el derecho a una vivienda digna, pues lejos de resolver la crisis habitacional, aseguran, “benefician principalmente a propietarios e inversores”. “Si das ayudas directas para la compra, esos rentistas o esos propietarios de las casas simplemente van a subir los precios por la cuantía de esas ayudas. Si das 10.000 euros para esa compra, los dueños de esas propiedades subirán esa misma cantidad el precio de venta. Con lo cual, vía impuestos, es decir, pagándolo todos, lo que hacemos una vez más es llenar el bolsillo de quienes más tienen”, critica Fernando De los Santos, portavoz del Sindicato de Inquilinas.

La vivienda de protección oficial es “insuficiente”

Respecto a las ayudas de 30.000 euros, la organización critica que se limiten únicamente a viviendas de protección oficial en modalidad de alquiler con opción a compra, ya que considera que la oferta de este tipo de inmuebles continúa siendo “insuficiente”, sobre todo si se compara con “los más de dos millones y medio de inquilinos en riesgo de pobreza o exclusión social”. “Si esa es la solución del Gobierno más progresista de la historia en materia de vivienda, mal vamos”, asevera el activista.

No obstante, según datos del Boletín estadístico del Observatorio de Vivienda y Suelo (OVS) del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la construcción de vivienda protegida aumentó en 2024 un 62,4% respecto al año anterior, hasta alcanzar 14.371 nuevas casas, lo que supone el mayor crecimiento de los últimos 10 años.

“El riesgo lo asume la sociedad”

En cuanto al seguro de impago de alquiler, que será asumido por el Estado por un tiempo limitado hasta que el propietario recupere la posesión del inmueble, el sindicato denuncia que esto implica socializar el riesgo del negocio inmobiliario, pues es la ciudadanía la que “lo pagará vía impuestos”. “El 91% de la sociedad va a sostener el riesgo del negocio que está haciendo un 9%, que es el bloque rentista. Esto es una tremenda injusticia, además de una barbaridad”, añade De los Santos, porque el problema de fondo reside en “la acumulación de propiedades en menos manos” y el uso de los inmuebles como instrumentos de inversión.

El sindicato recuerda que ahora se compran más casas “para invertir que para vivir en ellas” y que los inquilinos destinan cada vez más cantidad de su salario a la vivienda, cuando no debería superar el 30% de los ingresos mensuales para mantener la estabilidad económica y poder afrontar toros gastos. “En vez de tratar de apagar este fuego, el Gobierno le echa más gasolina cubriendo con el seguro de impago el riesgo que tienen también esas inversiones”, añaden.

Frente a la escalada de precios y la pérdida de poder adquisitivo, desde el Sindicato de Inquilinas abogan por eliminar privilegios fiscales a grandes propietarios e invertir en la recuperación de viviendas vacías y turísticas para bajar precios hasta un 50%.