El magistrado de la Sala Segunda Ángel Luis Hurtado ha acordado rebajar de 150.000 a 75.000 euros la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para asegurar responsabilidades pecuniarias tras abrir juicio oral contra él por un presunto delito de revelación de secretos en un auto dictado el pasado 9 de septiembre. El instructor no incluye en la nueva cuantía la partida por la eventual multa para ese delito que se pudiera imponer al investigado y que sí había incluido en el cálculo inicial.
Esta decisión se ha tomado en la misma mañana en la que García Ortiz ya ha abonado los 150.000 euros iniciales de su propio patrimonio. También viene días después de que la acusación particular, en nombre de Alberto González Amador, presentara recurso de reforma contra el auto de apertura juicio oral, en el que solicita que se corrija el error material de integrar la multa contemplada para el delito de revelación de secretos en el cálculo de los 150.000 euros establecidos inicialmente.
El instructor indica que en este auto, notificado hoy, no responde a dicho recurso de reforma, porque el trámite para ello está en curso, pero afirma que sí ha introducido un elemento que no fue tenido en cuenta cuando se fijaron esos 150.000 euros y, “puesto que tiene repercusión favorable al acusado, no es cuestión de esperar más tiempo y prolongar la decisión sobre este particular, por cuanto que, aun sin necesidad de recurso, el propio juez, de oficio, puede hacer modificación en la cantidad, en función de las circunstancias que se le presenten”. Además, hace referencia para corregir el error a la doctrina del Tribunal Constitucional.
Añade que su resolución se limita a hacer la rebaja “que entiendo oportuna en atención a esa nueva circunstancia, dejando para el debate del recurso el resto de las consideraciones sobre los demás particulares, en particular el relativo a la cuantía por responsabilidad civil”.
Una cifra polémica
La suma acordada inicialmente por Hurtado ya estuvo en el centro de la polémica desde el primer momento, ya que sorprendió por su elevada cuantía.
Se trataba de una responsabilidad pecuniaria muy alta que incluía los posibles daños morales a Alberto González Amador, la multa a la que podría ser condenado el fiscal, que iría para el Estado y las costas procesales.
La cifra sorprendió mucho sobre todo entre fiscales progresistas que recordaron que en casos como agresiones sexuales esas cuantías no superan los 50.000 euros. Por ello, estos fiscales ya hablaron del efecto intimidatorio de la arbitrariedad que puede suponer.
También recordaron que la doctrina del Tribunal Constitucional establece desde 2023 que en la responsabilidad pecuniaria no se pueden incluir las multas porque eso supone anticipar la pena y, por tanto, vulnerar el derecho a la presunción de inocencia.
La postura del Gobierno
Por su parte, desde el Gobierno consideraron que esa fianza era “excesiva, exagerada y un auténtico disparate“, como, dijeron, “todo el proceso que se está siguiendo contra el fiscal general del Estado”. Fuentes del Gobierno consultadas por laSexta consideraban que esa altísima fianza se explica por la batalla política que hay de fondo.
En este caso, un destacado miembro del Ejecutivo reconoció a laSexta que ya no le sorprendería absolutamente nada que todo este proceso terminara con una sentencia condenatoria.
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