El auge de la oferta y promoción de medicamentos y productos sanitarios a través de plataformas digitales ha intensificado el riesgo para la salud pública, especialmente desde la irrupción de la pandemia de la Covid-19. Según la memoria anual de la Fiscalía, relativa a 2024 y hecha pública este viernes, durante este periodo se observó un incremento en el uso del ciberespacio para facilitar la difusión y comercialización de sustancias y productos que pueden resultar nocivos, lo que llevó a la apertura de numerosos procedimientos legales en el país por actividades ilícitas de este tipo.
La legislación penal, en particular los artículos 360 y siguientes del Código Penal, contempla como delitos contra la salud pública aquellas conductas que implican la venta no autorizada, la oferta, la puesta a disposición de terceros o la publicitación de medicamentos, productos sanitarios o alimentos que puedan poner en peligro la salud de las personas. Estas infracciones se configuran como delitos de peligro, ya que “se adelanta la barrera de protección para salvaguardar los intereses de todos y, por ende, de la ciudadanía en su conjunto”.
Se trata, por tanto, de conductas ilícitas que atentan contra intereses de carácter general o difuso y proyectan sus efectos “a toda la población”. El riesgo se manifiesta en la posibilidad de que cualquier individuo vea comprometida su vida, integridad física o salud al adquirir y consumir productos cuya composición o efectos pueden estar falseados, o a los que se atribuyen propiedades supuestamente beneficiosas sin fundamento. En este contexto, la difusión indiscriminada de información a través de redes sociales, foros y otras plataformas digitales ha amplificado el alcance de estas conductas, incrementando la exposición de los usuarios a ofertas engañosas y peligrosas.
Según el análisis del ministerio fiscal, en los últimos años, y de manera acentuada tras la emergencia sanitaria global, se ha detectado que el entorno virtual se utiliza para promover la adquisición y el consumo de sustancias perjudiciales. Las investigaciones judiciales iniciadas durante este periodo han revelado que, además de inducir a las víctimas a realizar transferencias patrimoniales en su perjuicio, estas prácticas fomentan el consumo de productos que representan un peligro para la salud humana. Como resultado, el riesgo de que se produzcan lesiones concretas en personas determinadas “se ha incrementado de forma exponencial”.
La gravedad de estas conductas reside en que no solo vulneran la confianza de los consumidores, sino que también comprometen la seguridad sanitaria de la “sociedad en su conjunto”, al facilitar el acceso a productos cuya peligrosidad puede tener consecuencias imprevisibles y generalizadas.
Aumento de estafas
En este sentido, la proliferación de las plataformas también ha provocado un aumento de las estafas y demás acciones ilícitas de carácter defraudatorio. Según la Fiscalía, “han ido surgiendo en los últimos años otras modalidades en las que el sujeto activo se sirve de las capacidades que proporcionan las tecnologías para dirigir su acción criminal a una generalidad de personas, no previamente determinadas, con el objetivo de captar el mayor número posible de víctimas y obtener con ello mayores beneficios”.
Como ejemplo, el texto detalla las ofertas engañosas de todo tipo de bienes y servicios, simulación de entidades públicas y privadas para contactar con los ciudadanos a fin de obtener sus datos personales y utilizarlos posteriormente, propuestas falaces de inversiones económicas aparentemente muy ventajosas, transferencias u operaciones bancarias ordenadas sin autorización ni conocimiento del titular de los bienes, etc. “Cada vez son más numerosas las acciones ilícitas de estas características, las personas que se ven afectadas y las pérdidas económicas que se derivan de ello”, zanja el ministerio fiscal.
La frecuencia con la que se cometen estas modalidades de fraude, el carácter “masivo e indiscriminado” de sus efectos y la circunstancia de que, en reiteradas ocasiones, la actividad defraudatoria se lleve a efecto mediante suplantación de organismos y entidades de carácter público y/o encargados de la prestación de servicios básicos da lugar a otra derivada: “La creciente desconfianza en el comercio electrónico, la seguridad de las entidades bancarias y financieras e incluso el normal funciona miento de los organismos y servicios públicos”.
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