El auge de la oferta y promoción de medicamentos y productos sanitarios a través de plataformas digitales ha intensificado el riesgo para la salud pública, especialmente desde la irrupción de la pandemia de la Covid-19. Según la memoria anual de la Fiscalía, relativa a 2024 y hecha pública este viernes, durante este periodo se observó un incremento en el uso del ciberespacio para facilitar la difusión y comercialización de sustancias y productos que pueden resultar nocivos, lo que llevó a la apertura de numerosos procedimientos legales en el país por actividades ilícitas de este tipo.
La legislación penal, en particular los artículos 360 y siguientes del Código Penal, contempla como delitos contra la salud pública aquellas conductas que implican la venta no autorizada, la oferta, la puesta a disposición de terceros o la publicitación de medicamentos, productos sanitarios o alimentos que puedan poner en peligro la salud de las personas. Estas infracciones se configuran como delitos de peligro, ya que “se adelanta la barrera de protección para salvaguardar los intereses de todos y, por ende, de la ciudadanía en su conjunto”.
Se trata, por tanto, de conductas ilícitas que atentan contra intereses de carácter general o difuso y proyectan sus efectos “a toda la población”. El riesgo se manifiesta en la posibilidad de que cualquier individuo vea comprometida su vida, integridad física o salud al adquirir y consumir productos cuya composición o efectos pueden estar falseados, o a los que se atribuyen propiedades supuestamente beneficiosas sin fundamento. En este contexto, la difusión indiscriminada de información a través de redes sociales, foros y otras plataformas digitales ha amplificado el alcance de estas conductas, incrementando la exposición de los usuarios a ofertas engañosas y peligrosas.
Según el análisis del ministerio fiscal, en los últimos años, y de manera acentuada tras la emergencia sanitaria global, se ha detectado que el entorno virtual se utiliza para promover la adquisición y el consumo de sustancias perjudiciales. Las investigaciones judiciales iniciadas durante este periodo han revelado que, además de inducir a las víctimas a realizar transferencias patrimoniales en su perjuicio, estas prácticas fomentan el consumo de productos que representan un peligro para la salud humana. Como resultado, el riesgo de que se produzcan lesiones concretas en personas determinadas “se ha incrementado de forma exponencial”.
La gravedad de estas conductas reside en que no solo vulneran la confianza de los consumidores, sino que también comprometen la seguridad sanitaria de la “sociedad en su conjunto”, al facilitar el acceso a productos cuya peligrosidad puede tener consecuencias imprevisibles y generalizadas.
Aumento de estafas
En este sentido, la proliferación de las plataformas también ha provocado un aumento de las estafas y demás acciones ilícitas de carácter defraudatorio. Según la Fiscalía, “han ido surgiendo en los últimos años otras modalidades en las que el sujeto activo se sirve de las capacidades que proporcionan las tecnologías para dirigir su acción criminal a una generalidad de personas, no previamente determinadas, con el objetivo de captar el mayor número posible de víctimas y obtener con ello mayores beneficios”.
Como ejemplo, el texto detalla las ofertas engañosas de todo tipo de bienes y servicios, simulación de entidades públicas y privadas para contactar con los ciudadanos a fin de obtener sus datos personales y utilizarlos posteriormente, propuestas falaces de inversiones económicas aparentemente muy ventajosas, transferencias u operaciones bancarias ordenadas sin autorización ni conocimiento del titular de los bienes, etc. “Cada vez son más numerosas las acciones ilícitas de estas características, las personas que se ven afectadas y las pérdidas económicas que se derivan de ello”, zanja el ministerio fiscal.
La frecuencia con la que se cometen estas modalidades de fraude, el carácter “masivo e indiscriminado” de sus efectos y la circunstancia de que, en reiteradas ocasiones, la actividad defraudatoria se lleve a efecto mediante suplantación de organismos y entidades de carácter público y/o encargados de la prestación de servicios básicos da lugar a otra derivada: “La creciente desconfianza en el comercio electrónico, la seguridad de las entidades bancarias y financieras e incluso el normal funciona miento de los organismos y servicios públicos”.
Últimas Noticias
España invierte más que nunca, pero deja atrás las infraestructuras: carreteras, ferrocarriles y redes hidráulicas, a la cola de las dotaciones
La inversión pública creció un 9,1% en 2025, hasta situarse en los 37.177 millones de euros, y la bruta total, formada por la privada y la pública, aumentó un 5,1% en términos reales, hasta los 347.000 millones de euros
Picualia, sobre la situación del aceite de oliva tras las lluvias: “Hay menos cosecha y de menor calidad, así que el precio puede tener efecto rebote”
La cooperativa de AOVE ubicada en Bailén elabora algunos de los mejores virgen extra de toda España, aceites tempranos de la variedad picual, famosa por su sabor y sus antioxidantes
Nicolás, el niño que habla parpadeando tras sobrevivir a un tumor cerebral: su familia pide ayuda para los gastos médicos
Una necrosis tras la radioterapia dejó al niño con tetraplejia cuando tenía 10 años
El ‘rey de las carcasas’ solivianta a sus vecinos de la Castellana y batalla con el Ayuntamiento de Madrid tras querer meter una piscina en el ático: los bomberos tuvieron que precintar las obras
El empresario Ismael Villalobos de Matías compró dos áticos al lado del estadio Santiago Bernabéu y las obras que ha querido hacer han estado llenas de “desaciertos”, admite. “Todo está en trámites de legalización”
Perder la vista a los 29 años por una diabetes mal controlada: “Si doliera, le pondríamos más atención”
Los altos niveles de azúcar le provocaron a Sol una discapacidad visual. En sus redes sociales, cuenta cómo es ser una persona ciega en España
