Durante 2024, Toledo ocupó el puesto 30 entre las ciudades más visitadas de España, con 622.804 visitantes que pasaron al menos una noche en la ciudad, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este flujo constante de turistas ha planteado desafíos para la convivencia diaria entre residentes y visitantes, una situación que se extiende por casi toda la costa española y por las ciudades turísticas del país, donde los vecinos ya han salido a la calle en multitud de ocasiones para pedir un límite.
Con el objetivo de poner orden en este fenómeno, el Ayuntamiento de Toledo ha impulsado una nueva ordenanza municipal dirigida a regular el tránsito de grupos turísticos. El texto, aprobado en primera instancia y que está previsto que reciba la aprobación definitiva en septiembre, introduce una serie de disposiciones. Entre ellas destacan la regulación de los desplazamientos en grupos para evitar colapsos en las calles del casco histórico o impedir que se dificulten los accesos a viviendas y comercios.
Una de las principales preocupaciones es garantizar el descanso nocturno en el centro urbano. Por ese motivo, se prohíbe la utilización de megafonía en las visitas guiadas a partir de las 23:00 y se establece la obligación de emplear sistemas de audio individuales cuando el grupo supere las 30 personas. La única excepción afecta a los grupos escolares. Las infracciones a la normativa se penalizarán con multas que pueden alcanzar los 3.000 euros. Esta medida plantea un cambio relevante en el modelo de turismo de la ciudad, pues obliga a los operadores y a los visitantes a adoptar hábitos más adaptados a la convivencia.
El concejal de Turismo, José Manuel Velasco, intervino durante el pleno municipal del 27 de julio y subrayó el enfoque regulador de la ordenanza. “Esta ordenanza no van contra nadie, lo único que busca es regular una actividad importante en la ciudad de Toledo y que afecta a la convivencia con los toledanos”, afirmó. Sin embargo, algunos sectores del turismo han mostrado su rechazo a la nueva política. Los guías que organizan los denominados “free tours” han manifestado especial descontento, ya que la ordenanza prohíbe el uso de paraguas de colores, instrumento habitual para agrupar a los participantes en estas visitas guiadas.
Multas por orinar en la calle o no mantener el decoro
Este tipo de medidas no son exclusivas de Toledo. Varias ciudades españolas están implementando restricciones para gestionar el turismo y proteger el patrimonio histórico y cultural. En Segovia, la protección del Acueducto romano, monumento emblemático de la ciudad y datado en el siglo II, incluye ya sanciones de entre 750 y 3.000 euros para quienes causen daños a la estructura.
En las Baleares, las autoridades estudian aumentar el impuesto turístico –conocido como ‘ecotasa’– de 2 a 6 euros diarios por persona en temporada alta y para quienes llegan en crucero, así como la posibilidad de crear una tasa adicional para los vehículos vacacionales, con importes comprendidos entre 30 y 85 euros. En este archipiélago, la presión turística también se percibe en el mercado de la vivienda. En Ibiza, la dificultad para acceder a un alquiler ha hecho que las autocaravanas se conviertan en alternativa residencial. Ante la proliferación de estos vehículos, las sanciones por estacionar sin autorización llegan hasta los 40.000 euros y existe la obligación de utilizar exclusivamente áreas de camping para pernoctar.
En zonas de playa, la convivencia entre turistas y el entorno también motiva regulaciones estrictas. En Málaga, los visitantes deben cumplir normas sobre vestimenta y el uso de patinetes, y quienes no las respeten se exponen a multas de hasta 700 euros. En Marbella, orinar tanto en la arena como en el mar puede acarrear sanciones de hasta 1.500 euros. El uso de altavoces está prohibido en algunas playas españolas, lo que obliga a escuchar música de manera individual si se pretende evitar multas de hasta 700 euros.
La costa de Nigrán, en Galicia, prohíbe excavar agujeros en la playa y contempla multas que pueden llegar a los 200.000 euros. Igualmente, tanto en Canarias como en Baleares, llevarse conchas como recuerdo puede suponer una sanción de hasta 3.000 euros para los infractores. Además, encender un cigarro en algunas playas catalanas está castigado con multas que pueden alcanzar los 600 euros.
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