El PP y el Gobierno se enzarzan en el ‘y tú más’ por la gestión de los incendios, mientras varios puntos del país reclaman estar “totalmente abandonados”

Mientras España continúa ardiendo y donde el fuego ya se ha cebado con más de 400.000 hectáreas en lo que llevamos de año, el Partido Popular continúa alimentando la escala de tensión por la gestión de los incendios. Pese a que ha sido en algunas de las comunidades gobernadas por los populares aquellas más afectadas —Galicia, Castilla y León, Andalucía y Extremadura—, el PP no ha abandonado su tónica tradicional, como ya ocurrió con la DANA que arrasó especialmente la Comunidad Valenciana el pasado octubre: ‘El Gobierno central “ha llegado tarde”'.

Sin embargo, mientras el partido de Alberto Núñez Feijóo continúa sin rebajar la tensión, los vecinos de diferentes zonas afectadas, y en las que el fuego todavía perdura, reclaman sentirse “totalmente abandonados”, como explica Jessica, una vecina de la zona de Pena Trevinca, en el macizo Galaico-Leonés, que es una zona “de muy difícil acceso”. “Es desolador lo que está pasando y sobre todo lo que están dejando que pase”, cuenta a Infobae España. Ante la desolación, detalla, son los propios voluntarios y gente del pueblo los que están ayudando a extinguir el fuego. “Es una zona con mucho valor medioambiental. Está llegando también a la ciudad de la Selva, con lo cual acabará llegando a las casas tarde o temprano. Es una zona inaccesible y no tienen medios aéreos", apunta. “Ha pasado por allí una brigada y están los voluntarios. Pero ya está”, añade.

Este martes 19, la Xunta de Galicia ordenó la retirada de varios bomberos cuando se dirigían a zonas en llamas en Ourense, donde hasta este miércoles se habían quemado ya 88.000 hectáreas. Como adelantó Cadena Ser, Rueda retiró a varios efectivos de todo Galicia pese a la magnitud de incendios. Posteriormente, la Xunta justificó la decisión al señalar que eran bomberos urbanos y no forestales. Ante la polémica rectificó y volvió a movilizarlos para tareas de saneamiento.

Esto es solo uno de los varios casos que ha salpicado el PP a lo largo de estos días. Este jueves, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha calificado a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, como “una pirómana más”. “La directora general de Protección Civil, que se supone que es una profesional que debe hablar de cuestiones técnicas y de cómo ha podido colaborar o ayudar en la extinción de los incendios, es una pirómana más que se ha dedicado a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas”, ha sentenciado Bendondo.

Además, también ha acusado al Gobierno de “deslealtad” y de utilizar cada crisis como “una oportunidad para perjudicar al PP”. Y ha rematado: “El Pacto de Estado que hace falta en nuestro país es un pacto de Estado contra Pedro Sánchez que debe irse cuanto antes por el bien del conjunto de los españoles”.

“¿Hasta dónde vamos a llegar para desacreditar a una persona? ¿Me están acusando de algún delito? ¿Me están llamando delincuente?”, ha respondido la directora. “Miles de personas han visto como el fuego se llevaba sus casas, sus pastos, todo lo que tenían. Todo ha ardido y sigue ardiendo, así que aquellos que no aportan que se aparten. Nosotros vamos a seguir trabajando hasta que se apague el último de los incendios”, ha respondido Barcones.

Varios ministros del Gobierno han salido este jueves en su defensa. Por ejemplo, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha tachado las declaraciones de Bendodo de “ruin, indecente y vergonzoso”, por lo que debe “rectificar ya”. a ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha pedido que “al menos se disculpe”.

Los retrasos y la falta de medios en Extremadura y Castilla y León

Pero Galicia no ha sido la única comunidad que ha sentido el caos en su organización contra los incendios. En Extremadura, donde ya se han quemado más de 16.000 hectáreas, bomberos forestales del norte de Cáceres han denunciado estos que, pese a estar en zona de riesgo, no se les ha activado mientras llegan retenes de otras comunidades. “Nosotros mismos tuvimos que salir un día a trabajar sin camión, porque llevaba horas averiado y nadie lo arreglaba. Estuvimos con dos mochilas de agua y con herramientas manuales, pero es que desde el sábado no hemos apagado ni una llama”, relata uno de los efectivos a elDiario.es.

Además, según informaciones a las que ha tenido acceso Cadena Ser, los Gobiernos de Galicia, Extremadura y Castilla y León solicitaron al Ministerio de Interior el pasado 15 de agosto más medios y la ayuda del ejército. “Esa documentación constata que no se hicieron peticiones concretas, salvo en el caso de Castilla y León”, recoge el medio.

Por otro lado, elDiario.es reveló este mismo martes que la Junta de Castilla y León, presidida por Alfonso Fernández Mañueco, tardó nueve días desde el inicio de la ola de incendios, el 7 de agosto, en llamar a personal especializado que estaba de vacaciones. No fue hasta el 16 cuando se envió la orden para que se reincorporaran. En rueda de prensa, Mañueco reconoció esa tardanza, aunque solo admitió “incidencias” en la coordinación de los diferentes efectivos.

A esto hay que sumarle que el martes el grupo Hozono Global, a través de la empresa Orthem, subcontratada por la Consejería de Medio Ambiente, publicó en InfoJobs una oferta para contratar cinco operarios de incendios sin experiencia, por solo tres meses, como denunció el alcalde de Cisterna (León), Luis Mariano Santos. “La formación es prioritaria. Eso es una oferta de trabajo de la que yo no puedo hablar”, justificó el presidente de la región.

Ante la lluvia de acusaciones, la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente y Urbanismo ha pedido a los fiscales provinciales de dicha área a “comprobar” si en los municipios más afectados por la “desastrosa” situación de los incendios forestales cuentan con planes de prevención. Precisamente, la Ley de Montes, aprobada en 2003, obliga a las comunidades autónomas a elaborar y aprobar “planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales”, como se recoge en el artículo 48.