El sueño de Natasha Retzmann y su pareja, Chris Hicks, de crear un santuario para más de un centenar de gatos callejeros en Mallorca se encuentra en suspenso. La finca que compraron en noviembre por 198.516,63 euros permanece ocupada por una familia con dos hijos pequeños, considerada vulnerable por los servicios sociales, lo que impide cualquier desalojo inmediato.
Una finca adquirida “a precio de ganga”
La propiedad, de 5.300 metros cuadrados, fue adquirida con la intención de ofrecer refugio a los animales que la pareja cuida desde hace años. “Compramos una propiedad que tiene okupas y lo sabíamos cuando compramos, pero lo hicimos porque era barata. Nos aseguraron que pronto se irían porque estaban en la lista de viviendas sociales desde 2019, pero no ha sido así”, explica Hicks a Última Hora.
Para Retzmann, la situación se ha convertido en un callejón sin salida. “Sé que el mercado de alquiler es muy difícil para familias con niños y perros, pero tampoco veo otra opción para los gatos, y es mi casa”, indica.
Gatos en riesgo y un proyecto bloqueado
En su pequeño piso de Lloseta, la pareja convive con cuatro gatos y dos perros, mientras otros sesenta permanecen repartidos en colonias de la isla. “En los últimos ocho meses hemos perdido unos 10 gatos por enfermedad o envenenamiento, y esto no habría ocurrido si tuviéramos nuestra granja”, lamenta Retzmann.
Su compromiso con los animales les ha supuesto ya 65.000 euros de inversión en quince años, destinados a esterilizaciones, medicación y alimentación. Muchos de los felinos, detalla Hicks, “tienen el virus de inmunodeficiencia felina, les faltan patas o están ciegos”, lo que hace más urgente la creación de un espacio seguro.
Una familia bajo protección social
La familia que ocupa la vivienda se instaló cuando aún era propiedad del banco, y según Hicks, “no creían que estuvieran perjudicando a nadie, pero ahora saben que nos están perjudicando a nosotros”. El propio Hicks recuerda que ya existió “un litigio judicial con los anteriores propietarios” que no logró forzar su marcha.
La actual Ley de Vivienda protege a los hogares vulnerables hasta que las administraciones ofrezcan una alternativa habitacional, lo que ha frenado el proceso de desalojo. Por su parte, el Ayuntamiento de Inca ha pedido paciencia a la pareja, mientras la situación legal sigue sin resolverse.
Intentos de acuerdo y tensiones
Retzmann asegura que ha intentado llegar a un entendimiento. “Les ofrecí dinero, muebles para una nueva vivienda e incluso ayuda para gestionar con los servicios sociales, pero la madre me bloqueó el contacto”.
Ante la falta de avances, contrataron a la empresa de desokupaciones Desokupa, que sostiene que los ocupantes han realizado conexiones ilegales de electricidad en la finca, un hecho que, según la mujer, “debería activar la intervención de las autoridades por el bienestar de los menores”.
A pesar de la tensión, Retzmann asegura que no busca un desalojo inmediato. “Mi intención no es dejar a la familia en la calle, sino encontrar una solución positiva para todos”.
El santuario pendiente
Además, la pareja también gestiona una colonia felina en Lloseta, que asumieron tras la marcha de su anterior cuidadora. “Cuando nos hicimos cargo, había más de 48 gatos y gatitos que necesitaban tratamiento veterinario, y ninguno había sido esterilizado. Después de tres años, ahora está bajo control, con unos 15 gatos allí, mientras que otros han sido reubicados”, explica Hicks.
Mientras tanto, la hipoteca de la finca y el alquiler de su vivienda actual amenazan con agotar sus recursos. “No podremos aguantar mucho más”, advierte Retzmann.
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