Más de 12,3 millones de euros en contratos adjudicados a Huawei para suministrar servidores y servicios de consultoría al Ministerio del Interior español han encendido las alarmas en Washington. Según ha publicado ABC, el Gobierno de los Estados Unidos ha dado un ultimátum al ejecutivo de Pedro Sánchez: tiene hasta final de mes para romper toda relación comercial con el proveedor tecnológico chino, o de lo contrario, se limitará el intercambio de información clasificada, clave en la cooperación de seguridad occidental.
Advertencia de Washington
El medio español informa que la directora de Inteligencia Nacional estadounidense, Tulsi Gabbard, ha abierto una investigación formal sobre los contratos españoles con Huawei ante posibles vínculos con los servicios de inteligencia chinos. En una carta enviada a las autoridades españolas, Gabbard ha advertido: "A finales de mes tendrá un informe que, de concluir que esos contratos se mantienen, derivará en una notable limitación del flujo de inteligencia compartida, crucial para las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas". La investigación indaga sobre los riesgos inherentes a estos contratos para activos, métodos y fuentes de inteligencia estadounidenses, incluida la fortaleza de los protocolos de intercambio de información dentro de la OTAN y en las bases militares compartidas.
Preocupación por el acceso a datos
La preocupación principal radica en que Huawei, que responde legalmente al Partido Comunista Chino, pueda verse obligada a entregar a Pekín cualquier dato almacenado, según lo dispuesto por las leyes de Inteligencia Nacional y de Seguridad de Datos de la República Popular China. Un boletín del 5 de agosto de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China señala que “parte de esas escuchas podrían acabar almacenadas en el sistema gestionado por Huawei" si España continúa esta relación contractual. Esta situación hace tambalear la confianza sobre la protección de información sensible no solo para Estados Unidos sino para el conjunto de la Unión Europea, dado el intercambio de inteligencia entre miembros.
Presión a España desde Estados Unidos
Tal y como ha informado ABC, la decisión de revisar la relación con España surge tras la carta remitida por Tom Cotton y Rick Crawford, presidentes de las comisiones de Inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes de EE.UU., quienes reclaman "una revisión inmediata de la cooperación con España, advirtiendo del riesgo que supone para la seguridad occidental la adjudicación de contratos a Huawei".
El portavoz del senador Cotton, Patrick McCann, transmitió con claridad el respaldo a la investigación: “Este celebra la revisión completa de las políticas de intercambio de inteligencia con España emprendida por la directora Gabbard, y urge al Gobierno español a cambiar de rumbo y revocar el contrato del Ministerio del Interior con Huawei antes de que sea ya tarde”.
Falta de cláusulas específicas
Mientras en otros frentes y bajo presión europea y estadounidense se ha excluido a Huawei del núcleo de las redes 5G en España, el Ejecutivo ha optado por abrir la puerta a la empresa china para el almacenamiento de escuchas judiciales, consideradas de alta sensibilidad estratégica. Según ABC, el Gobierno español “ha adoptado una postura más suave frente a China que otros socios europeos”, en paralelo a su estrategia de atraer inversión de ese país en sectores como los vehículos eléctricos y las energías renovables. Esta situación, junto con la reciente visita del presidente del Gobierno a Pekín para reforzar la relación bilateral, ha incrementado el desconcierto en las filas aliadas de la OTAN y la UE.
El Ejecutivo español justifica la adjudicación argumentando que la oferta de Huawei resultó la más asequible y que la legalidad vigente le obliga a aceptarla. Sin embargo, la ausencia de algunas cláusulas específicas de seguridad en el pliego de condiciones ha suscitado dudas sobre el nivel de protección de la información delicada. Desde Estados Unidos se recalca que, hasta que España no se alinee con la política de exclusión de proveedores de alto riesgo, “el Gobierno de Estados Unidos debe asegurarse de que cualquier información compartida con el Gobierno español esté redactada para eliminar los detalles que no deban ser compartidos con el Partido Comunista Chino", en palabras de Cotton y Crawford.
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