
El 28 de mayo, Lévesque, quien llevaba poco tiempo trabajando para la empresa Autobus Allard, se encontró con una situación inesperada: una estudiante de 13 años no tenía autorización para subir al autobús escolar. “Soy nuevo, no conozco todas las reglas”, explicó el conductor.
“Mi primera reacción fue decirme que esta niña quería ir a la escuela. La animo a que lo haga. Tengo espacio, no haré un drama de esta historia”, explicó a ICI Radio Canadá.
La joven había quedado fuera del sistema de transporte escolar al inicio del curso por falta de plazas, y como alternativa, el Centro de Servicios Escolares Énergie (CSS) le ofreció utilizar transporte público. Sin embargo, esto significaba levantarse dos horas antes, viajar sola y alterar la rutina familiar.
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“Fue realmente difícil: además de transportar a mi nieta, tuve que despertar a otros dos niños pequeños”, lamentó la abuela. “Es una tontería que el transporte público salga dos horas antes por la mañana”.
“¿Y a ti qué te importa?”
Consciente de las implicancias emocionales y de seguridad que enfrentaba la adolescente, Lévesque decidió actuar. “La seguridad infantil es una responsabilidad social, no podía ignorarla”, aseguró. Para entender la situación, contactó a la abuela y luego escribió al CSS para informar que había asientos disponibles en su autobús y solicitar la actualización de la lista de pasajeros.
Pero la respuesta institucional fue fría e inflexible. “Me dijeron: ‘No tiene derecho a llamar a los padres ni a comunicarse con el CSS’. Quieren conductores, pero si haces un gesto amable, te dicen: ‘¿Y a ti qué te importa?’”, denunció Lévesque. “Entendí que no podía traer a niños que no estuvieran en mi lista, pero pensé que la lista podría actualizarse, ¿no?”. Cuando la empresa supo de su insistencia, le entregaron la carta de despido.
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Motivos cuestionados
En el documento oficial, Autobus Allard justificó la decisión por violación a las normas contractuales con el CSS, una queja por exceso de velocidad y el uso indebido de información confidencial. La empresa se negó a comentar públicamente sobre el caso. Por su parte, el CSS confirmó que no pidió el despido del conductor, y se desentendió de las acciones tomadas por la empresa.
Lo más irónico es que, tras la salida de Lévesque, la joven finalmente fue admitida en el servicio escolar y pudo asistir al colegio en autobús durante las últimas tres semanas del año escolar. “Me parece una injusticia que mi nieta recupere su puesto en el autobús escolar y un hombre lo pierda”, expresó con tristeza la abuela. “No tenemos conductores así todos los días”.
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Un sistema rígido y obsoleto
Actualmente, los conductores reciben una lista un mes después del inicio del curso, sin posibilidad de modificaciones posteriores, aunque cambien las circunstancias familiares o escolares.
“El censo debería hacerse cada dos meses”, sugirió la abuela. Según ella y Lévesque, una actualización más frecuente permitiría incluir a más estudiantes en el transporte escolar y evitaría situaciones injustas como la vivida por su familia.
“La seguridad de mi nieta habría estado en peligro esa noche si él no se la hubiera llevado”, reflexionó la abuela. Y esa seguridad, para Lévesque, siempre fue lo más importante.
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