El PSOE y Más Madrid piden cinco años de cárcel para el novio de Ayuso por fraude fiscal, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal

El PSOE y Más Madrid han solicitado cinco años de prisión para Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presuntos delitos de falsedad documental, contabilidad ficticia y pertenencia a grupo criminal. Así lo recoge el escrito de acusación registrado por ambas formaciones como acusación popular y al que ha tenido acceso Infobae España, en el marco de la causa que investiga un entramado de sociedades y facturas falsas con el que González Amador habría defraudado más de 350.000 euros a Hacienda.

En su escrito, las acusaciones solicitan tres años de prisión por delito continuado de falsedad en documento mercantil, un año y medio por pertenencia a grupo criminal, y seis meses por delito contable, además de una multa de 27.000 euros (nueve meses a razón de 100 euros diarios) y la inhabilitación para la gestión de empresas durante el tiempo de condena. Las penas superan en un año las reclamadas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía.

Una red de facturación ficticia con firmas extranjeras y sociedades pantalla

La base de la acusación se asienta en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, cuando González Amador, a través de su consultora Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos, habría inflado gastos con facturas falsas para reducir su factura tributaria, a pesar de que sus ingresos se dispararon durante la pandemia por comisiones en la compraventa de material sanitario.

Entre las operaciones más llamativas se encuentra una factura por 620.000 euros emitida por la sociedad mexicana MKE Manufacturing, y otra de 922.586 euros procedente de la marfileña Gayani Ltd. Ambas fueron presentadas como pagos por servicios de intermediación que no llegaron a realizarse. Según la Agencia Tributaria, dichas facturas fueron falsificadas, y el dinero nunca se pagó a las empresas extranjeras, aunque sí se dedujo fiscalmente.

En ambos casos, el empresario Maximiliano Eduardo Niederer, también acusado, aparece como supuesto representante de las firmas emisoras. Durante su declaración ante la Inspección, negó conocerlas o haber firmado documento alguno en su nombre, aunque más tarde rectificó su versión con explicaciones contradictorias.

Empresas fantasma y retiradas en efectivo en Arahal

La acusación también señala un conjunto de sociedades ficticias radicadas en Arahal (Sevilla), utilizadas para emitir facturas por servicios nunca prestados. Se trata de Púrpura Star, Baluarte, El Manantial, Bianconera SP, Bianconera SPA SLU y Ginmosur, controladas o administradas por los también acusados David Herrera Lobato y los hermanos Agustín y José Miguel Carrillo Saborido.

Entre todas facturaron a Maxwell más de 178.000 euros, pese a no tener actividad real ni personal contratado. Las facturas incluían conceptos como “consultoría ambiental” o “protección de datos”, que no se correspondían con ningún encargo ni prestación efectiva. Los pagos, según el informe de la Inspección, eran retirados en metálico el mismo día en que se ingresaban en las cuentas de estas sociedades.

Desvío de ingresos mediante la instrumental Masterman

El escrito dedica un apartado a Masterman & Whitaker, una sociedad sin personal ni medios materiales que González Amador adquirió a la esposa de un alto directivo de Quirón Prevención, su principal cliente. En 2021, esta firma facturó 327.320 euros a Quirón por servicios que en realidad fueron prestados por Maxwell, según reconoció el propio acusado.

Posteriormente, Maxwell facturó a Masterman 600.000 euros por una “consultoría” ficticia, generando pérdidas artificiales que podrían aprovecharse para compensar beneficios futuros. La Agencia Tributaria considera esta maniobra una simulación contable con fines fraudulentos.

Penas de hasta tres años y medio para los otros acusados

El PSOE y Más Madrid extienden la acusación a Niederer, Herrera y los hermanos Carrillo, para quienes solicitan tres años y cuatro meses de prisión: un año y medio por falsedad documental, otro tanto por pertenencia a grupo criminal y cuatro meses por delito contable, además de multas de 9.000 euros e inhabilitación para gestionar empresas.

Las formaciones proponen también que se disuelvan las sociedades utilizadas en el entramado y piden que declaren en juicio, como testigos, las inspectoras de Hacienda autoras de los informes periciales, así como el director general de Quirón Prevención, Fernando Camino, su responsable de Grandes Cuentas, Emilio Conde, y los economistas que presentaron las declaraciones tributarias de Maxwell y Masterman.