El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto nombrar este miércoles a dos candidatos apoyados por el sector conservador como presidentes de dos Salas clave del Tribunal Supremo, después de que las magistradas respaldadas por los progresistas se retirasen de la pugna debido al bloqueo en las negociaciones.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces dan por hecho que los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas tendrán fácil lograr el mínimo de 13 votos necesarios de los vocales (10 conservadores y 10 progresistas, más la presidenta, Isabel Perelló) para alzarse con las presidencias de la Sala de lo Penal y Contencioso del Supremo, respectivamente.
Aunque previsiblemente habrá votos particulares, las fuentes dudan de que desde el ala progresista se bloqueen estos nombramientos, al tiempo que en este sector confían en que los conservadores les den su voto de confianza respecto a otros candidatos de la treintena de plazas que también se debaten en el pleno de este miércoles.
“Hasta el momento solo ocupado por varones”
Entre esta treintena de plazas -para la que solo es necesaria mayoría simple- están las presidencias de la Audiencia Provincial de Madrid y la de Valencia, entre otros puestos. Las negociaciones entre los diferentes grupos se han alargado hasta el último momento, según las fuentes, que recibieron con sorpresa la retirada de las candidaturas de Ana Ferrer y Pilar Teso para presidir las Salas de lo Penal y lo Contencioso, respectivamente.
Tras meses disputándose las presidencias con sus compañeros de Sala Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas y con varias votaciones de los vocales fallidas, ambas anunciaron la semana pasada que retiraban sus candidaturas ante el bloqueo en unas negociaciones muy encalladas en el CGPJ y para no perpetuar una interinidad perjudicial para la Justicia.
Su decisión, como una de ellas admitió en una carta, despeja el camino para los otros dos únicos candidatos, que ya ejercen de presidentes en funciones y quienes no culminarán el mandato de cinco años previsto en la ley, pues Martínez Arrieta se jubila en abril de 2027 y Pablo Lucas en julio de 2026.
En la carta en la que Ana Ferrer comunicaba a la presidenta del CGPJ la retirada de su candidatura, subrayaba que “el interés de servicio público” y la necesidad de “hacer valer la presencia de la mujer” en un puesto “hasta el momento solo ocupado por varones” la guió a postularse al cargo, así como su contribución a mejorar el funcionamiento de Sala.
Si se cumplen los pronósticos, todo parece indicar que serán dos hombres los que seguirán al frente de esas dos Salas. De llegar a un acuerdo y efectuar todos los nombramientos previstos, el CGPJ habrá terminado de cubrir el más de centenar de plazas vacantes en altas instancias judiciales desde 2021.
Noticia elaborada por EFE
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