
Carlos Mazón cumple este domingo dos años al frente de la Generalitat Valenciana. Aunque la presión sobre su dimisión ha disminuido en cierta medida, la continuidad del dirigente autonómico del PP sigue estando en entredicho. Y es que está debilitado en su partido, acorralado por la oposición y muy cuestionado entre la ciudadanía valenciana por su gestión de la DANA que arrasó gran parte de la provincia de Valencia el pasado 29 de diciembre, dejando 224 fallecidos y tres desaparecidos.
Aunque Génova trató de visibilizar una suerte de cierre de filas el pasado fin de semana en el Congreso Nacional para no opacar la reelección de Alberto Núñez Feijóo como presidente de la formación, tanto dentro como fuera, son pocos los que auguran que Mazón culminará el mandato. Mucho menos los que creen que se volverá a presentar a las elecciones autonómicas, previstas para 2027. De hecho, el propio Feijóo ha rechazado aclarar en público si le va a mantener como candidato.
Mientras siga teniendo el apoyo externo de Vox, sus socios en Les Corts (primero en el Consell, hasta su salida hace un año por el pacto de Feijóo con el Gobierno en materia de inmigración), será el propio Mazón el dueño de su destino, que él mismo vinculó a la reconstrucción de Valencia. No obstante, su futuro no es ajeno al desarrollo del procedimiento judicial iniciado por la magistrada de Catarroja (Valencia) sobre la gestión de la DANA, que apunta a la Generalitat, y a la aparición de un contrincante después de que el expresident Francisco Camps anunciara esta semana que optará a presidir de nuevo el PPCV.
En un contexto incierto, y a propósito del aniversario de la designación de Mazón como jefe del Consell, cabe destacar un escenario que siempre ha sobrevolado su negativa a dimitir, en contra de la presión externa e interna. La ley que regula los derechos de los expresidentes de la Generalitat Valenciana incluye disposiciones que benefician sobremanera a quienes han ocupado este cargo, incluso en escenarios que no contemplan una legislatura completa.
Según informó en su día el diario Levante-EMV, Carlos Mazón se aseguraría una remuneración pública relevante al mantener su mandato hasta este domingo. Y es que cumplir dos años al frente del Consell le permitiría acceder a un sueldo de 75.000 euros anuales por dos años, una prerrogativa contenida en la normativa vigente. La clave radica en el artículo 4.1 de la ley 6/2002 que regula los derechos de los expresidentes de la Generalitat, donde se establece que “serán miembros natos del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana durante un plazo de 15 años cuando hayan ejercido el cargo de presidente por un periodo igual o superior a una legislatura completa”.
En el caso de no alcanzar el periodo de cuatro años del mandato completo, la legislación contempla una excepción: aquellos que hayan ocupado la presidencia por un periodo inferior, siempre que hayan llegado a dos años en el cargo, podrán formar parte de dicho órgano durante un periodo igual al tiempo ejercido, con un mínimo de dos años. “En los restantes casos, serán miembros natos por un periodo igual al tiempo que hayan ejercido el cargo de presidente, con un mínimo de dos años”.
El premio por agotar la legislatura
De conseguir agotar la legislatura, el premio es aún mayor, ya que se garantiza un sueldo de 75.000 euros durante 15 años, dos asesores y un chófer. Esta prerrogativa es fruto de la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006. Según reza en la norma, el Consell de la Generalitat pondrá a disposición de los expresidentes “los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo”.
Esta cuenta con “dos puestos de trabajo con funciones de asesoramiento y una plaza de conductor, que serán cubiertos a propuesta del expresidente y que dependerán orgánicamente de la Presidencia de la Generalitat. El personal que ocupe los puestos citados tendrá la consideración de personal eventual y, si fuese personal al servicio de la Generalitat, quedarán en la situación administrativa que legalmente corresponda”.
Asimismo, dispondrá de “un local adecuado para la instalación de la mencionada oficina, la dotación presupuestaria para su funcionamiento ordinario y un automóvil del parque móvil de la Generalitat”. Por otro lado, el Consell de la Generalitat, a través del departamento competente, “adoptará las actuaciones que sean precisas para preservar la seguridad personal de los expresidentes, dotándoles de los servicios de seguridad que se consideren necesarios”.
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