La disputa entre vecinos en una exclusiva isla de Massachusetts (Estados Unidos) ha desencadenado un litigio millonario. Patricia Belford ha demandado a Jonathan Jacoby por haber talado ilegalmente 16 árboles en su propiedad con el objetivo de despejar la vista al océano Atlántico desde su vivienda, según ha informado el diario local Nantucket Current.
El incidente ocurrió el pasado 22 de febrero en la isla de Nantucket, conocida por albergar numerosas segundas residencias. Según la denuncia, Jacoby habría accedido sin autorización al terreno de Belford para cortar árboles de más de nueve metros de altura, incluidos cedros, cerezos y cipreses de Leyland, que habían sido plantados en la década de 1970 por la familia de la propietaria. Durante casi medio siglo, estos ejemplares habían servido como barrera visual, acústica y de privacidad frente a las casas colindantes.
La demanda presentada por Belford reclama una indemnización de 1,4 millones de dólares (unos 1,2 millones de euros) por los daños ocasionados. Entre los argumentos esgrimidos, la mujer destaca que los árboles proporcionaban “sombra, valor estético, privacidad y reducción del ruido”. La suma incluye no solo el coste estimado de replantación —486.000 dólares—, sino también el perjuicio patrimonial derivado de la destrucción del entorno natural de la propiedad.
Venta de la propiedad
Según consta en la denuncia, Jacoby habría actuado “a sabiendas” y “sin tener derecho legal a hacerlo”, con el fin de mejorar las condiciones visuales de su propia vivienda. El exjardinero del acusado ha declarado ante los investigadores que Jacoby le pidió ayuda para limpiar la zona tras haber talado los árboles, confirmando así su implicación directa en los hechos.
El trasfondo económico también ha alimentado la polémica. Jacoby ha puesto a la venta su vivienda por diez millones de dólares (unos 8,5 millones de euros), destacando como uno de sus principales atributos la “vista despejada al mar” obtenida tras la eliminación del arbolado en la parcela vecina.
La policía local ha abierto una investigación sobre este caso, que ha generado una fuerte reacción entre los residentes de esta isla de 15.000 habitantes, muchos de ellos propietarios de viviendas de alto valor. La demanda no solo plantea una cuestión de daños materiales, sino también de derechos de propiedad y convivencia en una comunidad donde el acceso visual al mar puede tener un elevado precio.
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