Endesa reclama 454 millones al Gobierno por la subida de la tasa que financia la gestión de residuos nucleares y el desmantelamiento de las centrales

Endesa ha presentado una reclamación patrimonial por valor de 454 millones de euros ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa). La eléctrica considera que la subida de la llamada tasa Enresa, aprobada por el Gobierno a finales de 2023, le ha ocasionado importantes daños económicos. La tasa está destinada a costear la gestión de los residuos nucleares y el desmantelamiento de las centrales en España.

Hace un año, el Ejecutivo decidió incrementar un 30% esa prestación patrimonial, que pasó de 7,98 a 10,36 euros por cada megavatio hora (MWh) producido en las instalaciones nucleares. El ajuste busca cubrir los costes calculados en el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos, que marca la gestión de los residuos radioactivos.

La reclamación de Endesa está ya en manos de los servicios jurídicos del Estado, que analizarán su contenido antes de emitir un informe. Si la Administración rechaza la petición, como suele ocurrir en este tipo de litigios, la compañía puede llevar el caso a los tribunales, una vía habitual entre las eléctricas que gestionan las centrales nucleares. Según ha adelantado el diario El País, esta reclamación dará lugar a la elaboración de un informe del Consejo de Estado.

El sector nuclear recurre la subida y plantea revisar el calendario de cierre

Pero Endesa no ha sido la única empresa que ha recurrido el aumento de la tasa en los últimos meses. En febrero, Iberdrola interpuso una demanda contra Enresa por la misma cuestión, reclamando 324 millones de euros. Ambas empresas alegan que, al firmarse en 2019 el protocolo para el cierre ordenado de las nucleares, se acordó un incremento máximo del 20% sobre la tarifa entonces vigente, nunca superior a los 7,98 euros por MWh.

Este debate se entrelaza con la discusión sobre el futuro del parque nuclear español. En junio, Endesa e Iberdrola presentaron al Ministerio una propuesta conjunta para estudiar la ampliación de la vida útil de las centrales, especialmente de la central de Almaraz en Extremadura. Las eléctricas planteaban que el cierre del primer grupo, previsto para 2027, y del segundo, para 2028, podría retrasarse hasta 2030, manteniendo el calendario de clausura total en 2035.

La propuesta, firmada solo por estas dos empresas, no cuenta con el apoyo de Naturgy ni de EDP España, también propietarias de varias centrales del país. El sistema de propiedad compartida de las nucleares exige la unanimidad de los socios para realizar cambios importantes. En este caso, Iberdrola controla el 52,7% del capital de Almaraz, Endesa el 36% y Naturgy el 11,3%.

El Gobierno condiciona el alargamiento nuclear y la industria reclama aliviar la presión fiscal

El ministerio liderado por Sara Aagesen ha calificado la última propuesta de Endesa e Iberdrola como una mera declaración de intenciones. La Administración sostiene que la extensión de la vida de las nucleares solo se aceptará si se cumplen tres condiciones: garantizar la seguridad de los ciudadanos, asegurar el suministro eléctrico y evitar costes adicionales para los consumidores. En mayo, Pedro Sánchez reiteró desde el Congreso que los posibles sobrecostes deben ser asumidos por las eléctricas y no por el contribuyente.

Para las operadoras, uno de los principales obstáculos es la elevada presión fiscal que soportan las nucleares en España. Un análisis realizado por EY, que compara la carga tributaria en siete países europeos, indica que España es el único Estado con impuestos y ecotasas autonómicas específicos sobre la producción de combustible nuclear y residuos radiactivos. Estos gravámenes suponen 9,2 euros adicionales por MWh, a los que se suman otros costes regulatorios y de financiación de Enresa, hasta alcanzar los 27,3 euros/MWh brutos (28,6 euros/MWh netos).

El sector considera que esta estructura fiscal merma su rentabilidad y complica cualquier posible ampliación de funcionamiento de las plantas. Aunque las eléctricas han mostrado su disposición a estudiar una prórroga para Almaraz hasta 2030, también exigen replantear el sistema impositivo y revisar todas las partidas de costes que afectan al negocio nuclear en España.

*Con información de Europa Press.