El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha presentado una denuncia formal ante la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para alertar sobre la situación que, según explican, afecta de manera generalizada a los efectivos de la Policía Nacional en todo el país. La organización señala que miles de agentes deben adelantar importantes sumas de dinero para poder realizar sus servicios, debido al retraso y, en muchos casos, al impago de las dietas correspondientes.
Según la denuncia, los policías están siendo obligados sistemáticamente a cubrir de su propio bolsillo los gastos de manutención y alojamiento durante sus comisiones de servicio, una práctica que el SUP considera contraria al artículo 19 del Real Decreto 462/2002. En algunos casos, los agentes deben adelantar hasta 3.000 euros por persona para poder cumplir con sus funciones, denuncian desde la organización.
La cuantía asignada oficialmente a estas dietas no ha variado desde 2005: 28,21 euros por manutención -desayuno, comida y cena- y 48,92 euros por alojamiento, según ha detallado el secretario nacional de Prevención de Riesgos Laborales del SUP, Carlos Prieto. De acuerdo con los cálculos del sindicato, el poder adquisitivo de estas cantidades ha caído un 51,8% si se tiene en cuenta el IPC acumulado desde entonces, lo que coloca a los agentes en una posición de desventaja económica aún más acentuada por la inflación de los últimos años.
Problemas más allá de lo económico
El SUP subraya que esta situación no solo afecta al bolsillo de los policías, sino también a su salud física y mental. En el escrito remitido a la Inspección de Trabajo se hace una detallada exposición de los riesgos psicosociales asociados a este problema. El estrés económico al que se ven sometidos, aseguran, puede derivar en trastornos gastrointestinales, cefaleas tensionales, hipertensión arterial, dolencias musculoesqueléticas y alteraciones del sistema inmunológico.
En el plano psicológico, los efectos descritos incluyen deterioro del estado de ánimo, pérdida de autoestima y un menor rendimiento en el trabajo. El SUP añade que también se están deteriorando las relaciones laborales y personales, generando conflictos familiares por la gestión económica, estrés parental por la imposibilidad de hacer frente a los gastos domésticos, aislamiento social y transmisión del estrés a los hijos u otros miembros del núcleo familiar.
Además de la denuncia ante la Inspección de Trabajo, el sindicato ha tomado otras medidas para dar visibilidad a esta situación. La secretaria general del SUP, Mónica Gracía, ha remitido un escrito al Ministerio de Hacienda solicitando la liberación de las partidas presupuestarias necesarias para actualizar las dietas. De igual manera, se ha dirigido al Defensor del Pueblo y a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para pedir su amparo frente a unas condiciones laborales que califican de precarias, especialmente durante el periodo estival, cuando se incrementan las necesidades de desplazamiento y refuerzo policial.
El SUP advierte que, si esta situación no se corrige en el corto plazo, podrían adoptar medidas legales adicionales de manera inminente. El sindicato considera que el Ministerio del Interior ha incurrido en una vulneración de la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales, al no evaluar ni prevenir adecuadamente los efectos de esta política sobre la salud de los funcionarios.
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