Las claves que mandan a Santos Cerdán a prisión: era el encargado de “percibir las mordidas” y “el botín”, y puede destruir pruebas

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha argumentado en un auto de 22 páginas los motivos por los que ha declarado el ingreso en prisión provisional sin fianza de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. Siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, Cerdán será ingresado en el módulo 5 de la cárcel de Soto del Real tras declarar este lunes en el Supremo y ser acusado de tráfico de influencias, cohecho e integración en organización criminal. Un auto duro que señala que Cerdán tenía una posición preeminente en esa supuesta organización.

El Supremo indica que Cerdán, “siempre en los términos indiciarios”, era en la organización “la persona encargada de percibir los premios económicos, comisiones o ‘mordidas’ a cambio de los cuales se otorgaban las indebidas adjudicaciones” que la UCO de la Guardia Civil está investigando. Y es que al magistrado Puente le resulta “elocuente” que los dos protagonistas de la trama (el ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García) no reclamaran las mordidas “a las constructoras indebidamente favorecidas”. Al contrario, “las reclamaban inequívocamente al señor Cerdán León”.

Claves para que Cerdán haya acabado en prisión son los audios que Koldo García grabó en secreto durante años y que la UCO encontró en los registros que hizo y que plasmó en un demoledor informe conocido hace dos semanas, informe que conllevó la dimisión de Cerdán de todos sus cargos públicos y orgánicos dentro del PSOE. En uno de esos audios, el Supremo recuerda que Cerdán “se comprometía con el señor García Izaguirre a reclamar la totalidad de lo que les era debido”.

“Así las cosas, los consistentes indicios de criminalidad obrantes en las actuaciones apuntan en la dirección de que era, precisamente, el Sr. Cerdán León quien se encargaba de reclamar a las constructoras indebidamente favorecidas las cantidades adeudadas, las recaudaba y las hacía llegar después a los Sres. Ábalos y García. En este sentido, mantendría con estos últimos una relación vertical, de cierta preeminencia, siendo el encargado en la organización de distribuir entre sus miembros los ilícitos frutos obtenidos con la posible comisión de los hechos delictivos que a todos ellos se atribuyen".

Solo ha respondido a su abogado

Cerdán, que solo ha respondido este lunes a las preguntas de su abogado, no ha convencido a nadie. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha indicado que los “indicios de delitos son evidentes”, tanto de la participación de Cerdán como de su papel como “líder de la organización que habría puesto en marcha en Navarra y que luego continuó en Madrid”. Y eso que Cerdán ha señalado que es víctima de “una cacería política”, ha negado cobrar ningún tipo de mordida y ha aventurado que los audios de Koldo pueden estar manipulados.

El magistrado Puente habla de la posición “vertical” de Cerdán en la organización que se gestó en el Ministerio de Transportes. Pero también justifica su decisión de enviarlo a prisión por “lo embrionario de la investigación respecto a don Santos Cerdán, lo que determina la existencia de un riesgo mucho mayor en su caso de ocultar, alterar o destruir pruebas relevantes”. Una decisión un poco controvertida, teniendo en cuenta que ya han pasado dos semanas desde que se conoció la implicación de Cerdán en la trama, tiempo suficiente para destruir esas pruebas.

El magistrado, no obstante, incide que está “justificado” que Cerdán “pudiera ser la persona que hacía llegar a los anteriores [Ábalos y García] sus ilícitos beneficios, sino que era también quien interactuaba con las empresas favorecidas por la adjudicación, comprometiéndose a reclamar los pagos debidos cuyo concreto mecanismo, hasta este momento desconocido, él no podía ignorar”. El auto judicial también revela que “conviene no perder de vista tampoco que el total de las obras adjudicadas a la mercantil Acciona Construcción, en el marco de las licitadas a través de organismos dependientes del Ministerio de Trabajo, importaba una suma muy próxima a los quinientos cincuenta millones de euros (concretamente, 537.271.005 de euros). Y que ”el botín indiciariamente obtenido por (en el entorno de un millón de euros) representa un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas".

Para los investigadores, “el premio económico por la indebida adjudicación de las obras hubiera constituido, por hipótesis, un uno por ciento del valor de las adjudicaciones (porcentaje aún muy contenido en términos comparativos con otras operaciones semejantes), dicho premio equivaldría a una cantidad superior a los cinco millones de euros, varias veces mayor que la parte que indiciariamente correspondía a los Sres Ábalos y García”. Esto refuerza la idea de que “más personas, físicas o jurídicas, pudieran haberse lucrado con las tan mencionadas adjudicaciones”. Y ahí entra Cerdán. “En el contexto descrito, solo la persona que, según parece resultar, se encargaba de realizar las gestiones oportunas con los pagadores, estaría en la mejor disposición para conocer también este último extremo, en el caso de que así hubiera tenido lugar, y correlativamente de ocultar, alterar o hacer desaparecer las pruebas que pudieran existir al respecto, así como acerca del modo en que se articulaban los ilícitos pagos”.