
Ha muerto José Luis Aneri. Pocos se acordarán hoy de él. Pero hace años acaparaba noticias en los medios de comunicación y espacios en las tertulias televisivas, cuando la Policía Nacional le detuvo como el cabecilla de la trama que defraudó en torno a 15 millones de euros en los cursos de formación que impartía la Comunidad de Madrid. El caso sigue enterrado en la lenta maquinaria de la Justicia, que empezó a instruirlo a finales de 2013 y que, 15 años después, sigue sin cerrarse.
Según ha podido saber Infobae España, Aneri, de 45 años, falleció hace unas semanas en su casa. No ha trascendido la causa. La muerte de Aneri supone un nuevo obstáculo en un caso que se prolongaba ya demasiado en el tiempo en el juzgado de instrucción número 9 de Madrid, aunque según ha podido confirmar este diario, la Fiscalía Anticorrupción ya había presentado su escrito de acusaciones hace semanas. Ahora, el ministerio público tendrá que modificar ahora este documento: ya no podrá acusar al principal protagonista de la trama, que incluso dio nombre al caso.
José Luis Aneri fue un empresario cordobés que se asoció en Madrid con Alfonso Tezanos (expresidente de la comisión de formación de la patronal madrileña, que sigue investigado a día de hoy). Aneri creó empresas de riesgos laborales y luego de formación, captando como clientes a las asociaciones empresariales para que sus afiliados impartieran cursos ‘online’. La Policía le detuvo en febrero de 2014, con indicios suficientes de que llevaba años quedándose con el dinero de las ayudas públicas por unos cursos que no impartía. Los alumnos también eran de pega. Se sospecha que se inventó unos 15.000. Replicaba alumnos falsos con listados de nombres y DNI que conseguía de asociaciones, de boletines oficiales y hasta de listas de afiliados del PP.

Durante la instrucción también fueron imputados responsables de formación de la Comunidad de Madrid: Vicente Ferreras Carpintero, que fue jefe de área de Formación Continua del Gobierno regional bajo los mandatos de Esperanza Aguirre e Ignacio González; y Valentín Bote Álvarez-Carrasco, ex director general de Estrategia y Fomento del Empleo en la Consejería de Economía. La investigación también se llevó por delante a Patricia Herrero García-Ramal, entonces directora general de Formación de la Consejería de Empleo entre abril de 2012 y julio de 2015.
Imputados varios empresarios
También han sido investigadas varias asociaciones profesionales, que se unieron en una plataforma para defender sus intereses. Aseguran que la Comunidad fue negligente a la hora de controlar los cursos de formación y que hubo connivencia con el dúo que formaban los empresarios Aneri y Tezanos. Aunque fue una de estas asociaciones quien presentó ante la Policía la primera denuncia el 17 de diciembre de 2013, la justicia también imputó a la mayoría de los presidentes de los colectivos empresariales porque Aneri declaró que pagaba mordidas a los empresarios, quedándose con parte del dinero de las ayudas públicas por unos cursos online que no se impartían. El presunto fraude asciende a unos 15 millones de euros: 4,4 millones de fondos autonómicos y 11 millones estatales. El caso fue tan escandaloso que se creó una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.
Uno de los abogados que defiende a algunos investigados critica la lentitud del caso. “Primero, porque el juzgado de instrucción número 9 de Madrid ha cambiado muchas veces de titular. Segundo, porque Aneri encendió el ventilador para meter a mucha gente y pactar así con la Fiscalía. Metió a empresarios, que aquí son víctimas. Y la Fiscalía tragó. Y luego metieron a los responsables de formación de la Comunidad. El caso se convirtió en un monstruo y se ha eternizado. Ahora nos hemos enterado de la muerte de Aneri, que el juez ha ocultado al fiscal. Todo un esperpento", señala.
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