Jose Luis Ábalos declaró este lunes ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente por la trama conocida como el caso Koldo, aunque está por ver si pasará a denominarse caso Cerdán. El exministro de Transportes ya aseguró la semana pasada, en una entrevista con Cadena Ser, sentirse utilizado por Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE, y aseguró que su papel en todo este escándalo fue instrumental y que tanto Cerdán como Koldo García, su exasesor, habrían aprovechado su figura política para acciones ajenas a su conocimiento. El magistrado tratar ahora de averiguar si eso es así o no. De momento, ve “sólidos indicios de criminalidad” que apuntan tanto a Ábalos como a Koldo.
El exasesor se acogió a su derecho a no declarar y Ábalos lo hizo para afirmar que ni su voz ni el contenido de las grabaciones a las que la UCO tuvo acceso coinciden con él. Asegura que son “inteligibles” y que no reconoce su comportamiento ni forma de expresarse en ellas. El juez rechazó la petición de imponerle prisión sin fianza, pero se mantienen las medidas cautelares ya vigentes sobre Ábalos y Koldo, en consonancia con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción.
En concreto, el juez instructor del Tribunal Supremo ha identificado hasta siete indicios concretos que vinculan al exministro con una presunta trama de corrupción relacionada con adjudicaciones públicas durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). Así consta en el auto dictado el 23 de junio de 2025 por el magistrado Leopoldo Puente, en el que sostiene que hay elementos suficientes, aunque todavía en fase indiciaria, para investigar a Ábalos por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Veámos cuáles son.
1. Adjudicación dirigida a una empresa vinculada a Aldama
El primer indicio hace referencia al modo en que la empresa Soluciones de Gestión y Ayuda a las Empresas, S.L. logró hacerse con contratos públicos durante la pandemia. Según el juez, el empresario Víctor de Aldama, también investigado, habría accedido a información reservada sobre necesidades urgentes de contratación gracias a su relación con Ábalos y con su asesor, Koldo García . Esa ventaja le habría permitido formular ofertas ajustadas para obtener adjudicaciones en favor de dicha empresa.
2. Gestión opaca de los contratos por parte de Koldo
El segundo indicio señala que Koldo García, asesor de Ábalos, no solo intervino en la tramitación de los contratos públicos, sino que además habría participado en operaciones destinadas a ocultar los pagos recibidos. El juez apunta que el propio Ábalos pudo haber intervenido en estas acciones, valiéndose de su posición institucional y, eventualmente, obteniendo beneficios económicos ilícitos derivados de las adjudicaciones gestionadas por su colaborador.
3. Alquiler de una vivienda para la pareja sentimental del exministro
En tercer lugar, la resolución judicial detalla que la pareja sentimental de Ábalos, Jéssica Rodríguez, residía en un piso de lujo en Madrid, cuyo alquiler fue sufragado inicialmente por un socio de Aldama (identificado como el señor Escolano) y, más adelante, por el propio asesor ministerial. El juez indica que este beneficio pudo haber sido una contraprestación en especie vinculada a los contratos públicos gestionados desde el ministerio.
4. Alquiler con opción a compra de un chalet en la costa
El cuarto indicio está relacionado con un inmueble en la costa andaluza. Según el auto, Ábalos habría arrendado un chalet con opción a compra, inmueble que fue previamente adquirido por una empresa vinculada a Aldama, supuestamente por sugerencia del propio empresario, con el propósito de ofrecérselo al exministro. El contrato se habría materializado bajo condiciones ventajosas para Ábalos.
5. Piso en la Castellana a precio inferior al de mercado
El quinto elemento apunta al contrato de alquiler —también con opción a compra— de un piso de 250 metros cuadrados ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid. El precio pactado era de 750.000 euros, cifra que el magistrado califica de “aparentemente muy inferior al de mercado”. La propiedad pertenece a Aldama, lo que refuerza la sospecha de una posible compensación irregular hacia el exministro.
6. Estancia veraniega en Marbella costeada por una empresa
El sexto indicio hace referencia a un alquiler vacacional en un chalet de Marbella. Según el auto, este fue pagado por una empresa tercera y aparece vinculado a la publicación de una nota de prensa favorable al contratista desde el propio ministerio que dirigía Ábalos. El juez interpreta este hecho como una posible contraprestación irregular en el marco de las relaciones institucionales del ministerio.
No obstante, Ábalos negó cualquier correlación entre el alquiler de este chalet en y la publicación de notas desde su ministerio, que podrían interpretarse como pagos en especie.
7. Adjudicación indebida de obras públicas a cambio de beneficios económicos
El séptimo indicio se fundamenta en un informe policial fechado el 5 de junio de 2025. En él se detallan supuestas adjudicaciones de obras públicas realizadas de forma indebida y previamente concertadas con terceras personas. Tanto Ábalos como su asesor podrían haber obtenido beneficios económicos de estas operaciones. Las obras en cuestión están debidamente identificadas en el sumario, aunque no se especifican en el auto los detalles de cada contrato.
En su declaración, Ábalos rechazó haber participado en cobros ilegales o beneficios indebidos a cambio de contratos y aseguró no haber recibido comisiones ni ningún pago por adjudicaciones públicas
Tres delitos posibles
A partir de estos indicios, el juez considera que los hechos podrían encuadrarse —provisionalmente— en tres figuras delictivas del Código Penal: integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
Al ser interrogado sobre su implicación en procesos de licitación, respondió que su rol se limitaba a avalar informes técnicos y no a intervenir en las decisiones; se declaró “gran desconocedor” de procedimientos administrativos
Ábalos sostuvo que no había sido capaz de preparar su defensa más allá de una revisión superficial de cerca de 500 páginas de documentos de la UCO y algunos fragmentos de audio. También admitió sentirse emocionalmente afectado por el caso y por las filtraciones de datos de su vida personal.
El magistrado Leopoldo Puente frenó sus objeciones, recordándole que el material presentado es parte del sumario y que su reproducción corresponde solo a quien ha activado la grabación, según informó El País. En este sentido, Ábalos insistió en que no recordaba haber discutido esos asuntos ni se reconocía en los audios, y defendió que no tenía capacidad para influenciar licitaciones
Finalmente, expresó su disposición a colaborar con la justicia, aunque cuestionó la “repercusión mediática” del caso y lamentó la filtración de material sensible. La Fiscalía no solicitó prisión para él, quienes sí pedían medidas cautelares — retirada de pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias quincenales — fueron rechazadas por el juez, que las considera suficientes
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