La OCDE señala en su último informe, publicado este jueves, que España forma parte de un reducido grupo de cinco países desarrollados que aún no disponen de una estrategia global para prevenir y combatir la corrupción. Junto a España, comparten esta situación Canadá, Islandia y Noruega, como ha adelantado El Español.
“El comportamiento poco ético por parte de funcionarios electos y funcionarios públicos”, señala el documento, “puede manifestarse de diversas formas, como influencias indebidas, corrupción, soborno, malversación y favoritismo”.
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Según el análisis de la OCDE, estas prácticas contribuyen al deterioro de la gobernanza democrática y provocan “políticas ineficaces, recursos desviados o desperdiciados y peores resultados” en la prestación de servicios públicos.
El informe detecta un “escepticismo generalizado sobre la integridad de los funcionarios electos” entre la ciudadanía de los países que conforman la organización. Además, se advierte de una preocupación creciente ante el riesgo de que estos puedan estar sujetos a presiones o influencias indebidas.
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En términos generales, dentro de los países miembros, casi uno de cada dos ciudadanos (49%) considera probable que un alto cargo político conceda un favor a cambio de asegurarse un puesto bien remunerado en el sector privado. Solo el 31% cree improbable que esto suceda.
Asimismo, únicamente el 36% de los participantes en la encuesta cree que los funcionarios no electos rechazarían un soborno a cambio de acelerar el acceso a un servicio público.
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Noruega (56%), Finlandia (54%) y Dinamarca (52%) lideran el ranking de confianza ciudadana en la integridad de sus funcionarios públicos. Desde 2021, los países donde más ha crecido esa confianza han sido México, que ha pasado del 18% al 27%, y Finlandia, que ha subido del 46% al 54%.
Ya en su evaluación de 2017, la OCDE instaba a sus Estados miembros a diseñar una estrategia nacional para gestionar los riesgos de integridad en la administración pública, con especial atención a la prevención de la corrupción.
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Sin embargo, España sigue sin implementar dicho plan, tal y como vuelve a subrayar ahora la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en su diagnóstico sobre la gestión pública.
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