Lo que parecía ser el final de un prolongado capítulo en la historia de la familia real griega podría estar lejos de resolverse. A finales de diciembre de 2024, el Estado griego concedía formalmente la ciudadanía a diez miembros de la extinta monarquía helena, entre ellos los cinco hijos del fallecido Constantino II y cinco de sus nietos. Sin embargo, una reciente denuncia ha puesto en tela de juicio tanto la legalidad de este acto como el uso del apellido “De Grecia”, reabriendo así un debate que parecía zanjado hace medio siglo, tras el referéndum que abolió la monarquía.
El epicentro de la polémica es una solicitud presentada por el profesor Panagiotis Lazaratos, catedrático de Derecho en la Universidad Nacional de Atenas, ante el Consejo de Estado. El académico ha solicitado la anulación de la resolución del Ministerio del Interior que devolvía la nacionalidad a la familia del rey Constantino, argumentando que el uso del apellido “De Grecia” contradice la Constitución del país, que prohíbe expresamente los títulos nobiliarios y toda alusión a privilegios de clase. Según el jurista, ese apellido no puede considerarse neutro o meramente descriptivo, sino que proyecta una imagen de jerarquía y trato preferente.
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Lazaratos, en su alegato, apeló a la llamada “teoría de la impresión”, según la cual el mero uso de ciertos términos puede generar en la sociedad una percepción de desigualdad o favoritismo institucionalizado. Apoyó su planteamiento con fallos recientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Supremo Administrativo austríaco, que han dado pasos en la misma dirección, eliminando títulos vinculados a casas reales históricas.
La denuncia no solo pide revocar la ciudadanía concedida en diciembre a Pablo, Alexia, Nicolás, Teodora y Philippos, así como a los cinco hijos de Pablo y Marie-Chantal Miller, sino también anular su registro en el censo municipal de Atenas. Este trámite fue realizado tras la obtención del pasaporte griego, y supuso la formalización administrativa del regreso de la familia al marco legal del país.
Desde el entorno del gobierno griego, la respuesta ha sido firme. La representante legal del Ministerio del Interior ha cuestionado la legitimidad del denunciante, alegando que no existe un interés personal ni directo en el asunto, y calificando el recurso como un intento de avivar un debate social superado. Según fuentes jurídicas, el Consejo de Estado no emitirá un fallo hasta finales de junio, aunque las probabilidades de que prospere la demanda parecen escasas.
Por su parte, la familia ha negado que el apellido “De Grecia” represente un título. Señalan que no emplean distinciones nobiliarias, y que el uso del término responde a una identificación geográfica. Añaden que esta fórmula ya fue adoptada anteriormente por otros miembros de la familia, como Miguel de Grecia en 2004, sin consecuencias legales.
Seis meses de alegría
La recuperación de la ciudadanía en diciembre fue recibida con entusiasmo por la familia. En un comunicado, expresaron su “profunda emoción” por cerrar una herida que arrastraban desde 1994, cuando fueron despojados de su nacionalidad por ley. A pesar de haber respetado los resultados del referéndum que abolió la monarquía en 1974, consideraban injusta aquella privación. Constantino II, que falleció en 2023, vivió su exilio entre Londres y otras capitales europeas hasta su regreso a Grecia en 2013.
El proceso de restitución obligó a los descendientes del exmonarca a adoptar el apellido “de Grece” (en francés) y a renunciar explícitamente a cualquier reivindicación monárquica. Pablo de Grecia, el primogénito, ha manifestado en varias ocasiones su deseo de residir de manera estable en Atenas, un objetivo que podría complicarse si prospera la revocación de la ciudadanía.
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