Aumentan un 14% los incidentes de odio en la Comunidad de Madrid contra el colectivo LGTBI+

Pese a los avances sociales y legislativos, los delitos de odio contra el colectivo LGTBI+ van en aumento. Así lo recoge el informe anual del Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia de 2024 que ha publicado este miércoles la asociación Arcópoli, en el que se documentan 239 incidentes de odio en la región, lo que supone un 14% más de los registrados en 2023, que fueron 209, si bien la entidad advierte que el problema es aún mayor, porque estos datos solo reflejan los casos que han sido reportados.

Del total de esos 239 incidentes, el 68,2% de los casos ocurrieron en la capital, seguida de Parla (4%) y Fuenlabrada (1,26%). El distrito centro de Madrid concentra el mayor número de ellos (22,7% del total de la ciudad), mientras que la vía pública sigue siendo el principal escenario donde ocurren (21,3%), además de la vivienda habitual (20,9%), Internet (19,6%), hostelería y ocio (8,7%), entorno laboral (7,5%) y transporte público (4,6%). El concepto de vivienda habitual, aclara la asociación, incluye pisos compartidos, hogares familiares, recursos residenciales, plazas de acogida o albergues, y no necesariamente el domicilio familiar.

“Que una persona experimente LGTBIfobia en su propio lugar de residencia, sea cual sea, es especialmente grave. Nos habla de un tipo de violencia que invade el espacio más íntimo y supuestamente seguro”, señala Luis Fernando Rosales, coordinador general de Arcópoli. La asociación también ha recordado que la presentación de este informe estaba prevista para el 22 de mayo, pero tuvo que suspenderse debido a las “limitaciones y presiones por parte del Gobierno regional” que lidera Isabel Díaz Ayuso, después de que su Ejecutivo “exigiera la eliminación de todos los contenidos relacionados con las modificaciones legislativas de las Leyes 2/2016 y 3/2016, relativas a los derechos de las personas LGTBI+ y trans”.

En ese sentido, Rosales ha indicado que “las reformas legislativas de las leyes LGTBI+ y trans formaban parte esencial del análisis del informe y no incluirlas distorsiona el panorama y silencia un contexto político que influye directamente en la vida y seguridad del colectivo”.

La agresión verbal es la más frecuente y los jóvenes son los más afectados

El informe también revela que la agresión verbal constituye el tipo de incidente más frecuente (33%), seguida de la agresión física (14,6%), discurso de odio (5,8%), daños a la propiedad (5,4%) y amenazas (4,6%). El acoso y la discriminación aparecen en ámbitos como la vivienda, el trabajo, las redes sociales y el entorno familiar y también se identifican casos de mala praxis educativa y policial, así como denegación de servicios públicos y privados.

En cuanto al perfil de las víctimas, el grupo más afectado corresponde a personas jóvenes de 18 a 30 años (18,%) y de 31 a 40 años (16%). Los hombres cisgénero representan el 55,3% de las víctimas, seguidos de mujeres trans (17,05%), mujeres cis (10,6%), hombres trans (4%) y personas no binarias (2,3%). Respecto a la orientación sexual, el 46,5% de las víctimas se identifican como gays, el 9,2% como lesbianas, y el 6% como bisexuales o heterosexuales.

Asimismo, el informe de Arcópoli indica que el 43,3% de las víctimas son de nacionalidad española, si bien también hay una amplia presencia de víctimas de origen peruano, colombiano, marroquí y venezolano.

Muchos delitos no se denuncian

Del total de casos, solo el 39% de los incidentes fueron denunciados ante las autoridades, principalmente ante la Policía Nacional y la Comisaría de Gestión de la Diversidad. El resto, añade el informe, o bien no fueron denunciados (15,7%), o se desconoce si se interpuso denuncia (40,7%). Arcópoli achaca esa infradenuncia en los delitos de odio al “miedo, la falta de confianza institucional, el estigma y la desinformación”

Por todo ello, el informe plantea la urgencia de implementar mecanismos accesibles y seguros para la denuncia, campañas de sensibilización, educación inclusiva y formación especializada para los cuerpos de seguridad y el sistema judicial. También destaca la importancia de mejorar la recopilación de datos y la atención a las víctimas en todos los ámbitos, incluidos el hogar, el trabajo, la escuela y el entorno digital.