La reciente concesión de 8.500 licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) a Cabify por parte de la Comunidad de Madrid ha reactivado un conflicto que parecía estancado en los juzgados desde hace tres años.
Cerca de 1.000 taxistas se movilizaron el pasado miércoles en el centro de Madrid, cortando el Paseo de la Castellana bajo el lema: “Aquí no cabe ni un solo VTC más”. Así, exigieron una respuesta institucional para frenar lo que consideran una “proliferación descontrolada” que podría colapsar el sistema de movilidad urbano.
Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), acusó a Cabify de basar su modelo en “la infracción sistemática” y denunció supuestas irregularidades en el proceso de obtención de licencias, incluyendo la utilización de empresas de alquiler y flotas de renting para sortear requisitos legales.
Taxistas que trabajan con Cabify
Desde Cabify, Javier García, director de Asuntos Corporativos, defendió que la colaboración y coexistencia con el sector del taxi son el camino hacia la mejora de la movilidad en Madrid.
La empresa sostiene que ya operan en su plataforma un tercio de los taxis madrileños y que las nuevas licencias representan “una gran oportunidad para la generación de empleo de calidad y un impulso económico para la región”, además de contribuir a reducir los tiempos de espera para los usuarios, especialmente en zonas menos conectadas.
Además, según sus cálculos, la protesta tuvo una participación reducida, con solo 203 taxis implicados, menos del 2% del total registrado.
El origen del conflicto
El origen de esta controversia se remonta a 2018, cuando Cabify solicitó estas licencias antes de la entrada en vigor de una norma que limitaba la proporción de VTC a una por cada 30 taxis.
Posteriores sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea anularon dicha restricción por considerarla contraria al derecho comunitario, obligando a la Comunidad de Madrid a conceder los permisos.
Sin embargo, la administración autonómica ha recurrido estas decisiones y ha impuesto a Cabify la exigencia de activar todas las licencias simultáneamente antes del 17 de junio, una condición que la empresa considera arbitraria y que dificulta su despliegue, que planeaba ser gradual.
Taxímetro frente a tarifas cerradas
El dilema también se traslada al ámbito tarifario. Un estudio del Mobility Institute, en colaboración con Freenow y Deloitte, revela que el 74% de los usuarios de taxi en Madrid critica el sistema basado en taxímetro, que dificulta conocer el precio final del viaje.
Prefieren tarifas cerradas o flexibles, valoradas con puntuaciones superiores a 8 sobre 10. Mientras, solo el 16% de los taxistas considera el precio un problema para sus clientes y el 80% cree que el sector está bien valorado, frente al 52% de los usuarios que comparte esa opinión.
El sector tradicional, en peligro
Actualmente, la capital cuenta con aproximadamente 15.931 taxis y 8.873 VTC. La incorporación de las nuevas licencias podría hacer que los VTC superen en número a los taxis, lo que genera inquietud en el sector tradicional.
Esto podría hacer que muchos vehículos estén vacíos gran parte del tiempo, dificultando la rentabilidad y afectando la calidad del servicio. Por su parte, la Comunidad de Madrid insiste en la necesidad de encontrar un equilibrio entre oferta y demanda para evitar un “detrimento económico” en el sector del taxi.
Del mismo modo, la patronal Unauto VTC también ha expresado preocupación por la masiva incorporación de nuevas licencias, calificándola de “inasumible para el ecosistema de movilidad madrileño”.
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