Aseguran que la exigencia del catalán como lengua obligatoria para los agentes amenaza la presencia de la Guardia Civil en Baleares

La asociación profesional de la Guardia Civil Jucil ha expresado su rechazo a la nueva medida impulsada por Sumar, socio minoritario del Gobierno, que plantea exigir que la atención al ciudadano por parte de los agentes en las Islas Baleares se realice en catalán. La organización considera que esta imposición lingüística compromete la operatividad del cuerpo y puede tener consecuencias graves para la presencia de la Guardia Civil en el archipiélago.

Según Jucil, los efectivos destinados actualmente en las islas ya cumplen con los requisitos establecidos por el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de la Guardia Civil. No obstante, la inclusión de sanciones por no atender en catalán, que, aseguran, podrían alcanzar hasta seis años de suspensión de empleo, supondría una presión innecesaria que desincentivaría a los agentes a solicitar destino en Baleares, según la asociación. Asimismo, desde Jucil temen que muchos de los destinados en la actualidad opten por solicitar el traslado ante la posibilidad de ser sancionados, algo que profundizaría la escasez de personal que ya afecta a la región.

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La organización recuerda que Baleares no es un destino atractivo para los miembros del cuerpo, debido al alto coste de vida en el archipiélago, un factor que, sostienen, no se compensa con las retribuciones actuales. Además, denuncian una falta estructural de reposición de plazas vacantes por jubilación o traslado, lo que afecta al funcionamiento de puestos clave. Uno de los más afectados, es el aeropuerto de Son Sant Joan en Palma, que recibe el mayor volumen de pasajeros en España durante la temporada estival y carece de los efectivos necesarios, incluidos oficiales y suboficiales, explican desde la organización.

Plazas sin cubrir

La asociación subraya que esta situación se da en un contexto de déficit crónico de personal. Solo en la escala básica de la Guardia Civil en las islas hay 376 vacantes sin cubrir: 241 en Mallorca, 90 en Ibiza, 43 en Menorca y 24 en Formentera. A estas cifras se suman las vacantes de mandos, que no están contabilizadas en ese recuento, lo que agrava aún más la carencia de personal en todos los niveles del cuerpo.

Además del impacto organizativo, Jucil alerta sobre el efecto que la falta de efectivos tiene en la seguridad ciudadana. Según datos de criminalidad del Ministerio del Interior correspondientes a 2024, las Islas Baleares registraron un aumento del 2,4% en el número de delitos, superando los 80.300, mientras que la media nacional descendió un 0,3%. Para la asociación, esta divergencia revela una necesidad urgente de reforzar la seguridad en el archipiélago, en lugar de introducir exigencias que pueden dificultar aún más la cobertura de plazas.

La asociación concluye que medidas como la imposición del catalán como lengua obligatoria para los agentes, unida a la amenaza de sanciones, “supondrían una amenaza y un paso más para la futura desaparición de la Benemérita” en las islas. La Guardia Civil cumple actualmente funciones clave en el archipiélago, que incluyen la vigilancia de costas, puertos y aeropuertos, el control de tráfico y carreteras, la protección de infraestructuras públicas y la atención a ciudadanos en zonas rurales y urbanas.