El príncipe Harry ha recibido un duro golpe en la que es una de sus batallas legales más importantes. El duque de Sussex ha perdido el recurso legal relacionado con los niveles de seguridad a los que él y su familia tienen derecho mientras se encuentren en el Reino Unido, un caso que le ha llevado a enfrentarse en los tribunales al Gobierno británico para exigir protección para él, su esposa y sus hijos.
El hijo menor de Carlos III intentó revocar un fallo que redujo su protección tras abandonar sus deberes como miembro activo de la familia real en 2020 y mudarse a Estados Unidos junto con Meghan Markle.
La disputa legal tuvo como eje el tratamiento por parte del Comité de Protección de la Realeza y Figuras Públicas (RAVEC, por sus siglas en inglés), que determinó que el príncipe Harry no debía tener automáticamente el mismo nivel de protección que otros miembros de alto rango de la realeza. Durante el proceso, los abogados de Harry argumentaron que fue “seleccionado” para recibir un trato desigual al evaluarse los riesgos que enfrenta. Sin embargo, el reciente fallo judicial confirma que no hubo irregularidades en cómo se tomó esta decisión.
Preocupación por su seguridad
Según el propio Harry explicó en varias ocasiones a lo largo de este proceso judicial, la preocupación por su seguridad ha sido uno de los principales factores que le han impedido regresar al Reino Unido con Meghan y sus hijos de manera habitual. Aunque el príncipe sigue recibiendo protección policial cuando está en territorio británico, esta no es automática y debe ser solicitada con antelación. Esto, según el duque, pone a su familia en una posición de riesgo potencial.
El más reciente fallo llega tras el intento del príncipe por obtener una revisión judicial que pondría bajo análisis las decisiones tomadas por el Tribunal Superior sobre su seguridad. Las autoridades concluyeron en su momento que, al no ser un miembro activo de la realeza ni residir en el Reino Unido, la protección personal de Harry debería evaluarse caso por caso dependiendo de las circunstancias de cada visita, una postura que mantiene el gobierno británico y que se mantendrá tras la sentencia.
Por su parte, la representación legal del príncipe ha declarado que RAVEC no reevaluaron correctamente las amenazas a las que él y su familia podrían estar expuestos tras su renuncia a los deberes reales en 2020 ni consideraron adecuadamente su cambio en la posición pública. Sin embargo, RAVEC determinó que, al tratarse de un visitante esporádico, su seguridad no debe ser equiparada con la de otros miembros en roles oficiales dentro de la familia real.
Este conflicto resurge en medio de tensiones prolongadas entre Harry y sectores del aparato gubernamental y mediático del Reino Unido, alimentadas por su decisión de abandonar el país y su rol como representante principal de la monarquía. Si bien el príncipe continúa insistiendo en que las medidas actuales de seguridad no son suficientes y sigue buscando mecanismos para garantizar mayor protección, este fallo reafirma la política gubernamental de tratar su caso como el de un ciudadano privado y no como el de otros miembros de la monarquía con responsabilidades oficiales activas.
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